Industria propone a la CNE cargar en la TUR del gas parte del coste del laudo de Gas Natural y Sonatrach
El planteamiento de Industria parte de que en la configuración de la tarifa entre 2005 y 2008 se asumían unos precios relacionados en parte con el suministro de gas argelino que luego se vieron revisados al alza, de modo que resulta necesario reconocer el coste adicional y trasladarlo a la TUR.
Gas Natural Fenosa ya advirtió durante las negociaciones con Sonatrach para resolver el conflicto del gas de que la revisión retroactiva de precios acabaría repercutiendo sobre los clientes finales de gas.
El diario «Cinco Días«, que adelantó el contenido de la propuesta de Industria, aseguró que la medida permitirá recaudar a través de la tarifa de acceso del gas 157,29 millones de euros en cinco años, lo que supondría una subida de la TUR de gas de un 1% adicional.
Para el análisis de la propuesta de Industria no se espera una resolución urgente de la CNE en diciembre, de modo que no está previsto que el real decreto sea aprobado por el Gobierno en funciones ni que su contenido afecte a la revisión de tarifas de enero.
El organismo tiene quince días hábiles para elaborar su informe preceptivo, periodo que comenzó a correr el pasado 25 de noviembre, cuando se recibió por el Consejo Consultivo de gas. Una vez elaborado, el informe debe remitirse al Ministerio y este departamento elabora el texto definitivo que se envía al Consejo de Ministros para su aprobación.
Laudo arbitral
Un tribunal internacional dio la razón a mediados de 2010 a Sonatrach frente a Gas Natural Fenosa en la revisión retroactiva de los precios de suministro de gas procedente del gasoducto del Magreb (Sagane).
Posteriormente, en junio de 2011, las partes acordaron al margen de los tribunales resolver el asunto con el pago por parte de la gasista española de unos 1.310 millones de euros a la empresa estatal argelina, por la revisión de los contratos objeto de arbitraje internacional así como por los suministros posteriores.
La propuesta de Industria hará que los clientes a tarifa paguen solo una parte de estos importes, ya que en el real decreto se reconocerían exclusivamente las cantidades del gas argelino destinadas al suministro a tarifa.
Refacturación
La propuesta de Industria fue remitida el pasado 21 de noviembre a la CNE y se presentó como una «refacturación» del gas vendido a tarifa entre 2005 y 2008 que supondría «el abono de cantidades adicionales a las ya devengadas (…) como consecuencia del laudo dictado por la Corte de París».
De este modo, si el Real Decreto se aprueba, la empresa gasista podría recuperar parte del coste del pacto con Sonatrach, la referida al gas que se destinó entre 2005 y 2008 al suministro a tarifa.
Los 157,29 millones de euros que se pretenden recaudar con la medida se recuperarían entre 2012 y 2016 a razón de 31,46 millones cada año. Desde 2005 ya viene funcionando un recargo en la tarifa, denominado copete, para cubrir los riesgos del conflicto arbitral relacionado con los contratos de suministro de gas argelino.
La propuesta de real decreto remitida por Industria deja claro que se descontaron las cantidades del copete al calcular el extracoste que ahora debe cargarse sobre la tarifa.
Facua lamenta que Industria prepare una subida del gas por el laudo
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción lamentó que «el Gobierno saliente» haya preparado sin consultarlo previamente con las asociaciones de consumidores una subida de la tarifa del gas para repercutir en los consumidores finales la revisión de precios de este combustible relacionada con el laudo entre Gas Natural Fenosa y Sonatrach.
El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, afirmó que «el Gobierno saliente pide un acto de fe a los consumidores» al proponer una «subida considerable sin dar explicaciones» y sin convocar a las asociaciones para explicar esta medida.
Asimismo, lamentó que el Gobierno tampoco explicó «el cargo aplicado a la tarifa en 2005 como provisión de fondos» ante los efectos del laudo. «No sabemos si la cantidad de la nueva subida tiene ya descontado el importe que los consumidores han pagado desde 2005 porque no sabemos los cálculos de Industria», añadió.
Por otro lado, Facua consideró que al ministro saliente de Industria, Miguel Sebastián, «no le corresponde tomar esta decisión» y que se debería esperar al nuevo titular del departamento y a que se produzca un «diálogo previo con las asociaciones de consumidores».
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