El sector de las renovables presenta al Gobierno una propuesta para evitar la retroactividad en las primas

El presidente de APPA, José María González Vélez, afirmó que, cuando la pasada semana el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, puso sobre la mesa de conversaciones la temida retroactividad (que supone rebajar la retribución que reciben las plantas ya en marcha) se les dieron 48 horas para presentar una propuesta alternativa, que será estudiada por este departamento. Por ello, APPA planteará su alternativa para intentar que no se reduzca la rentabilidad de unas inversiones que, cuando se acometieron, contaban con recibir unas ayudas determinadas.

Según el presidente de esta patronal, es injusto castigar al sector porque la normativa estuviera mal hecha. «Si se nos cambia un lado de la ecuación, con las inversiones ya hechas, se nos está engañando», dijo.

Criticó, en este sentido, la falta de valentía, la política cortoplacista y la falta de voluntad política del Ejecutivo, que siembra desconfianza y sólo se centra en reducir el déficit de tarifa.

A su juicio, de hecho, la tarifa eléctrica se ha utilizado durante años como arma de política económica. «Eso es lo que ha provocado que haya déficit de tarifa, no las renovables», añadió.

El sector auguró que, si finalmente la retroactividad sale adelante, la mayoría de los empresarios acudirá a los tribunales y se movilizará «a las puertas del Ministerio».

Además, defendió que incluso la Asociación Española de Banca se ha dirigido al Ministerio para dejar constancia de que no puede permitirse dicha retroactividad en los reembolsos de crédito, es decir, para posicionarse en contra de esa medida.

Según González Vélez, «si no se intoducen cambios regulatorios no se alcanzarán los objetivos comprometidos con Bruselas», que sitúan en el 22,7% el objetivo de renovables para 2020. Para APPA, el escenario óptimo situaría ese porcentaje en el 27,8% de cobertura de demanda, de tal modo que las renovables generarían el 54,3% de la electricidad, si los cambios normativos permiten el desarrollo de todo su potencial.

Esta modificación de la regulación supondría eliminar todas las barreras no económicas y desarrollar la generación distribuida, es decir, permitir a los particulares tener pequeñas instalaciones renovables para su propio consumo y vender la energía que no necesitan.

Además, para conseguir el objetivo, las tecnologías renovables deberían contar con una potencia instalada de 96.800 megavatios (MW) en 2020, muy por encima de los 69.844 MW previstos por el borrador del Plan de Acción de Energías Renovables (Paner) enviado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la Unión Europea.

Esta apuesta implicaría un ahorro de 500.000 millones de euros en importaciones de gas y petróleo en los próximos 25 años y evitaría un coste de emisiones de hasta 20.000 millones de euros, según sus datos. De este modo, se eludirían emisiones de 100 millones de toneladas equivalentes de CO2 al año.

Sin embargo, según la asociación, si la normativa no se modifica de forma sustancial, las renovables sólo cubrirán el 18,1 por ciento de la energía final en 2020, por lo que no se cumpliría el 20 por ciento exigido por la Unión Europea.

APPA también ha estudiado un tercer escenario, resultado del cumplimiento de los objetivos marcados por Industria en el Plan de Acción, que sí alcanzaría el compromiso acordado con la Unión Europea.

En este caso, las renovables cubrirían el 23,4 por ciento de la energía final y el 43,4 por ciento de la electricidad, aunque para ello sería necesario un nuevo marco regulatorio «estable y predecible».

En el mix de renovables, APPA apuesta por que todas las tecnologías tengan cabida. De hecho, augura un desarrollo especialmente fuerte para la minieólica y, sobre todo, la solar fotovoltaica en los próximos años. González Vélez abogó, así, por no dar «protagonismo exclusivo» a las tecnologías que ya son retables (como la eólica), ya que las demás han de recorrer su curva de aprendizaje.