El gobierno apuesta por el modelo ISO

El hecho de que haya una separación entre la actividad de los gestores técnicos de los sistemas gasista y eléctrico y la de los transportistas de gas y electricidad, hoy integrados dentro de Enagás y Red Eléctrica de España es, en primer lugar, una buena noticia que apunta en la buena dirección de la separación de las distintas actividades energéticas de forma eficiente y en la necesidad de apuntalar la neutralidad de la operación de los sistemas eléctrico y gasista. En este sentido y en el de asentar el modelo de organización del sector energético, la medida es claramente positiva y no altera la naturaleza jurídica (en el sentido público o privado) de las redes gasistas y eléctricas.

En segundo lugar, además de las explicaciones que ayer proporcionó el Ministerio de Industria en la Comisión Parlamentaria sobre la necesidad de contar con mayor músculo financiero para las inversiones que necesita nuestro país en redes, este modelo es coincidente con los trabajos que se han venido llevando en el seno de la Unión Europea en torno al denominado Tercer Paquete de medidas regulatorias para avanzar hacia el Mercado Interior de la Energía, así como en el análisis que Euroelectric viene desarrollando. Estos desarrollos se basan en avanzar en lo que se denomina “unbundlling”, es decir, la separación completa de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de energía. Para ello es importante contar con que la operación del sistema sea independiente y neutral para todos los agentes. También en ese sentido es otra buena noticia.

Ejemplos recientes en nuestro país de los problemas de la falta de neutralidad del gestor técnico del sistema son evidentes y abundantes: la connivencia entre el operador de transporte y la operación que ha sido una constante en el caso de los procedimientos relacionados con las energías renovables y su acceso e integración en el sistema eléctrico, algo que se ha venido produciendo mediante el mecanismo de la ducha escocesa (con un discurso medioambientalista y de “pensamiento mágico” sobre las bondades de las energías renovables de cara a las memorias y los medios de comunicación y, por el contrario, con procedimientos de obstaculización sistemáticos en la brega diaria y el trade para dirimir las cuestiones relativas al acceso de estas tecnologías en las redes de transporte de electricidad). Otro ejemplo curioso y peculiar ocurrió durante el famoso apagón de Barcelona, donde fue el Director de Operación de REE, Alberto Carbajo, quien interactuaba con varias instancias que dirigían la investigación o la existencia de “cuellos de botella” en la red de transporte en determinadas zonas de España, tanto para evacuar la generación como para llegar a la red de distribución por la falta de inversión.

Tanto es así que, sobre todo en el caso de Red Eléctrica de España, en muchos momentos se ha señalado como una empresa más dentro del sector eléctrico, incluso más que un transportista o más que un monopolista de transporte. Se le ha señalado como un «regulador in pectore», en la sombra, el octavo pasajero en el orbe energético, un contrapoder. De hecho, en etapas de mayor sometimiento de la política energética a los designios de este transportista, la propia Red Eléctrica de España ha condicionado la regulación, incluso consiguió que el Ministerio de Industria defendiese un papel de transportista monopolista único en las redes o ha buscado fijarse ella su retribución por sus activos (cuestión que cerró con el anterior Secrectario General de Energía). Todas estas cuestiones hay que recordarlas en momentos como este.

En tercer lugar, hay que significar que Red Eléctrica de España (REE) y Enagás son ya empresas privadas, con sus accionistas y todo (de muy diverso origen en todo caso y que son quienes se llevan sus dividendos actualmente), donde la participación pública a través de la SEPI es residual y, por ello, lo que realmente se “desgaja” es el operador de sistema, cuyas funciones en la planificación y ordenación del sistema son diferentes que las de transporte (cuyo objetivo debe ser construir, mantener y gestionar a través de las grandes infraestructuras o corredores de transporte de energía, con resultados bastante modestos en el caso de las redes de transporte). De hecho, la bipolaridad y ambigüedad público-privada que utiliza Red Eléctrica de España es muy particular en la medida en que el argumento interesado de lo “público” frente a su realidad inconfundible e incontestable de empresa privada, el cuestionamiento de que un operador, gestor técnico del sistema, no devorado por el transportista iba a ser la causa de que volviesen las siete plagas (el argumento amenazador siempre subyacente), la capacidad de hacer ‘opables’ a los transportistas al desaparecer limitaciones derivadas de su condición de operador técnico sea nefanda o, también, insinuar la ‘mano negra’ de las eléctricas en esta medida.

Por eso, es poco entendible el mensaje crítico distribuido que señala que esto añade “inseguridad regulatoria” a estas dos empresas y de hecho, además, lo que parece que se producirá es que los dos operadores de sistema, gasístico y eléctrico, pasarán a formar parte de un Ente Público único dedicado a esta función, con naturaleza diferente a la actividad privada de la gestión y tendido de las redes de transporte.

Porque, lo que es peor es que los argumentos que se utilizan contra esta medida, como herramienta de refutación de la misma, la confirman plenamente en su necesidad. Es decir, si la operación del sistema da inseguridad jurídica a la actividad de transporte que ahora realizan, quiere decirse que ahora no se hace de forma neutral. Que la separación funcional como establece la ley, sólo se cumple de facto. Si esto es así, sería confirmar que influye la actividad de operación del sistema en la del transporte. O que la retribución de activos eléctricos de transporte es una ‘bicoca’. ¿Por qué, si no, hablan de que es una buena tajada la venta por parte de la SEPI del porcentaje que le queda, si además lo que se ingrese por esta adquisición servirá para mejorar la maltrecha inversión en redes eléctricas?

En definitiva, es, por tanto, una medida positiva y más todavía si se entiende de forma razonable en el marco de un modelo general de ordenación del sector energético y en la necesidad de avanzar en construir más redes de transporte y resolver cuellos de botella que todos conocemos.