Las Cortes de Castilla y León retoman la idea de crear un tributo medioambiental para las eléctricas

A propuesta del Grupo Socialista, la Comisión de Hacienda aprobó por asentimiento una proposición no de ley (PNL) en la que se pide a la Junta de Castilla y León que retome el borrador de un Proyecto de Ley por el que se cree un tributo propio que compense a la Comunidad por las repercusiones medioambientales que tiene la generación y transporte de la energía eléctrica producida en la misma, bajo los principios de que la recaudación del mismo redunde en los fines sociales o medioambientales, que no se repercuta en los ciudadanos y que no sea contraproducente para la actividad económica general.

Los portavoces en esta Comisión del PSOE, José Francisco Martín, y del PP, Jesús Encabo, enterraron las discrepancias que habían surgido entre ambos grupos precisamente por la presentación de esta proposición no de ley, al considerar los populares que los socialistas habían quebrado el espíritu de consenso en torno a esta nueva normativa tributaria.

«En absoluto hemos hecho esta propuesta con ánimo de ruptura de un acuerdo, todo lo contrario», avisó en su primera intervención el portavoz socialista, quien recordó que el trabajo realizado por los grupos parlamentarios y la propia Consejería de Hacienda fue bueno y dio frutos en forma de «borrador de impuesto».

En su intervención ante la Comisión de Hacienda, el representante socialista resaltó que la PNL supone impulsar el acuerdo político alcanzando al final de la legislatura pasada, «que era muy necesario para la estabilización de los ingresos de la Comunidad y que había sufrido un parón ante la convocatoria y celebración de las elecciones municipales y autonómicas».

El representante socialista consideró que pasadas las elecciones celebradas en mayo, la Junta no parecía tener mucho interés en impulsar la puesta en marcha de este impuesto medioambiental y destacó que «ha sido el PSOE, el que, como viene haciendo a lo largo de la legislatura tomó la iniciativa».

«Una iniciativa acertada en la presentación, el planteamiento y el momento, que convenció al PP de la necesidad de dar respaldo a la puesta en marcha de manera inmediata de este nuevo impuesto medioambiental que tanto va a influir en mejorar el nivel de los ingresos de la Comunidad Autónoma», aseguró Martín.

En palabras de Martín, «si el tributo era necesario en el momento en el que se cerró el acuerdo, en marzo, en el momento actual es todavía más urgente y necesario», dadas las circunstancias de crisis económica. De hecho, mostró su satisfacción ante la aprobación de «una propuesta tan importante como es la puesta en marcha, por fin, del impuesto medioambiental en Castilla y León».

Sin embargo, Encabo incidió en las condiciones que el propio grupo de trabajo impuso al establecimiento del tributo, especialmente la relacionada con la posibilidad de que las compañías eléctricas repercutan el sobrecoste en la factura de los consumidores.

Por esta razón, el popular remitió a la próxima modificación de la normativa vinculada al consumo de la energía eléctrica para acompasar la aprobación del nuevo tributo autonómico con la ley estatal y las intenciones de las compañías eléctricas acerca de la repercusión del tributo sobre la tarifa de los ciudadanos y las empresas.

Castilla y León es actualmente la única comunidad autónoma que carece de un impuesto propio, ya que el resto tienen establecido algún tributo autonómico, por lo que de concretarse esta iniciativa se estrenaría el casillero impositivo castellanoleonés.