Un tribunal administrativo resolverá los recursos contra la adjudicación de los contratos públicos energéticos

El nuevo órgano se pondrá en marcha a través de un proyecto de ley que será remitido a las Cortes Generales, y que modifica la ley de contratos del sector público para adaptarla a la regulación europea.

La nueva norma regula la naturaleza y características de los órganos independientes que deberán resolver los recursos que interpongan los particulares contra los actos de las entidades adjudicadoras dentro de los procesos de adjudicación de contratos públicos, «tanto si éstas se integran en el sector público, como si son entidades privadas que gozan de derechos especiales».

El proyecto, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, implica la creación de un nuevo órgano, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que se encargará de resolver los recursos contra actos de entidades vinculadas a la administración general del Estado.

En el marco de lo establecido por la directiva europea, las Comunidades Autónomas podrán regular un órgano propio para resolver los recursos que se planteen en sus propios procesos de contratación, si bien el proyecto de ley también permite la posibilidad de que encomienden voluntariamente la resolución de los mismos al Tribunal Administrativo Central.

El tribunal se encargará tanto de resolver los recursos que se interpongan contra las decisiones de las entidades adjudicadoras de contratos como de adoptar las medidas provisionales que sean necesarias respecto del procedimiento de adjudicación durante el periodo de resolución de estos.

El proyecto de ley prevé la suspensión de la adjudicación del contrato cuando medie una reclamación por alguna de las partes perjudicadas.

Asimismo, cuando el órgano de contratación infrinja las normas relativas a la publicidad de la licitación o a la suspensión de la adjudicación cuando se interponga un recurso, el proyecto prevé la declaración de ineficacia del contrato o, en los casos en que el interés público aconseje mantener su eficacia, la imposición de sanciones alternativas a los poderes adjudicadores.

Con ello se pretende «reforzar la garantía de igualdad, transparencia y no discriminación en la selección de los contratistas», según el Gobierno.