El déficit de tarifa alcanza los 3.180 millones de euros hasta el mes de junio y duplica el tope legal de 2012
Este importe duplica el tope legal de 1.500 millones de euros para el ejercicio 2012 y supera en un 49% la previsión realizada en enero por la CNE, así como en un 43% el déficit de los seis primeros meses del año pasado.
No obstante, el organismo presidido por Alberto Lafuente confía en que el desajuste pueda ir corrigiéndose durante el año gracias a la aplicación en los últimos meses de las refacturaciones ordenadas por el Tribunal Supremo para trasladar al recibo de la luz el coste real del suministro, de modo que el año acabe con un desfase de 1.514 millones de euros, apenas 14 millones de euros por encima del tope legal.
Al tiempo que espera este aumento de los ingresos procedente de las refacturaciones, el regulador indicó que en la primera parte del año se han cargado costes que no se repetirán en los próximos meses. En concreto, aludió a todo el desajuste temporal de 2011 y al bono social, que ya no financian las eléctricas, como consecuencia también de una sentencia del Supremo.
En su liquidación mensual, la CNE también constató que las primas al régimen especial, que incluyen las recibidas por las energías renovables, ascendieron a 4.691 millones en el primer semestre, un 34% más que los previsto a comienzos de año y un 24% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Las compañías eléctricas ingresaron hasta junio 6.088 millones de euros. Una vez descontado el dinero correspondiente a las primas y el relativo a la regularización de ejercicios anteriores, el sistema registró un desajuste de 1.202 millones de euros.
A este déficit es necesario descontar costes regulados a razón de 717 millones de euros para el transporte y 1.992 millones de euros para la distribución. Además, se reconoció un coste de 24 millones de euros para desajustes de ingresos de 2006, de 7,6 millones de euros para desajustes de ingresos de 2008 y de 51 millones de euros en concepto de la segunda subasta del déficit ‘ex ante’. El sistema de interrumpibilidad en el mercado generó costes por 234 millones de euros.

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