La propuesta del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para garantizar las sostenibilidad energética (eufemismos de la factoría Moncloa), presentada por el Gobierno el pasado viernes, es una combinación de trampas muy peligrosas, resultado de una dinámica endiablada, enfermiza y viciada en que se han movido las decisiones en el ámbito de la electricidad desde hace varios lustros y que se han precipitado de esta forma tan aparatosa tras el anuncio del viernes.

Recapitulemos y vayamos por partes. Primero, el déficit de tarifa eléctrico es el resultado combinado de tres cuestiones: primero, el crecimiento intenso e insoportable de los costes del suministro (fundamentalmente, a través de los costes regulados y de de las primas que perciben determinadas tecnologías). Estos costes, que nunca debieron estar incluidos en la tarifa sino en los Presupuestos Generales del Estado, tuvieron un crecimiento incontrolado tanto en potencia instalada como en retribución, incluso vulnerando lo previsto en los sucesivos planes de energías renovables, gracias a un agujero de proporciones colosales en las Administraciones energéticas y autonómicas.

Consecuentemente, en caso de no haberlos llevado a los Presupuestos Generales del Estado, lo razonable es que se hubieran trasladado a los precios de la electricidad. Pero la decisión política continuada de no trasladar estos costes a la tarifa, que impiden trasladar las consecuencias de las decisiones políticas en lo anterior, ha ocasionado que, por un lado, pueda haber colectivos favorables a la retribución sin medida, a la vez de contrarios a la subida de tarifas para que los consumidores no sufrieran; y por otro lado, la creación de una nueva clase rentista al amparo de este generoso modelo y sus excesos. Por tanto, la sostenibilidad energética que ahora completa el título del Anteproyecto de Ley, o no, es cuestión de que se enmendaran comportamientos de prodigalidad en la política energética. Es y era un déficit político.

En este sentido, la propuesta presentada el pasado viernes por el Ejecutivo ha sido que ese déficit se corrija con impuestos que gravan todo lo anterior, lo que quiere decir, céteris paribus, que el coste del suministro y de la energía se encarecerá, se le aplicará el IVA y todo lo demás. Parecería mucho, más lógico, que se hubieran reducido los costes de suministro y por tanto, los costes regulados y las primas, en lugar de haberlos aumentado o mantenido. Pero en la línea del artículo de la semana pasada de César Molinas en el diario El País, la política en España es experta en crear burbujas y en encarecer mucho algo que era mucho más barato.

Segundo: aunque la vicepresidenta y el ministro de Industria han tratado de decir que es un impuesto único y proporcional, y todos los adjetivos calificativos que, voluntariosamente, tratan los responsables de comunicación de Moncloa de inculcar en las ruedas de prensa “para vender a la ciudadanía”, lo cierto es que se crean siete nuevas tasas, con intenciones, propósitos y justificaciones diversas, como la tasa a la tecnología hidráulica que persigue extornar el 22% de los ingresos de la producción hidráulica, o el efecto sobre las plantas de ciclo combinado por la combinación de figuras impositivas, distorsionando el mercado de generación. En definitiva, por mucho que se intente decir que es una solución solvente, sostenible, equilibrada, proporcional, etc…, lo cierto es que una solución fuertemente intervencionista, poco neutral y que, a quien más afecta es al mercado de generación y a las tecnologías más eficientes, a las que expropia más valor.

Tercero: se trata de que, en la línea de las mejores previsiones del jefe de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal, se lleve este problema a una negociación política, y por tanto, demagógica. Llevar al Parlamento un anteproyecto de ley de estas características, sitúa al Partido Popular en un punto de partida intervencionista y guiado por criterios antimercado, con una oposición, de la que cabe esperar poca rectificación, ya que en lo energético está teledirigida por las posiciones frontales retroprogresivas de Cristina Narbona y Jorge Fabra. La coartada es tratar de evitar los recursos judiciales de las empresas a la Ley. En todo caso, si a esta solución, además de ampliar un año el calendario por los números presentados, le unimos el tiempo de tramitación parlamentaria y la entrada en vigor de la Ley, se posterga y sigue acrecentando el problema del déficit, revisión tras revisión tarifaria.

Cuarto: se ha intentado aprovechar un escenario de aversión hacia todo lo empresarial, con un modelo maniqueo. De una parte, un mundo idílico, aunque subsidiado, frente a las ‘taimadas’ empresas que operan en los mercados e invierten y que, en realidad, son las que han financiado el déficit tarifario. Se trataba de “crujir a las eléctricas” como ya se ha escrito en algún medio de comunicación. Quizá lo único destacable, en términos económicos, es la atención a la presión de los fondos de inversión que han financiado el desarrollo fotovoltaico y que han salvado los muebles con un descuento mucho menor que el previsto. Hay que destacar, por tanto, el fenomenal trabajo de la Embajada americana al respecto. Esperemos, como recomendación, tanta atención por parte del Ejecutivo a los mercados financieros y ponderación en las decisiones económicas que afectan a las empresas españolas y su acceso a los mercados financieros, que también son empresas claro.

Quinto: ya en distintos medios de comunicación, se ha tratado de enviar el mensaje bajo cuerda de que “las empresas se debían conformar, dado que al principio de legislatura se hablaba de una quita”. E incluso se lanzaban amenazas bajo cuerda de una intervención en el mercado eléctrico (véase el artículo de Voz Populi). Bueno, en realidad, la batería de impuestos y tasas creados son en una forma alambicada de quita. Y, la asimetría en la forma de relación del ejecutivo con los distintos subsectores que participan en el sector eléctrico ha sido manifiesta: de trasladar sin mácula los papeles de Abengoa a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por parte de Hacienda, a la bunkerización con el sector eléctrico.

Sexto: la batalla y el conflicto interno del Ejecutivo, casi propio de los gabinetes del Extinto Caudillo, se ha trasladado de la peor forma posible a esta decisión política. Al final, Montoro, con ayudas de la artillería pesada (la vicepresidenta), ha ganado la partida a un ministro de Industria que tuvo que postergar su viaje insular a la finalización del Consejo de Ministros para explicar con convicción este anteproyecto. Pero ha quedado ya impresa la imagen del ministro de Hacienda, cuestionado por sus relaciones y las de sus ex socios, con una de las empresas que más han sido beneficiadas de las concesiones termosolares de estos años. Cuestionamiento que incluso ha tenido eco en la prensa extranjera por insólito. De ahí, lo que podíamos llamar la reducción de la retribución de consolación a alguna de las instalaciones termosolares, de forma que la producción mediante fuentes fósiles no percibirá prima. Reconforta, a veces, la fatalidad de lo evidente. ¡Acabáramos!

Ahí tienen, por tanto, el remedio y la enfermedad. Confundidos y retroalimentándose uno a otro. Fruto de todo eso, ¡tachán!, ahí tienen este anteproyecto de ley. Ahora empieza todo. Otra vez.