Morán considera que los nuevos gravámenes son «un simple mecanismo de recaudación por el cual el Gobierno utiliza en primer término como recaudadoras a las compañías eléctricas, que serán las encargadas de recaudar entre los usuarios».

«A cualquiera que eche una ojeada a los nuevos impuestos le resultará muy evidente percatarse de que van a acabar conformado el recibo de la luz de los consumidores», aseguró, antes de calificar la medida de «mecanismo de recaudación».

Morán también pronosticó que los gravámenes aprobados por el Consejo de Ministros harán que 2012 acabe recogiendo «la mayor subida en el recibo de la luz de todos los tiempos, de magnitudes del 20%». Hasta ahora, la tarifa ha subido un 7% en marzo y un 4% en julio, al margen del incremento del IVA del 18% al 21%.

Además de lamentar la implantación de este «impuesto intermediado», el responsable de sostenibilidad del PSOE consideró que las medidas aprobadas «no son una reforma energética». «La montaña parió un ratón. Esto no es una reforma energética, frente a lo que el Gobierno había anunciado», señaló.

Por otro lado, consideró que las medidas suponen un «gravísimo error» en términos estratégicos, en un momento en el que «todos los países europeos están redefiniendo estategias energéticas con visión a 30 o 40 años».

Frente a esta posición, el Gobierno se ha ceñido a «una actuación de orden coyuntural para atender urgencias de la crisis a corto plazo», sin caer en la cuenta de que las medidas provocarán «graves efectos sobre la pérdida de competitividad del país a medio plazo», afirmó.

«Es un paso más que cierra el ciclo de la política errática del Gobierno en materia energética y que genera bastantes destrozos en el sistema energético», añadió Morán.

La Izquierda Plural pide una subcomisión en el Congreso para estudiar la reforma energética

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural ha registrado en el Congreso una propuesta de creación de subcomisión, en el seno de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, que tenga como objetivo estudiar las posibilidades de reforma energética y de fomento de las energías renovables.

Según consta en la petición, recogida por Europa Press, el objetivo es que en esta subcomisión parlamentaria participen todos los sectores implicados -eléctricas, renovables, pequeños productores, ecologistas, etc.- y que, en el plazo máximo de seis meses, se presente a la comisión de la que depende un informe con las conclusiones de sus trabajos.

Éstos se centrarían en aspectos como el funcionamiento del mercado eléctrico, las primas a las energías renovables, cogeneración y otras instalaciones con costes «significativamente inferiores» a los del mercado mayorista; o las tareas de inspección que lleva a cabo la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y su posible intensificación para «evitar posibles fraudes en los mercados eléctricos».

Además, IU-ICV incluye en su propuesta varias ideas sobre desarrollos normativos que podrían debatirse en esta subcomisión. Por ejemplo, una Ley de Renovables que transponga la directiva europea de Fomento del Uso de la Energía Procedente de Fuentes Renovables, con el objetivo de crear un «marco regulatorio estable, con simplificación administrativa, normas públicas de conexión y que reconozca las externalidades positivas de las energías renovables, facilitando el acceso» a las mismas.

En la misma línea, la subcomisión podría estudiar una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética que recoja instrumentos de planificación, gestión de la demanda, planes de ahorro de emisiones o planes de renovables de forma «integral» para, entre otros objetivos, impulsar el incremento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020, que actualmente son «difícilmente alcanzables».

La Izquierda Plural propone asimismo que se estudien las modificaciones legales oportunas para alcanzar un modelo de generación distribuida mediante un «sistema de redes inteligentes y un sistema público obligatorio de contadores inteligentes» así como la posibilidad de prohibir la producción y comercialización de productos poco eficientes a partir de 2012.

«Es necesario establecer un marco que suprima los obstáculos impuestos a las energías renovables, que permita incentivar la eficiencia y la mejora tecnológica, y que asegure una retribución razonable a los productores», insiste IU-ICV, que critica que las medidas adoptadas por los últimos gobiernos en este ámbito «se han cebado» con las renovables, dejando a estas energías en «una situación de riesgo y debilidad» a pesar de que hace sólo unos años España era «puntera» a nivel mundial en este sector.

De hecho, el grupo parlamentario cree que son necesarias medidas de fiscalidad ambiental bajo el principio de que quien contamina paga, y alejándose de modelos que proponen gravar más duramente este sector bajo el mantra de acabar con el déficit tarifario.

Además, también reclaman que se levanten todos los «impedimentos administrativos» que «paralizan» el consumo de energía limpia en hogares, empresas y ciudades; y que se facilite el acceso a estas tecnologías. «De hecho, la CE ha pedido a España una simplificación de los complejos procedimientos de autorización y planificación, y la supresión de otros obstáculos», según recuerda IU-ICV.

En su petición, la Izquierda Plural recuerda por último que «uno de los múltiples talones de Aquiles» de la economía española es precisamente su «profunda ineficiencia energética», con un modelo «muy dependiente del exterior» y que pierde competitividad y, por ende, puestos de trabajo (30.000 en los últimos años, según IU).

No en balde, España importa el 75% de la energía primaria que necesita, por encima del 50% de media comunitaria, y además tiene un sistema productivo «terriblemente ineficiente» en su consumo, lo que hace necesaria una intensidad energética quince puntos por encima de la media UE-15.

Además, el sistema de tarificación es también «ineficiente y poco competitivo», y todo ello va «en aumento», generando implicaciones económicas, comerciales y medioambientales. Frente a eso, «se ha intentado arreglar el déficit tarifario atacando sólo a las energías renovables y sus primas, sin tener en cuenta otros aspectos mucho más perjudiciales como los beneficios caídos del cielo de nucleares e hidráulicas», aspecto que también debería debatirse en la subcomisión.

CECU advierte al Gobierno que de «ninguna manera» la reforma energética debe repercutir en el usuario final

La Confederación de Usuarios y Consumidores (CECU) ha advertido al Gobierno de que de «ninguna manera» el anteproyecto de ley para acabar con el déficit de tarifa y recaudar 2.734 millones de euros netos en 2013 puede suponer que «paguen los mismos de siempre».

Un portavoz de CECU ha alertado de que la reforma del Gobierno, que recoge una amplia amalgama de impuestos, podría traer aparejado un nuevo encarecimiento en la factura de la luz, de modo que ha emplazado al Gobierno a que «no permita» que las operadoras recarguen la nueva fiscalidad sobre el consumidor final.

«El Gobierno debe encargarse de controlar y supervisar que las operadoras no le recargarán al usuario una nueva subida en las tarifas, puesto que no lo aceptaríamos», ha sentenciado el portavoz.