Garoña ve con optimismo la posibilidad de que el Gobierno revoque su cierre

En declaraciones a Efe, un portavoz de Nuclenor, sociedad participada al 50 % por las citadas eléctricas y dueña de la central de Santa María de Garoña (Burgos), explicó que antes de las elecciones el PP pidió información sobre la central a sus responsables.

Sin embargo, el nuevo ministro de Industria aún no se ha puesto en contacto con Nuclenor, según la misma fuente, que insistió en que la intención de los propietarios de Garoña es que ésta pueda seguir operando al menos hasta 2019.

«Estamos expectantes a que haya cambios», añadió el portavoz de Nuclenor, que aseguró que aún disponen de un margen de meses para que técnicamente se pueda revocar el cierre de la planta atómica burgalesa.

No obstante, la empresa continúa cumpliendo la orden de cierre vigente del Ministerio de Industria y trabaja con la vista puesta en 2013 -el año de cierre fijado por el anterior Ejecutivo-.

Para ajustarse a esta normativa la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) entregó al Ministerio de Industria a finales de diciembre el plan preliminar de desmantelamiento de la planta, señalaron fuentes del departamento y de la empresa pública.

La nueva orden que sustituya a la actual habrá de incorporar una prórroga de la autorización para seguir operando aunque, en primer lugar, el Ministerio de Industria debe pedir al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que le informe de cuál es la actual situación o estado de Garoña.

Soria aseguró este lunes que, si el CSN lo considera pertinente, tiene la «voluntad y la intención de revocar» la orden ministerial por la que se fijó en 2013 el cierre de la central de Garoña.

A su juicio, España no puede infrautilizar cinco años de producción de energía de la central, sino que debe aprovechar mejor el conjunto de los recursos energéticos de los que dispone.

La nuclear de Garoña se conectó a la red en 1971, tiene una potencia de 460 megawatios y es la más antigua de las que hay en funcionamiento en el país.

En 2009, el Gobierno socialista prorrogó el permiso por cuatro años y marcó el cese definitivo de su explotación el 6 de julio de 2013, aunque un informe del CSN le autorizaba a funcionar hasta 2019.