Maite Costa (CNE) aboga por la «racionalización» de las primas a las energías renovables

Durante su intervención en el Foro Nueva Energía, Maite Costa subrayó que si el Gobierno hubiera aceptado la propuesta elaborada por la CNE con motivo de la elaboración del Real Decreto 661/2007 (que regula las primas a las renovables), «nos habríamos ahorrado unos 400 millones de euros anuales».

La presidenta de la CNE recordó que la situación actual del sistema, con unos costes de acceso de 16.000 millones de euros y un déficit de tarifa acumulado hasta 2009 de 17.000 millones, es «insostenible».

Apuntó que estas circunstancias obligan a una revisión de las primas, máxime cuando la capacidad de pago de los consumidores «no podría asumir con comodidad» un incremento «muy alto» de la luz (las tarifas reguladas se revisarán en julio).

En su opinión, hay que introducir criterios de racionalidad de todos los costes de acceso, a lo que añadió que, en el caso de las renovables, habría que comparar lo que aportan algunas tecnologías y lo que cuestan al sistema. En este sentido, recordó que el 43% de la prima equivalente se la lleva la solar (fotovoltaica), mientras que su producción es muy baja.

«Hoy cuesta más la solar que la eólica, cuando la solar tiene instalados 3.000 megavatios (MW) y la eólica tiene 18.000«, aseveró Costa.

La presidenta de la CNE agregó que, desde el punto de vista de la gestión de la evacuación, la energía eólica se puede gestionar de forma «óptima» para los criterios de seguridad de suministro por los que debe velar el operador del sistema (Red Eléctrica de España).

Sin embargo, subrayó, la fotovoltaica se ve «cuando ha evacuado y ya está en la red», lo que supone una complejidad añadida a la operación del sistema y puede suponer un encarecimiento.

La CNE apuesta por limitar la tarifa de último recurso

Por otro lado, Maite Costa abogó por que la Tarifa de Último Recurso (TUR) a la que se acogen actualmente la mayoría de los consumidores domésticos se reduzca a «unos pocos consumidores».

Para la presidenta del regulador, la TUR, en primer lugar, debería «armonizarse entre los países europeos». En la regulación comunitaria esta tarifa se circunscribe a los consumidores en posición vulnerable no por su nivel de renta, sino por cuestiones de cobertura de la demanda (por dificultad en el suministro, debido a la ubicación), lo que obliga al suministrador a dar cobertura aunque sea a un precio superior.

A su juicio, no se trata, por lo tanto, de que todos los consumidores domésticos estén acogidos a la Tarifa de Último Recurso.

Además, los consumidores españoles no tienen un conocimiento profundo ante la liberalización del sistema eléctrico, lo que ha llevado a que la mayoría se haya quedado con la TUR, sin buscar un precio mejor en el mercado y sin buscar un comercializador diferente.

Maite Costa agregó que las ofertas del mercado libre «no expresan una competencia importante» y, de hecho, suponen ahorros «irrelevantes, muy pequeños». Por eso, para la presidenta de la Comisión «hay un problema de regulación, o de alguna otra cosa», ya que «la competencia no lleva a precios iguales», dijo.

Asimismo, Costa criticó la «opacidad» del actual recibo de la luz, que dificulta que el consumidor doméstico esté bien informado. En su opinión, «debería revisarse la actual factura y deberían cambiar los criterios de información que se dan al consumidor».