Castilla y León, Asturias y Aragón confían en que la Unión Europea reconsidere su apoyo al carbón

«Va a haber una comunicación a principios de diciembre, que terminará en marzo del próximo año con la estrategia energética 2050 y creemos que ahí se abre una posibilidad», explicó el consejero castellano-leonés, Tomás Villanueva, al término de una reunión conjunta con la presidencia polaca de turno de la Unión Europea.

Según Villanueva, esa nueva medida permitirá plantear la modificación de la decisión sobre el cierre de la minería del carbón en 2018 para que las empresas que sean competitivas y quieran mantener la producción puedan hacerlo sin tener que devolver las ayudas.

Con este motivo los consejeros de Economía de Asturias, Aragón y Castilla y León viajaron a Bruselas para buscar el apoyo de Polonia, país que hasta diciembre ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea, para defender los intereses del carbón en la Unión Europea. De hecho, consideraron que se abre un «periodo de esperanza» para que los países con fuertes intereses en el sector, como Polonia, Alemania y España, se unan y presionen a Bruselas.

Asimismo, las tres comunidades autónomas tienen previsto entrevistarse con el nuevo Gobierno que se forme en España para pedirle que defienda ante la Unión Europea esta continuidad, ya que si las ayudas tuvieran que ser devueltas resultaría inviable para las empresas mineras seguir produciendo.

«Hay muchas zonas del territorio donde la actividad económica alternativa es muy complicada», advirtió Villanueva, y recordó la importancia de que España disponga de una reserva estratégica para producir energía a partir de un producto autóctono como el carbón.

Villanueva confió en que el nuevo Ejecutivo español «se tome en serio el futuro del carbón» y añadió que las empresas españolas «tienen que hacer un esfuerzo para ser competitivas en el futuro, de aquí a 2018» y poder mantener la producción.

«Se nos abre una oportunidad en diciembre y vamos a aprovecharla», insistió. Villanueva destacó también que es clave defender principios como el de «reserva estratégica» y «garantía de suministro».

«Las tres comunidades estamos defendiendo desde hace tiempo los intereses del sector ante la Unión Europea, a la vista de la decisión de la Comisión Europea que es claramente negativa al futuro de la minería del carbón», dijo Villanueva.

El consejero asturiano de Economía, José Manuel Rivero, se refirió también a la estrategia energética para 2050 que, según sus datos, la Comisión Europea presentará el próximo 13 de diciembre y animó al Gobierno español a defender en ese marco la postura del carbón.

«El Gobierno de España tendrá que defender el carbón y para ello mantendremos las comunidades mineras una reunión con el próximo ministro de Industria, para que defienda nuestra posición«, resumió Rivero.

Por su parte, el consejero de Economía de Aragón, Francisco Bono, coincidió en que «se abre un periodo de esperanza» y afirmó que «si tenemos un apoyo del Gobierno central» se podrán introducir «algunas modificaciones» sobre el futuro del sector.

El consejero valoró que los 27 tienen hasta marzo para aportar sus argumentos al debate sobre la estrategia energética y ha confiado en que «con un apoyo decidido, que hasta ahora no hemos tenido, del Gobierno central, podamos introducir algunas modificaciones» en lo que se refiere al carbón.

La Comisión Europea no pudo precisar la fecha de presentación de la citada comunicación, pero sí recalcó que «no tendrá efecto sobre el carbón y las decisiones nacionales», ya que se limitará a analizar cómo lograr una reducción del 85% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en 2050 frente a los niveles de 1990, señaló a Efe la portavoz comunitaria de Energía, Marlene Holzner.

La Unión Europea aprobó en diciembre del año pasado prorrogar cuatro años, hasta 2018, las ayudas a las minas deficitarias de carbón, situadas principalmente en el noroeste de España, la cuenca del Ruhr (Alemania) y el valle rumano del Jiu.

La medida incluía un calendario para la retirada progresiva de los subsidios, de manera que se garanticen reducciones de al menos el 25% en 2013, el 40% en 2015, el 60% en 2016, el 75% en 2017 y el 100% a más tardar el 31 de diciembre de 2018.