El salto entre la realidad y el escándalo

Atentos a la crisis económica, al creciente malestar social y su trascendencia en términos de opinión pública, con su correlato en las encuestas, cualquier cuestión que suponga un alza en los precios de un bien o servicio es objeto de polémica per sé, como cauce para la resistencia.

Pero, si detrás de ese «objeto de polémica» existe una decisión o un comportamiento político (como, por ejemplo, una subida de impuestos, llámese IVA o el necesario céntimo verde), o una sospecha conspiratoria (el informe de la Comisión Nacional de Competencia sobre la evolución de los precios de los carburantes), la mecha puede cobrar un alcance inesperado.

Una comprensión nihilista de la realidad vendría a decir que todo lo que signifique una subida de un bien o servicio es malo en estos momentos, lo que lleva aparejado que introducir matizaciones cuando se producen estos fenómenos de alza de precios (inevitables en muchos casos) es más difícil por el carácter cada vez más esquematizado y simplificado de la comunicación política. Pero, la realidad es más rica y requiere más puntos de vista.

En este caso, el Gobierno, con el Impuesto sobre el Valor Añadido recién elevado, encarecido el denominado «coste de la vida» y con la revisión de la moratoria fiscal del biodiésel en ciernes, se encuentra con un problema de coste de los carburantes. El Gobierno podía endosar, con esta polémica, parte de los resultados de políticas pasadas cuyos vencimientos llegan ahora.

Y, para ello, en el caso de los carburantes obtiene una ayuda inestimable y esencial de la Comisión Nacional de Competencia para alimentar esta polémica, al recoger de forma muy gráfica en las conclusiones de su informe sobre el precio de los combustibles la ya acuñada teoría y metáfora del «cohete y la pluma». Los carburantes suben en España para el consumidor como un cohete y bajan como una pluma, dice la CNC. Conclusión que el propio ministro de Economía hizo suya para caldear más el ambiente, al respecto, si cabe. Algo turbio, sinuosamente y crípticamente se insinúa: un espectro sobre una actividad económica fuertemente gravada. Oro (negro), desde el punto de vista de la comunicación política para un gobierno necesitado de una vis social y, casi por sinónimo sociológico en España, de un comportamiento antiempresarial. Mejor no se le podía poner ni siquiera a Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque la CNC no pasó de ser muy manierista en lo descriptivo, hasta el momento no se había insinuado la posibilidad de medidas para «corregir» problemas de competencia. De hecho, la propia Comisión Nacional de Competencia tiene entre sus funciones y servicios la posibilidad, capacidad y habilitación para proponer medidas al respecto, más allá de encontrar una metáfora más o menos con gancho que coloca un mensaje político.

Y, claro, todo ello más allá de las medidas que se han enunciado a posteriori desde la Administración (liberalización del establecimiento de gasolineras, modificación de los contratos de abanderamiento, distribución en grandes superficies…), medidas cuyo tono es casi como una admonición o una amenaza al sector sobre este problema, cuando el Gobierno se ha encontrado con la patata caliente encima de la mesa. Patata, la de los precios de los carburantes que, por otra parte, todos los ministros de Industria han tenido encima de su escritorio en sus mandatos sucesivos desde que el franquismo decidió aplazar la traslación de la crisis energética de 1973 a nuestro país.

En todo caso, lo que ha pasado en el último año no es eso, lo que promueve una idea falaz de la realidad. Por ejemplo, no hemos estado ante una bajada en los precios reales del petróleo. Hemos asistido el año pasado, como conocíamos ayer, al precio más alto del petróleo en términos reales (precio y tipo de cambio) desde hace más de un siglo. La entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones de refino en España (hasta ahora también un cuello de botella en los costes), deben dar la posibilidad de empezar a contener los precios del carburante. Y, al mismo tiempo, la fiscalidad ha continuado creciendo. Admitiendo las diferencias de márgenes (discutidos por parte de las empresas, que piden, razonablemente, homogeneizar las definiciones de los mismos) en España, que enuncia el Ministerio de Industria, nos situamos en una diferencia del 1,5%, con lo cual el supuesto margen de mejora es menor que el de escándalo.

Ahora se echa de menos un buen debate limpio, con un buen diagnóstico, sin intereses políticos politizados, sin añagazas y, si cabe, una propuesta de medidas más meditada y realista.