Una campaña ejecutada a la perfección

Ayer, el ministro de Industria, Energía y aTurismo, José Manuel Soria, afirmó en la Cadena Cope que era el Ministerio de Hacienda, junto con la Oficina Económica del Presidente, (aunque a Soria se le olvidara mencionar a ésta última) quienes estaban pilotando la fase final de la propuesta fiscal conducente a la absorción del déficit tarifario, ya que por parte de Industria «estaba prácticamente ultimada», dijo.

Sin embago, y según fuentes solventes, este medio ha podido saber que se está marginando completamente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en todo lo referente a la reforma energética. Algo que está produciendo un fuerte malestar en el ministerio que dirige Soria que, por otra parte, recibe el desdén y la dejación con la que ha seguido el problema y las alternativas de solución del déficit tarifario.

Las mismas fuentes señalan que no es seguro que esta semana sea cuando el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley con estos mecanismos fiscales que, posteriormente, deba ser remitido al Parlamento, pero viendo el panorama y que la reforma tenía que haber sido aprobada el pasado 29 de junio, cualquier cosa puede suceder. En cualquier caso, Soria volvió a reiterar ayer que estará lista «muy pronto».

Tal y como se ha ido avanzando, la reforma se basaría en la fijación de un impuesto general a la generación de electricidad, la determinación de impuestos específicos añadidos a la generación hidráulica y nuclear (dos tecnologías no emisoras de carbono), así como un grupo de tributos y tasas variables a las tecnologías renovables en régimen especial. La aplicación de dichos impuestos, con las cifras de la contabilidad financiera auditada, sitúa al régimen general en pérdidas y, asimismo, dinamita el mercado mayorista de generación, además de cobrarse la energía nuclear y la inversión futura en estas tecnologías, con resultado de grave afectación a la seguridad de suministro.

Al parecer, las estimaciones que utiliza tanto el Ministerio de Hacienda como la Oficina Económica del Presidente a la hora de calcular los montantes de la recaudación que se obtendría de estas nuevas figuras impositivas específicas en estas tecnologías proceden del grupo retroprogresivo.

De hecho, este colectivo ha sido auspiciado por el lobby termosolar que, según todas las evidencias, dirige esta reforma, con el grupo Abengoa a la cabeza y que, por otra parte, ha auspiciado y promovido estas posiciones ideológicas de indudable valor para este fin, dando cobertura empresarial a estos modelos.

En esta cruzada por defender la potencia concedida a los proyectos termosolares con fuertes subsidios, la empresa sevillana ha sabido granjearse, además, el apoyo de asociaciones fotovoltaicas y el acceso a ciertas instancias europeas, merced al oficio del exministro José Borrell, hombre muy cercano a Cristina Narbona y, por ende, a Jorge Fabra, ex Consejero de la CNE y uno de los defensores de la propuesta de cambiar impuestos por primas y exponente del colectivo retroprogresivo, contrario a la liberalización, al mercado y a las Directivas Europeas.

Este colectivo retroprogresivo ha mantenido una fijación ideológica contra las tecnologías hidráulica y nuclear que viene de muchos años atrás. Este grupo, tradicionalmente contrario a las renovables, ha encontrado en determinadas tecnologías el mejor ariete contra el régimen general y su tradicional enfrentamiento contra las empresas del sector eléctrico.

El objetivo de este colectivo era sacar del mercado mayorista a estas tecnologías, con el fin de acabar con el mismo como mecanismo eficiente de fijación de precios, algo que ha permitido a España contar con los precios más bajos de Europa en generación, con independencia del proceso desmedido de crecimiento de los costes regulados en forma de primas por las tecnologías fotovoltaica y termosolar. No obstante, una de las fórmulas que promueve este colectivo es idéntica a la que maneja el Ejecutivo: la fijación de tasas discrecionales en estas tecnologías, bajo el supuesto de que estarían completamente amortizadas, sin utilizar para justificarlo, los datos de la contabilidad financiera y de costes.

El siguiente paso en este flujo es conseguir que estos impuestos se empleen para enjugar el oneroso sistema de primas a las tecnologías más caras para el consumidor. Por tanto, unas tecnologías subsidiarían a otras vía impuestos y se produciría un trasvase de «rentas supuestas» entre tecnologías acabando con la tensión competitiva de los mercados, en pos de una redistribución entre empresas obligada e impositiva.

De hecho, estos son los supuestos de los que parten Hacienda y Moncloa a la hora de determinar este impuesto, gracias a la campaña mediática y demagógica operada en esta línea.

Y es que, según ha podido saber Energía Diario, tanto Hacienda como Moncloa tienen en su poder «papeles» en los que se eliminan amortizaciones, inversiones y gastos de mantenimiento conforme a la normativa contable y financiera a que están obligadas las empresas. Se trata de «papeles» elaborados en origen por los partidarios de introducir fuertes mecanismos fiscales a las tecnologías hidráulica, nuclear y eólica y que, como se ha venido denunciando reiteradamente, desechan la contabilidad financiera, amortizaciones e inversiones auditadas contablemente, partiendo los modelos de simulación que elaboran los representantes retroprogresivos del sector eléctrico, contrarios al mercado mayorista.

Todo queda en casa

Volviendo al papel de Abengoa en la reforma energética, habría que destacar a un hombre clave en esta operación. Se trata de Ricardo Martínez Rico, que fue jefe del Gabinete de Cristóbal Montoro y exsecretario de Estado de Presupuestos y que también ha sido socio del ministro de Hacienda en la firma del despacho de lobby y relaciones institucionales «Montoro y Asociados«.

En la actualidad, Martínez Rico ha pasado de estar presente en el Consejo de una filial del tercer nivel dentro del holding Abengoa, al Consejo de la matriz, con una retribución de 300.000 euros, según publicó el diario El Economista. Una paga extraordinariamente alta para las cifras que se manejan en consejos de empresas semejantes.

Y tampoco habría que olvidar que su hermano Felipe es el actual jefe de Gabinete de Montoro en esta etapa como ministro de Hacienda.

Por tanto, las conclusiones son varias. Uno: la pregunta es, ¿en manos de quién estamos, que la ideología y los prejuicios no les permite ni siquiera aceptar la contabilidad financiera, de forma que una información auditada no estropee una simulación interesada? Dos: esta reforma, así expuesta, puede cargarse el mercado eléctrico, afectando a los precios, a la seguridad de suministro y a la inversión, únicamente por los intereses particulares de una tecnología costosa para el conjunto del país. Así, los intereses generales del suministro para empresas y ciudadanos se supeditan a los intereses empresariales de los representantes de una tecnología concreta. Tres: España sigue siendo un país invadido por los negocios particulares y sus capicúas entre empresa y política.

Y mientras, José Manuel Soria, entre viaje y viaje, a Rusia y a Canarias, repartiendo abrazos. Los mineros poniendo en jaque a Marti Scharfhausen y haciéndole rabiar. Y Rajoy con otro quebradero de cabeza.