Extremadura entregará un recurso de inconstitucionalidad contra la tasa a la generación de electricidad

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno extremeño, Antonio Fernández, anunció la presentación de este recurso en una rueda de prensa que ofreció en Mérida junto al consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri.

Según explicó Fernández, el Gobierno de Extremadura recurrirá esta tasa que el Ejecutivo central publicó este pasado viernes a través de un Real Decreto, ya que se trata de una medida que con la que «se repercute la producción de energía sobre los que la consumen», y por tanto «está penalizando a los habitantes de una comunidad que produce y exporta al resto del estado español el 75% de energía que produce».

«Extremadura es una de las comunidades que consume por habitante más racionalmente la energía de todas las comunidades», por lo que «se está penalizando un consumo racional», lamentó Fernández, que también aseguró que «ese está penalizando» a la comunidad que sufre el impacto provocado por las eléctricas y la peligrosidad social, por albergar una central de carácter nuclear», en referencia a la Central Nuclear del Almaraz (CNA), en Cáceres.

Ante esta situación, Antonio Fernández apuntó que el Gobierno regional planteará en el Parlamento de Extremadura la supresión de la entrada en vigor de las tarifas aprobadas hace unas semanas en la cámara, en alusión a la ecotasa para las compañías refrendada por los tres grupos políticos con representación parlamentaria.

Así, aseveró el consejero de Economía que el Ejecutivo extremeño propondrá la «supresión de la entrada en vigor de estas tarifas» aprobadas en el Parlamento extremeño, «hasta que no tenga lugar el pronunciamiento» del Tribunal Constitucional.

Cabe recordar que la ecotasa establece definitivamente en 0,005 euros por kilovatio producido para la termonuclear y el resto de energías, salvo la que procede de centrales hidroeléctricas, que abonará el 0,001 euros, y las renovables, que estarían exentas,

Además, está la imposición a las compañías eléctricas y telefónicas de 700 euros por kilómetro instalado y en funcionamiento de tendido, poste o antena.

En cuanto a la recaudación del impuesto, el consejero la cifró, tras la subida, entre los 85 y 90 millones de euros.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, insistió en que el Gobierno extremeño sí comparte con el Ejecutivo central la necesidad de reducir el déficit tarifario, aunque no apoya «ni la forma ni el fondo de cómo lo quiere hacer», aclaró.

En este sentido, también mostró su desacuerdo el Real Decreto que establecía una suspensión de las primas a los proyectos de energías renovables, una medida con la que «Extremadura salía muy perjudicada», porque según explicó, «se cortaban las inversiones y el futuro de Extremadura en las renovables, añadió.

Por este motivo, indicó que presentó, a instancias del Consejo Consultivo, una consulta sobre la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta suspensión de las primas, al igual que con la tasa a la generación de electricidad.

«Ya han dado respuesta, vamos a crear la comisión bilateral a petición de la comunidad autónoma de Extremadura, por si hay posibilidad de que cambie la normativa en lo que le pedimos», ya que según aseveró «no todas las energías renovables pueden ser tratadas de la misma forma».

Por otro lado, mostró su «preocupación» por el anuncio del Gobierno central de aprobar esta nueva tasa de la facturación a la producción de energía, ya que a su juicio se haría «de una manera indiscriminada y a toda clase de energía, incluida las renovables», dijo.

«Si es así, ese 4% al régimen ordinario que se pretende imponer por el Gobierno dejaría muy dañados todos los proyectos de producción fotovoltaica sin prima«, señaló en referencia a los proyectos de Calzadilla de los Barros, Usagre y Talaván. Al mismo tiempo se refirió a la producción de la biomasa, que en la región «también quedaría muy dañado».

Echávarri insistió en que antes de aplicar la tasa, es necesario analizar la «incidencia» que puede tener sobre una región como Extremadura.

Por todo ello, adelantó que comparecerá en el Parlamento extremeño, a petición propia, para que «quede completamente clara la postura del Gobierno». Al mismo tiempo, indicó que el Gobierno extremeño presentará unas propuestas para instar al Gobierno central a «que se piense muy mucho en un futuro en esa tasa que le va a poner a la facturación a toda clase de energías, también a las renovables».

A preguntas de los periodistas, Echávarri aclaró que «no» se siente decepcionado con la política energética del Ejecutivo de Mariano Rajoy, porque el déficit tarifario, que cifró en 24.000 millones de euros, «no lo ha creado el PP, o los gobiernos del PP que llevan seis meses en el cargo», aunque si criticó que no haya «negociado» esta medida con las comunidades autónomas.

«Esta sangría hay que pararla. Nosotros sí estamos en desacuerdo en la forma de pararla. Hay que hacer una planificación energética y las autonomías que tenemos intereses tienen que estar en perfecta sintonía con el gobierno», matizó.

Iniciativa reclamada por el PP, PSOE e IU

El PP de Extremadura instó al Gobierno regional por vía parlamentaria a que presentara el recurso, una postura que ratificó el secretario regional popular, Fernando Manzano, que recordó que esa tasa fue «impuesta» en su día por el PSOE.

Por su parte, el secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, también adelantó que solicitaría en el Parlamento de Extremadura que la región presentara el recurso.

La medida, incluida en el real decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, «incautará» la ecotasa autonómico que grava a las eléctricas, que ahora deberán pagar los ciudadanos y no las empresas, advirtió Fernández Vara, que aseguró que con esta medida el déficit tarifario se solventará «a costa de Extremadura», que produce más del 6% de la energía eléctrica en España y que sólo consume el 1,5%. «Se nos castiga por producir recursos energéticos», subrayó.

El coordinador regional de IU, Pedro Escobar, se mostró de acuerdo ya que hay que evitar «sangrar el bolsillo de los ciudadanos», aunque manifestó su escepticismo sobre el resultado final del recurso.

Los líderes sindicales de CCOO y UGT aseguraron que la «insumisión» de la Junta de Extremadura a la ecotasa autonómica es la «mejor manera» para evitar esta «barbaridad» en una comunidad que, además, está sufriendo un «sacrilegio medioambiental».