Bienvenido, Mr. Scharfhausen. Sus compañeros de Gobierno no se lo ponen fácil

Semana de Año Nuevo. Nos hemos desayunado con la primera noticia energética del año y no es precisamente grata… Sobre todo porque evidencia cómo se están cocinando las cosas en el nuevo Ejecutivo, a través de los efectos secundarios o indeseados de sus primeras medidas. Incluso parece que podemos ver la reedición más o menos rediviva de las descoordinaciones en el seno del ejecutivo socialista anterior, derivadas de la ausencia de un modelo pensado de política económica o energética, que desemboca en la existencia de una categoría de colección de medidas muy poco estudiadas y precipitadamente incluidas bajo el envase de un Real Decreto Ley para la corrección del ‘déficit público’ que no resiste la prueba del nueve de la lectura detenida.

Así, para una muestra, un botón. Está visto que el Real Decreto Ley promulgado el pasado sábado es un decreto elaborado por hacendistas y está orientado para reducir el déficit público por la vía de la motosierra y trasladar partidas de unos lugares a otros, sin mucho sentido e, incluso, con temeridad. Obra, seguramente, de un encuentro en que probablemente un Ministro de Hacienda pueda interactuar con un Jefe de la Oficina Económica del Presidente, en un Ejecutivo que cuenta, en el fondo, con cuatro Ministros de Economía, en lugar de con una voz, un modelo y una política económica definida y una visión global.

En el plano energético, este decreto ha ‘trasladado’ 2.926 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado a la tarifa eléctrica, una cantidad que se corresponde con parte del coste de los denominados sistemas extrapeninsulares que ahora explicaremos en qué consisten y su razón de ser. Mientras, el mismo Ministro de Industria, Energía y Turismo estaba hablando de compartir los costes de las renovables entre los Presupuestos Generales del Estado y la tarifa eléctrica, ajeno a esta ficción contable que va en sentido contrario. Al también extrapeninsular José Manuel Soria no se lo ponen fácil.

Dichos 2.926 millones se corresponden con los extracostes que suponen los denominados subsistemas eléctricos extrapeninsulares (los cuales comprenden los de los dos archipiélagos, canario y balear, y las islas). En nuestro país, los servicios que reciben las islas de cualquier tipo (postales, transporte, telecomunicaciones…) incurren en unos costes añadidos por esta ubicación geográfica, que no se repercuten sobre los usuarios de dicho servicio, sino que son absorbidos por los Presupuestos Generales del Estado para garantizar la cohesión del Estado y de sus territorios.

En este sentido, es como si se determinara el coste de la prestación del servicio hasta Cádiz y se detrajeran estos costes de la factura del servicio para que fuera atendido por vía estatal. Esta era la tendencia en el caso de los sistemas eléctricos propios, habiéndose articulado un calendario de traspaso de los costes de los sistemas eléctricos a los Presupuestos Generales del Estado, que ahora se ve bruscamente interrumpido. El objetivo es que la mayor parte de estos extracostes (evidentes por otra parte) se atendieran en buena teoría de la Hacienda Pública por vía pública. Todo ello nos lleva a descubrir lo que ya sabíamos: que la tarifa eléctrica en manos de políticos (o hacendistas-políticos) puede ser un desastre desde el punto de vista económico y, seguramente, energético. Incluso con efectos para la cohesión territorial.

Por tanto, el déficit tarifario de 2012 ya empieza mal, por dos cuestiones. Primero, por la orden de tarifas eléctricas. Aunque el Gobierno y el Ministerio de Industria han logrado construir una serie de eufemismos en la nota de prensa difundida relativa a las tarifas eléctricas para el nuevo año para afirmar que la bajada del precio de la energía ha permitido una no subida de la electricidad, no se puede decir que el Ejecutivo haya dicho “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad” en palabras de su presidente. Además, también afirma dicha nota que, en dicha Orden, ya está compensado y absorbido el efecto de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la bajada de los peajes para evitar la subida de la electricidad ocurrido en octubre, en un ejercicio de prestidigitación semántica. Y, segundo, por este Real Decreto Ley, que incrementa los costes de la tarifa de una sola tacada en 3.000 millones, derivado del traslado de los costes de los sistemas extrapeninsulares que se recogían en los Presupuestos Generales del Estado y que pasan a la tarifa, cambiando déficit público por déficit tarifario.

Mientras, conocemos el nombramiento de Fernando Marti Scharfhausen como Secretario de Estado de Energía. El Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía aporta a este cargo su experiencia de casi nueve años en la Comisión Nacional de Energía. Y para empezar a hablar le han colocado una importante hipoteca adicional. Tendrá que emplearse a fondo. Bienvenido, nuevamente, Mr. Scharfhausen.