Santiago optará a ser la nueva sede internacional de la asociación «Derecho a la Energía SOS Futuro»

Según informó Paz Lamigueiro, el organismo tendrá que decidir en julio de 2012 la ciudad en la que se ubicará la nueva sede. Así mismo, la capital gallega competirá con las ciudades de París, que fue la sede oficial de la organización desde que se fundó en el año 2000, y Quebec, en Canadá.

Para defender la candidatura compostelana el actual secretario general abrirá a partir del 9 de noviembre un proceso de recogida de avales con el que se pretende «implicar a toda la sociedad civil». Lamigueiro comunicó que ya se solicitó una reunión con el alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conde Roa, y con el Instituto Energético de Galicia (Inega), para establecer un convenio de colaboración, y con diferentes empresas y colectivos del sector eléctrico para buscar apoyos a la candidatura.

En relación con esto, el actual secretario general resaltó «la importancia de que Galicia sea sede mundial de instituciones internacionales como Derecho a la energía». Concretamente, este organismo agrupa a más de 50 millones de personas organizadas en cerca de 500 colectivos de todo el mundo y posee el estatuto de consultor especial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Derecho humano a la Energía

La reivindicación de que el acceso a la energía sea considerado un derecho humano es el eje vertebrador de la asociación Derecho a la Energía. «En países de África o América Latina trabajamos para que se construyan sistemas de electrificación y transporte de recursos como el agua. En Europa y los países más desarrollados luchamos para que los que no tienen recursos no queden sin servicio energético», apuntó Lamigueiro.

En relación con esta cuestión, el secretario general defendió la implantación de una «tarifa social» en el territorio europeo que establezca un precio «asequible» para el consumo de 3.000 kw/h, cantidad que según el responsable «satisface las necesidades básicas de un ciudadano». Concretamente en Galicia, estimó en 200.000 las familias que tienen dificultades para afrontar el pago de la factura eléctrica. «Hay mucha gente que en estos tiempos de crisis protesta por los abusos de las multinacionales que gestionan la energía. Por eso hacen falta organizaciones que canalicen ese descontento», según indicó.

En relación con la producción energética, Lamigueiro criticó el modelo de producción para la exportación «extendido en los países de la periferia y también en Galicia». A su parecer, en territorios como el gallego se favorece un modelo de producción eléctrica «que llena el territorio de instalaciones que no traen beneficios a la población local».

El secretario general de Derecho a la Energía también criticó los abusos de las grandes corporaciones de la energía en países de África, Asia o América Latina. «Van allí a explotar sus recursos naturales para producir energía para los países desarrollados sin que las comunidades locales se beneficien», sentenció.