Este fin de semana los periódicos y suplementos económicos dedicaban parte de sus páginas, cuando no sus titulares y reportajes principales, al Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética. Dichos artículos seguían dos trayectorias principalmente.

La primera consiste en tratar sobre quién ha perdido menos o, mejor dicho, quién ha ganado más con la propuesta, en la medida en que se ha tratado de dibujar por parte del Gobierno el resultado de la misma como una lucha de intereses entre subsectores energéticos, en lugar de contar con una política energética eficiente para conseguir un suministro eficiente, sostenible, empresarial, de mercado y competitivo en lo económico y en lo medioambiental. Todo en nuestro país, supuestamente, es la resultante de un contubernio de intereses y, por tanto, las facciones se ponen la bufanda del hincha de un signo u otro, y la política o bien se lava las manos o se las mete.

La trampa para los medios de comunicación, acostumbrados a buscar los ventajistas o la dialéctica de los lobbys patrios, está servida, por tanto, para atizar las polémicas. En ese sentido, esgrimían declaraciones de los cercanos al Gobierno que señalaban su satisfacción por haber «perjudicado a todos», como prueba del algodón de que el Anteproyecto de Ley es supuestamente bueno y no una chapuza de enormes costes e imprevisibles consecuencias, habiendo ejercido de árbitros de intereses, más que de responsables de una parte de la política energética inserta en una política económica y un modelo de mercado. Pero hay temas que no se pueden comprender en términos de beneficiados y perjudicados de forma aritmética. Este, por lo menos, no es el caso, como ya se está comprobando y como veremos en próximas semanas. En todo caso, el desprestigio del eufemismo del título del anteproyecto tanto en términos económicos como medioambientales, con la lectura de varios artículos, es más que patente en el universo mundo.

Cosa que no es esencial y exactamente cierta. Un ejemplo. Como reconocía Santiago Carcar en El País, las empresas eléctricas no habrían sufrido especialmente en bolsa esta semana una vez conocido el anteproyecto de ley en la medida en que podían haber descontado escenarios peores. Pero, lo que sí es cierto es que las empresas renovables con tecnologías más primadas han tenido importantes subidas durante la semana, al haber tenido un escenario mejor y mejorado. La presentación más o menos orientada de la información requiere siempre de contrapesos y de ponderación para no perder de vista la realidad o la objetividad.

El segundo argumento constante en los medios es la capacidad o no de traslación a los consumidores de los nuevos impuestos creados con la propuesta de reforma, en el bien entendido que supuestamente dichos tributos irán dirigidos a absorber el déficit tarifario antiguo acumulado y el nuevo que se genere. La preocupación por el consumidor es más que razonable, aunque habría que plantearse cuál es la forma de hacerla más efectiva. En ello, había una cierta coincidencia de parte de los reporteros y de los analistas consultados en señalar que los nuevos impuestos sí que se reflejarán, aunque no totalmente en los precios de la electricidad y no en plazo inmediato.

Hay que recordar que el déficit tarifario es la parte de la factura que no se traslada (ahora y en el pasado) al consumidor porque al decisor político le da reparo pasar por el tamiz de la opinión pública otras decisiones, como son el crecimiento de los costes regulados y de las primas. Entender, por tanto, la correlación entre el coste del suministro y sus componentes y la tarifa parece que es más que urgente, muy necesario. De hecho, curiosamente, los artículos hacían muy poco énfasis en la posibilidad de reducir los componentes de la tarifa, y en especial, los que más han crecido, los que menos eficientes son (las primas a determinadas tecnologías cuya rentabilidad por MWh producido es menor). Los consumidores tienen derecho a saber totalmente cuál es el coste del suministro, qué lo compone, qué lo ha hecho crecer, quién lo ha decidido y cuál es su destinatario. Sólo así será posible desenmascarar a aquellos que piden más primas y costes regulados y, además, piden tarifas más bajas por la vía de que unos sectores subsidien a otros, con impuestos de por medio.

Y, finalmente, habría que plantearse, con ser preocupante, al menos desde el punto de vista peronista y de opinión pública, el escenario de subida de precios (imaginemos que todo el déficit tarifario se trasladase al consumidor y a las empresas eléctricas en las proporciones que el lector elija). Hay que plantearse todos los costes como son la erosión del mercado eléctrico, la afectación de las tecnologías inframarginales y su efecto sobre el mercado, la entrada de muchas instalaciones en pérdidas, la caída de potencia instalada, incluyendo el vodevil bochornoso alrededor de Garoña, la reducción de la inversión y del exceso de capacidad (mal calculado) por estas medidas con su efecto en términos de disminución de la oferta, el incremento de precios o las consecuencias para los consumidores industriales de una política energética que busca preservar primas y costes regulados, encarecer el suministro de electricidad, afectando así a nuestra competitividad. Eso, sin restañar los problemas institucionales y políticos para el ministro de Hacienda (por haberse traslucido sus relaciones pasadas con Abengoa y los documentos a que su departamento dio traslado), del mnistro de Industria (perdedor en la batalla, pero unido finalmente por la propuesta) o, en el plano institucional, la práctica invisibilización de la Comisión Nacional de Energía.

El problema grave, en realidad, son los costes ocultos, los daños colaterales que pueden ser mucho mayores que lo que se pretende arreglar (y tampoco se consigue, a la luz de los números). La lectura torpe y reduccionista de tipo impositivo por base imponible igual a cuota líquida, sobre quien es el sujeto pasivo del impuesto y si hay traslación fiscal, es el camino más corto al error de perspectiva.