Así se pronunció el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, en relación con las últimas informaciones aparecidas al respecto a comienzos de esta semana, según informó la institución insular.

En este sentido, reiteró que el Tribunal Supremo «sólo se ha pronunciado sobre un incidente de ejecución de sentencia, presentado por el Cabildo de Lanzarote y el Ejecutivo regional, y una petición de medidas cautelares presentada por parte del Gobierno de Canarias».

Asimismo, la institución insular aseguró que el Tribunal Supremo le informó de que el último auto del que se tiene constancia es del 17 de julio. De todos modos, insistió en que «el Tribunal Supremo no ha dicho ningún sí definitivo a la legalidad o no de las prospecciones, ni se ha pronunciado sobre el fondo de los permisos concedidos».

En este sentido, resaltó que dichos permisos «serán demandados en tiempo y forma por los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, respectiva e indistintamente, mediante la interposición de Recursos contra el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo».

Y subrayó que será en estas demandas que están por presentar donde «se dirimirá la legalidad o no de los permisos concedidos a Repsol, dando el sí o el no definitivo a las autorizaciones».

Por su parte, Repsol aseguró en varias ocasiones que su intención es realizar labores exploratorias a unos 60 kilómetros del punto más próximo a las costas canarias, nunca a 10, ya que las condiciones volcánicas del fondo marino lo hacen «incompatible» con la presencia de hidrocarburos.

Asimismo, la empresa también inició la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para unos permisos que hasta el momento fueron corroborados por dos autos del Tribunal Supremo.