Un «stop and go» necesario y esperemos que útil

Al igual que McLuhan decía que el medio es el mensaje, en el caso del proyecto de ley que determina las nuevas figuras impositivas para absorber el déficit tarifario, el proceso hasta llegar a ella está siendo también muy relevante e indicativo del escenario en el que se ha desenvuelto, mezcla de ostracismo, cuando no mediante señuelos o entretenimiento. Es significativo, por ello, que un proceso tan importante y delicado se haya realizado durante todos estos meses con abandono y de espaldas al sector eléctrico y a las propias empresas, manteniendo un nivel de interlocución prácticamente inexistente, sobre todo en el plano de lo concreto, de los niveles técnicos, de las pautas, las directrices, los números.

Parece como si la relación directa con los interesados, esto es, con las empresas, haya partido de enormes suspicacias por parte de la Administración, de forma que el conocimiento, la información y el diálogo hayan contado con resistencias que han abocado a una bunkerización cuyo resultado, a la vez, ha sido muy nocivo para el desarrollo de las soluciones más razonables, compartidas e implicadas, conducentes a una propuesta sólida y consistente. A cambio, el riesgo ha sido el de caer en las fauces y maquinaciones de los representantes y defensores del endiablado sistema de subsidios desbocado, a todo trapo, con argumentos de todo tipo, menos de la conformación de un modelo de suministro, de eficiencia y de mercado de la electricidad.

La idea de partida tenía toda su lógica: generar un conjunto de impuestos que conforme una bolsa con la que financiar aquellas cuestiones que pasen de la tarifa a los Presupuestos Generales del Estado. El problema era lo concreto, qué figuras impositivas, con qué naturaleza tributaria, cuál es el objeto tributario, cuáles son sus tipos, qué conceptos salen de la tarifa y cuáles son sus efectos y la redistribución interesada que presenta la propuesta. Todo ello, en términos concretos, muy burdo y muy poco pensado.

Y, este problema, inicialmente, se ha generado y originado en el propio comportamiento del Ministerio de Industria y su falta de liderazgo, que ha reaccionado tarde a la pinza Oficina Económica del Presidente-Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde había calado gracias a una formidable campaña de relaciones públicas (incluyendo algún capicúa feo, como el fantasma del despacho Montoro y Asociados), con una propuesta que se basaba en supuestos de laboratorio, que erosionaba el funcionamiento y la eficiencia del mercado eléctrico, que no contaba con información fiable contable y que se basaba en trasferir rentas entre tecnologías sin ningún criterio, llevando el régimen general a pérdidas, castigando proporcionalmente más a las tecnologías más eficientes y afectando a la seguridad de suministro. En todo caso, el deterioro político del ministro de Hacienda ya opera en sentido contrario al enorme protagonismo que ha tenido en la primera propuesta conocida.

Así, la solución de un impuesto a la generación en régimen general, más un impuesto de entre el 20%-30% a las tecnologías hidráulica y nuclear, o el gravamen a la energía eólica, solo es comprensible por la vía de las posiciones ideológicas retroprogresivas y del empecinamiento de determinadas personas del Gobierno obsesionadas con la supuesta rentabilidad de estas tecnologías, calculadas, eso sí, sin conocer los balances ni contabilidad, para que los datos reales no estropeen una posición ideológica. De hecho, el Gobierno tendría que preguntarse qué está haciendo para que la saga de los Fabra, en sus declaraciones en los medios de comunicación, se muestre tan conforme con la propuesta que se ha conocido y cómo dinamita el mercado eléctrico. ¿Qué necesidad hay de deteriorar el mercado y los elementos de competitividad?

En todo caso, este «stop and go», que viene sucediendo en los sucesivos Consejos de Ministros con los aplazamientos a la puesta en circulación del proyecto, evidencia que la propuesta tiene graves defectos y consecuencias peligrosas e indeseadas. Por eso, todavía es posible cambiar y modificar a fondo una propuesta tan desequilibrada (en la idea de que es inaplazable su formulación), de forma que sea el Ministerio de Industria quien coja las riendas del problema y promueva una solución global al problema del déficit tarifario, inclusive, si fuera necesario, prolongando su calendario de absorción, garantizando una visión global de mercado y de modelo de suministro eléctrico, además de conocer con precisión todos los detalles que la componen (impuestos, objeto tributario, aplicación de los mismos y qué conceptos se detraen de la tarifa).

Hay que recordar que, en la actualidad, son las propias empresas y sus accionistas quienes financian el déficit en sus balances, con independencia de la distribución final de las liquidaciones que se efectúan, de los conceptos incluidos en la tarifa y de quiénes lo perciben. Además, habría que destacar la amnesia que ha presidido todo el proceso: tenemos un déficit de más de 24.000 millones de euros, causado por cómo se han ido acrecentando los costes regulados y por la incapacidad política para ir adecuando la tarifa eléctrica a la evolución real del coste del suministro. Tanto es así, que cuando el problema era demasiado voluminoso y la demanda caía, no había otra solución que elevar la tarifa.

Consecuentemente, ahora ya, una visión puramente política, impuesta, no gestionada, no negociada, discrecional, de espaldas al sector eléctrico, cuyo eje no sea el funcionamiento del suministro y del mercado eléctrico globalmente, no solamente debería ser imposible, sino además, que debería ser reprobable. Es el momento de actuar de forma responsable y que su puesta en circulación definitiva se efectúe de forma completa, con seriedad, con visión empresarial, económica, gestora, de mercado y de modelo.