Una reforma panzer: saqueo y contrarreforma al sector eléctrico

Ayer, tras la filtración del contenido de la reforma tributaria del sector eléctrico como mecanismo para la resolución y absorción del problema del déficit tarifario, se produjo una importante conmoción en los diferentes subsectores eléctricos y también en los mercados financieros y bursátiles, que contrariamente a lo que sugerían los retroprogresivos no habían descontado del todo un desvarío de estas características. Esta última señal es indicativa, un test de la falta de calidad de la reforma, que es más una contrarreforma que va en contra del modelo de liberalización y de los consumidores. Hoy, si nadie lo remedia, será presentada y aprobada en el Consejo de Ministros tras su paso por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Es una reforma «panzer», muy poco pensada (como todas las reformas que se hacen en dos semanas) y, además, que no está sustentada en más números o en cálculos que los proferidos y aportados, a brocha gorda, por los interesados sectores de los retroprogresivos, apostados en las inmediaciones de las tecnologías más subvencionadas, verdaderos beneficiados de la distribución asimétrica del esfuerzo en su resolución. La cronología de los hechos y sus protagonistas, la iremos contando en días sucesivos en Energía Diario.

La reforma propuesta, tal y como se ha conocido, pese a las consignas de comunicación política que trata de enviar José Manuel Soria, es falsamente proporcional y, lo que es peor, está revestida de una falsa progresividad buenista (si no es progresivo el Impuesto sobre Sociedades, ¡cómo puede ser esta propuesta progresiva!). Desconfíen de toda reforma que precise una pátina de «supuesta justicia intersectorial», en lugar de un modelo y una política energética consistente. Por eso requiere de las palabras peronistas del ministro para edulcorar su alcance. Incluso es falsamente «verde», al penalizar en el mercado eléctrico a las tecnologías más limpias que concurren en él, la nuclear y la hidráulica, verdaderos objetivos del colectivo retroprogresivo de la energía.

El Gobierno, con esta propuesta, se mete en líos muy gordos, a la vez que distribuye de una forma poco homogenea su alcance entre los distintos subsectores, tomando partido y penalizando más a los sectores más eficientes desde el punto de vista de los precios de generación. El Gobierno además se someterá a un proceso de judicialización enorme, que incluirá desde pleitos, arbitrajes nacionales e internacionales, etc…, en una guerra sin cuartel, perjudicial para toda la sociedad y para los consumidores, que van a notar un encarecimiento de la energía que afectará a sus bolsillos y a la competitividad de la economía y de las empresas.

Es una reforma que va a encarecer la energía más allá de la repercusión y traslación de los impuestos que determina o establece. ¿Y por qué? Porque los efectos de estos impuestos sobre los agentes económicos, las instalaciones y las empresas, no son neutrales y van mucho más allá de la aritmética parda y salazarista de las estimaciones «grosso modo» que se han elaborado para su enunciado. Tiene efectos sobre la rentabilidad de empresas e instalaciones, que puede derivar incluso en que las tecnologías nuclear e hidráulica pasen directamente a pérdidas, lo que reducirá la tensión competitiva del mercado de generación y crecimientos de precios superiores a la acción recaudatoria, es decir, más daños que beneficios. Y las expulsiones que se realizarán del mix de generación se ponen en bandeja de plata para que los sectores más subvencionados «ofrezcan» de mil amores nueva potencia renovable para cubrir los platos rotos de forma más cara.

Por su parte, el sector empresarial eléctrico español, tan vituperado por las facciones más ideológicas antiempresariales de nuestro país (con independencia de la adscripción a partidos), en el mejor de los casos, pasa a reducir sus resultados a cero, a pérdidas en el negocio interior. Las inversiones se paralizarán por la ruptura del esquema resultados-financiación-inversión y un número importante de instalaciones pasarán a no ser rentables, lo que compromete incluso la continuidad de instalaciones como las nucleares. Evidentemente, el chantaje del caramelo de la ampliación de vida útil a cambio del tributo discriminatorio es insuficiente y no es descartable que nos encontremos con el cierre de instalaciones y una modificación del hueco térmico, con consecuencias del encarecimiento de la electricidad en el mercado mayorista.

Pero, sobre todo, y a las pruebas nos remitimos, es una reforma, que por su carácter torcido e ideológico, además de derretir un modelo económico, financiero y de inversión sectorial y de llevar al sector eléctrico a pérdidas, pone en el escaparate de operaciones corporativas internacionales a las empresas españolas, castigadas por la incapacidad regulatoria y por la actuación política de los sucesivos Gobiernos que nos han llevado a esta situación. En ese contexto, el gobierno actual no se anticipa fino para resolver limpiamente lo que pueda producirse. Es una reforma que contribuye al incremento de la prima de riesgo y al descrédito institucional. Y recuerden que estamos intervenidos y bajo severa observación.