Ramos hizo estas declaraciones en rueda de prensa en la que indicó que el Gobierno presentó en abril un proyecto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el cual ponía de manifiesto la necesidad de acometer para Canarias un marco de regulación energética singular que dé prioridad a las energías renovables en las islas.

La consejera señaló que la moratoria que se impuso a las renovables en el Real Decreto Ley 1/2012 condujo a Canarias a una parálisis de importantes proyectos de inversión cifrados en más de 500 millones de euros y por tanto frenaron inversiones que podrían haber generado 5.000 empleos.

Margarita Ramos indicó que si para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo la preocupación principal es contener el déficit tarifario, el informe demuestra que producir energía eólica y fotovoltaica supone un ahorro para el Estado.