Venezuela deberá pagar a Exxon 908 millones dólares por activos que incautó

Según informó este domingo el diario «Wall Street Journal», la corte de arbitraje de Cámara de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, ha emitido un fallo vinculante en el proceso por el pago de los activos que el Estado venezolano incautó en 2007 a Exxon, tras la nacionalización del sector.

El portavoz de Exxon, Patrick McGinn, dijo en un correo electrónico al diario que la decisión «confirma que PDVSA sí tiene una obligación contractual con Exxon Mobil», y reveló el monto del veredicto, de exactamente 907.588.000 dólares.

La suma supone apenas una décima parte de los 10.000 millones de dólares que reclamó la firma al presentar su petición de arbitraje en 2007, y es muy inferior a los 6.000 millones de dólares que pedía en la actualidad Exxon, después de rebajar la cantidad.

Un analista del banco de inversión venezolano Caracas Capital Markets, Russ Dallen, consideró el dictamen «un lindo regalo de Navidad para (el presidente Hugo) Chávez y Venezuela». «El veredicto es mucho menos de lo que la gente pensaba. Ciertamente, significa un castigo muy ligero (para PDVSA)», opinó Dallen en declaraciones al rotativo.

No obstante, ambas partes esperan aún un dictamen en otra corte de arbitraje, el Centro Internacional de Arreglo de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, donde el Gobierno venezolano tiene una veintena de casos pendientes.

En 1997, Mobil (adquirida después por Exxon) y PDVSA acordaron una asociación estratégica para operar un área de la rica Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, la mayor reserva mundial de crudo con cerca de 300.000 millones de barriles recuperables.

El Gobierno de Chávez decidió en 2007 recuperar la soberanía sobre los recursos petroleros mediante la creación de empresas mixtas en las que PDVSA tiene siempre al menos el 60% de las acciones, pero ni Conoco ni Exxon aceptaron la fórmula.

Además de por los activos incautados, Exxon busca compensaciones por los aumentos de los impuestos a la extracción de crudo («regalías») que el Estado venezolano instauró en 2004.

El presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, aseguró en julio pasado que Venezuela pagaría a Exxon Mobil y Conoco-Phillips cuando se fijara «un monto razonable», acordado entre las partes o determinado por un organismo de arbitraje.

A mediados de septiembre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ratificó en un comunicado que no mantiene diálogos con Exxon Mobil, fuera de los procedimientos transcurridos y descritos por el arbitraje internacional.

«Tras el laudo emitido por el Tribunal de la CCI, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aclara que solo le corresponderá pagar unos 255 millones de dólares en un plazo de 60 días a la transnacional estadounidense Exxon Mobil», dice PDVSA en un comunicado difundido después de conocer la sentencia.

En el documento de la estatal venezolana se explica que a la cantidad de 908 millones de dólares hay que sustraer una serie de créditos reconocidos a PDVSA por el tribunal de la CCI, fallo que fue difundido este domingo por el diario «Wall Street Journal».

Entre estos créditos se encuentran 191 millones de dólares que Exxon Mobil debe a PDVSA por la cancelación que esta hizo del saldo pendiente de bonos por prestamos para la financiación del proyecto Cerro Negro, apunta el comunicado.

Asimismo, se descuentan 300 millones de dólares que Exxon Mobil solicitó congelar en cuentas de PDVSA en Nueva York durante las acciones legales que emprendió en el 2007, así como 160 millones de dólares de reconvenciones que el tribunal del CCI acredita a la petrolera venezolana al realizar el pago en los próximos 60 días.

Con este fallo, dice el comunicado difundido, «se ratifica que los montos reclamados al inicio del caso, de 12.000 millones de dólares, más intereses desde 2007, eran completamente exagerados y fuera de toda lógica». Además, el documento apunta que tras cuatro años de arbitraje, el monto real determinado por el Tribunal de la CCI representa «menos de la exorbitante suma inicialmente reclamada».

Señala, asimismo, que «si Exxon Mobil hubiese estado dispuesta a aceptar una compensación razonable, que el tribunal arbitral ha confirmado, no hubiese sido necesario un arbitraje».

Pese al fallo, ambas partes esperan aún un dictamen en otra corte de arbitraje, el Centro Internacional de Arreglo de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, donde el Gobierno venezolano tiene una veintena de casos pendientes.

«Si Exxon Mobil continúa con este segundo arbitraje y sus esfuerzos por conseguir una compensación exorbitante por la nacionalización -apunta el escrito- Venezuela dará todos los pasos necesarios para defenderse, tal como lo ha hecho PDVSA en este caso del arbitraje contra PDVSA ante la CCI».

En el escrito se aclara, además, que el Gobierno de Venezuela se mantiene dispuesto a compensar las inversiones realizadas por intereses privados tras las nacionalización de los «activos estratégicos para el interés del país, siempre y cuando estas compensaciones sean justas y razonables».