El Gobierno revoca parcialmente la orden que obligaba a cerrar la central nuclear de Garoña en 2013

El Ejecutivo señaló siete razones para tomar esta decisión: la Ley de Economía Sostenible; el nivel de dependencia energética de España del exterior; la estabilidad de la red eléctrica española; el déficit acumulado del sector eléctrico y la necesidad de evitar que se trasladen los costes al consumidor; el retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC); la participación de las centrales en la financiación del combustible nuclear sólo cuando están en funcionamiento; y el impacto de la renovación en la actividad económica, el empleo y la recaudación impositiva de la zona.

Con esta decisión, el Ejecutivo revoca también la obligación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de presentar un plan de desmantelamiento de la instalación antes del 6 de julio de 2013 y elimina la prohibición a la central de realizar modificaciones que impidan o desarrollen el cese definitivo de la explotación. En todo caso, la instalación deberá seguir funcionado de acuerdo con los límites y condiciones contenidos en el anexo de la orden de cierre para 2013, así como las contenidas en la presente orden.

La nueva decisión establece, además, que con anterioridad al 6 de septiembre de 2012 el titular podrá solicitar del Ministerio de Industria, Energía y Turismo una renovación de la autorización de explotación por un nuevo periodo no superior a seis años, es decir, hasta 2019.

Esta solicitud de renovación deberá ir acompañada de las últimas revisiones de documentos requeridos en la anterior orden; una Revisión Periódica de Seguridad de la Central; una Revisión del análisis de la Normativa de Aplicación Condicionada; una Revisión del Estudio Probabilista de Seguridad; un Análisis de envejecimiento; un Análisis de experiencia acumulada; un Análisis de cumplimiento de los actuales límites y condiciones establecidos en la anterior orden; y un Programa de inversiones y modificaciones relacionadas a las mejoras derivadas del accidente de la Central Nuclear de Fukushima.

Si decidiera optar a la renovación, la instalación deberá llevar a cabo, antes del arranque posterior a la recarga de 2013, las modificaciones de diseño requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la renovación en el periodo 2009-2019, según las Instrucciones Técnicas Complementarias que dicte el regulador en la actualidad.

Previamente, antes del próximo viernes, 6 de julio de 2012, el titular deberá justificar ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que las actividades de vigilancia, inspección en servicio, mantenimiento y gestión de vida realizadas desde julio de 2009, se corresponden con las establecidas para la renovación de la autorización de explotación hasta 2019, que fijó en su día el regulador atómico. En caso contrario, deberá llevar a cabo las actividades no realizadas antes de la finalización de la presente autorización, es decir, antes del 6 de julio de 2013.

Además, antes del viernes, el titular tendrá que revisar y comunicar al CSN los análisis realizados considerando un tiempo de explotación hasta 2013, así como los análisis de experiencia operativa y de nueva normativa realizados desde julio de 2009, para comprobar que no se ha limitado el alcance o el contenido de los mismos y las acciones propuestas atendiendo al cese definitivo de la explotación dentro de un año.

Igualmente, deberá comunicar al regulador atómico aquellas actividades de los programas de mejora de la seguridad establecidas en la Revisión Periódica de la Seguridad que este organismo informó favorablemente en su informe para la renovación hasta 2019, que no se hayan llevado a cabo al limitarse su explotación hasta 2013 y completarlas antes del 6 de julio de 2013.

La orden del cierre de Garoña fue dictada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 3 de julio de 2009, tras haber solicitado la central una renovación de la explotación hasta 2019. Previamente, el CSN había emitido un informe favorable a la renovación por diez años.

Tras el cambio de Gobierno, el pasado mes de enero el nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, preguntó al CSN si existía algún impedimento para revocar la orden de cierre. En febrero, el regulador atómico concluyó que no existía impedimento alguno para esa modificación, siempre que se modifiquen los límites y condiciones de la vigente autorización para incluir nuevas condiciones. El pasado mes de mayo, Industria concedió trámite de audiencia a los interesados.

Industria dice que la ampliación de la vida útil requiere más pasos

La ampliación de la vida útil de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) requiere de otros pasos, además de revocar el cierre de la planta, según informaron fuentes del Ministerio Industria, Energía y Turismo.

Las mismas fuentes precisaron que la revocación parcial de la orden ministerial por la que se acordaba el cierre de la central en 2013, es «un paso más» en el proceso, pero «no el último», pues con la revocación no amplía de manera inmediata la vida útil de la central.

Según apuntaron, el siguiente paso lo deben dar los propietarios de la central nuclear de Garoña que podrán solicitar hasta el próximo 6 de septiembre la renovación de la autorización de explotación por un nuevo periodo no superior a seis años.

Por el momento, según añadieron, lo que se ha hecho es seguir la normativa de seguridad nuclear cuya competencia es del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que, según apuntaron, es muy estricta.

El PP celebra la revocación y el PSOE dice que «cumplió su misión»

Para la portavoz del PP en el Congreso en materia de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, la revocación temporal de la central nuclear de Garoña es motivo de celebración porque «no se puede desperdiciar energía».

La portavoz popular tachó esta decisión de «inteligente» porque, según señaló, Santa María de Garoña «ha pasado los controles que tenía que pasar» y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «dijo que podía seguir funcionando al menos hasta 2019».

Mientras tanto, la portavoz del PSOE de Medio Ambiente, Leire Pajín, recordó al Gobierno del PP que la central de Garoña cumplió su misión y debe ser sustituida por energías limpias y sostuvo que el Gobierno de España, «una vez más» va en «dirección contraria» a la Unión Europea y la comunidad internacional.

Así, advirtió de que desde el desastre nuclear de Fukushima (Japón) se abrió un nuevo escenario a nivel internacional que provocó que países como Alemania, por ejemplo, apostaran por cerrar instalaciones atómicas e impulsar las energías alternativas y limpias, en detrimento de las nucleares. «El Gobierno está haciendo todo lo contrario», insistió la portavoz socialista.

A su juicio, si el Gobierno quiere «ser serio» en materia energética debería abordar «ese gran debate pendiente de forma integral» y no tomando «decisiones parciales» como la de revocar el cierre de Garoña, previsto por el anterior Ejecutivo socialista para 2013.

«Primero lleva a cabo un parón a las energías renovables y después emprende un fiasco sobre el carbón y ahora decide esto con Garoña», lamentó Pajín.

Por su parte, el responsable federal de Energía y Medio Ambiente de IU, Adolfo Barrena, denunció que el Gobierno se pliega al «lobby nuclear» y a sus intereses «puramente» económicos con la «apuesta nuclear del Gobierno y del conjunto del PP», tras revocar la orden de Garoña.

Así, el dirigente federal de IU advirtió de que el Ejecutivo adopta esta decisión de prolongar la vida activa «de la vieja y obsoleta central de Garoña a pesar de las claras amenazas y riesgos que supone para la seguridad, la salud y el medio ambiente, en especial en el valle del Ebro».

De hecho, destacó que esta medida se encadena con otras que afectan al «nefasto sistema energético en vigor, con el «tarifazo» eléctrico, tras paralizarse el desarrollo de las energías renovables por decreto, lo que en la práctica significó el parón de las nuevas instalaciones renovables al suprimir las primas y los incentivos económicos para el sector».

«El Gobierno revoca la orden de cerrar Garoña en 2013 y autoriza su explotación hasta que huela a ajo. Chernobil, harrisburg y Fukushima molan», sentenció, por su parte, en Twitter el diputado de IU, Gaspar Llamazares.

El portavoz de Economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, señaló que el PSOE dictaminó una orden ministerial para el cierre en 2013 de la central de Garoña «por motivos electoralistas», al tiempo que insistió en que confía en las garantías que concendió el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su informe en febrero de que la central puede seguir operando hasta 2019.

Sanchez Llibre argumentó que la decisión de cerrar la instalación atómica en 2013 obedece a intereses socialistas y no desde la perspectiva de plantear un mix energético, que vaya en la dirección de resolver el déficit tarifario en España y lograr la eficiencia energética, que es el camino a recorrer.

Así, vinculó cualquier decisión sobre el futuro de las nucleares a lo que dictamine el CSN y, en el caso de Garoña, dijo que si el órgano regulador da garantías y determina que la instalación dispone de vida útil más allá de 2013, «CiU respetará esta decisión» porque «confía en los dictámenes del CSN».

El «número dos» de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, consideró que es una «decisión acertada» que el Gobierno haya con revocado la anterior orden ministerial del PSOE de cerrar la central nuclear de Garoña en 2013 y mantener así su explotación en esta época de crisis.

Martínez Gorriarán coincidió con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en que la instalación atómica puede seguir funcionando porque así lo dictaminó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el mes de febrero, con un informe favorable aunque no vinculante a continuar su explotación.

«En época de crisis no se está precisamente para perder inversiones productivas. Es una central amortizada y que produce energía a un precio competitivo, muy importante en la época, porque en España el sobrecoste siempre ha sido un problema», defendió.

Así, recordó que cuando los socialistas anunciaron en la pasada legislatura que querían cerrar la central burgalesa, UPyD ya defendió que era una decisión «absurda e irracional» y que obedecía a «motivos ideológicos».

La portavoz de ICV en el Congreso, Laia Ortiz, avisó de que el reactor de Garoña tiene igual diseño que la japonesa de Fukushima, por la que se produjo el desastre nuclear hace más de un año, al mismo tiempo que consideró que alargar su vida útil, cuando ésta ya ha finalizado, sólo responde a intereses políticos.

La diputada verde insistió en que se trata de una decisión ideológica que apuesta de forma «clara» por la energía nuclear, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy haya decidido revocar el cierre de la instalación atómica, previsto por el anterior Ejecutivo socialista para 2013.

Así, señaló que esta decisión no tiene en cuenta los riesgos de seguridad que conlleva una central nuclear que ya ha acabado su vida útil y está «obsoleta», al mismo tiempo que representa «un error estratégico» para el país, que mientras castiga a las renovables apuesta por la energía nuclear.

«Se trata de otro obstáculo al desarrollo de las energías alternativas y limpias el mantener una central de estas características», defendió, al mismo tiempo que consideró necesario exigir a las eléctricas un impuesto a la energía nuclear, como ya se implantó en otros países.

«No es necesaria esa energía de Garoña. Todo lo contrario. No se corresponde al escenario de crisis económica y de caída de la demanda, es un regalo a las eléctricas que se benefician de la energía nuclear que obtienen. Beneficios para las eléctricas y no para los ciudadanos, que tienen mayores riesgos», apostilló.

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, consideró una «irresponsabilidad» que el Gobierno de España autorice la continuidad de la central de Garoña, «una instalación obsoleta que ya ha superado su vida útil».

Soro afirmó que «las consecuencias de un accidente nuclear afectarían directamente a Aragón». Diversos estudios contrastados advierten de que la central presenta graves problemas de seguridad en sus sistemas de suministro eléctrico, refrigeración y contención y se mostró muy crítico con la política energética del PP «por permitir que la central siga abierta al menos hasta 2019, lo que supondrá 48 años de actividad» pero también con el PSOE, ya que recordó que «fue Zapatero quien se plegó a los intereses de las grandes empresas energéticas y permitió que la central estuviese abierta hasta 2013 cuando podría haberse cerrado ya. Que ahora pretendan enarbolar la bandera verde y critiquen al PP es incoherente y vergonzoso». Para CHA hay que avanzar hacia un nuevo modelo energético más sostenible y menos peligroso.

Nuclenor pide el apoyo de la zona para acometer los compromisos

Nuclenor, la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), consideró «muy positiva» la modificación de la Orden Ministerial de julio de 2009 y pidió el apoyo de personas y empresas de la zona para acometer los compromisos marcados por el Ministerio de Industria y el CSN.

«Durante los próximos años vamos a necesitar contar con la ayuda de muchas personas y empresas de nuestra zona de influencia para llevar a cabo las tareas y los proyectos comprometidos con el Ministerio de Industria y el Consejo de Seguridad Nuclear«, apuntó el director de la Central, José Ramón Torralbo.

Según indicó, la continuidad de Garoña puede suponer también la consolidación de la central como un factor decisivo de desarrollo y empleo en la economía de la provincia de Burgos pues, en esta etapa de crisis, «abre una nueva puerta al incremento de la actividad económica y empleo en el conjunto de la provincia».

La modificación publicada en el BOE supone «el reconocimiento del trabajo exigente, riguroso y profesional realizado en los últimos cuatro años», aseguró Torralbo.

«La noticia ha sido acogida con satisfacción por todos los trabajadores de la empresa que ven de esta forma clarificado su futuro». Además, Torralbo, aseguró que todos los trabajadores de la planta eléctrica asumen «con determinación, profesionalidad e ilusión el reto de demostrar que Santa María de Garoña merece seguir operando por méritos propios».

Asimismo, señaló que Nuclenor continuará manteniendo la central «en las mejores condiciones de seguridad y, a la vez, trabajando en las actividades y proyectos relacionados con la continuidad». «La orden ministerial modificada es una oportunidad de focalizar todos los esfuerzos y las energías de la empresa en la misma dirección: la fiabilidad de la planta», subrayó.

En esta misma línea, el Foro Nuclear consideró que la modificación de la orden ministerial que abre la posibilidad de que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) opere más allá de julio de 2013, es «una decisión acertada y coherente» además de «una prioridad» pues 1.500 familias dependen «directa o indirectamente» del funcionamiento de la planta.

Según indicó, la electricidad producida en la central nuclear de Garoña en 2011 equivale al 6,5% de la producción nuclear española y subrayó que el conjunto del impacto económico en los últimos diez años de la central en su entorno se sitúa por encima de los 355,5 millones de euros destinados a compras, contrataciones, empleo, impuestos y tasas.

Para el Foro, «el funcionamiento de las instalaciones siempre que reúnan las condiciones de seguridad, como es el caso de la central nuclear de Garoña, es una prioridad».

Además, según indicó, los informes de las pruebas de estrés, presentados por el CSN el 22 de diciembre de 2011, «confirman que Garoña cuenta con márgenes de seguridad sobre los requisitos de sus bases de diseño», por lo que consideró que la modificación de la orden ministerial está fundada en «argumentos racionales y técnicos» y que es «legítimo» que Garoña pueda continuar funcionando.

Además, el Foro Nuclear explicó que en España las centrales nucleares no tienen limitado su periodo de funcionamiento pues, desde el comienzo de su operación se conceden autorizaciones de funcionamiento que se renuevan cada diez años, de acuerdo con lo establecido en las Guías de Seguridad del CSN, «sin límite legal para ellas».

La presidenta de Foro Nuclear, María Teresa Domínguez, consideró que «permitir que Santa María de Garoña pueda continuar su operación en condiciones de seguridad es una decisión coherente con las directrices de la política energética del Gobierno y, por tanto, hacer viable su funcionamiento debe ser una prioridad para todos».

Para la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), la decisión del Ministerio de Industria de revocar parcialmente la orden que acordaba el cierre de la Garoña en 2013 es «correcta» y pidió que sea el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quien decida la vida útil de estas instalaciones y no el Gobierno.

En este sentido, el presidente de AMAC, y alcalde de Trillo, Francisco Moreno, indicó que, siempre que se tenga el visto bueno del CSN, y se cumpla con el informe emitido por el Consejo, la decisión será «correcta».

Además, añadió que la ampliación de la vida de la central de Garoña será ventajosa para el desarrollo económico y social del municipio, y, por tanto, para la generación de empleos y que no entrañará riesgos. «Estamos convencidos de que es segura. Así lo plasmaba ese informe», destacó.

En cualquier caso, ha señalado que es el CSN, como organismo especializado, el que debe de decidir la vida útil de la central nuclear y que el gobierno simplemente, debe ratificar el informe preceptivo que realice el Consejo.

Los ecologistas recurrirán la orden del Gobierno

Entre las voces discordantes con la decisión del Gobierno, están Greenpeace y Ecologistas en Acción, que recurrirán la orden del Ministerio de Industria por la que revocan parcialmente la orden que acordaba el cierre de la Central Nuclear de Santa María de Garoña el 6 de julio de 2013 y consideraron «temerario» que continúe funcionando.

Así, la responsable del área de Energía y de Centrales Nucleares de Greenpeace, Raquel Montón, anunció que recurrirán la orden del Gobierno por «ignorar» tanto las alegaciones presentadas como a la Administración del Estado que «está defendiendo la ratificación del cierre en el Tribunal Supremo»; y por «hacer caso omiso de las indicaciones de la Comisión Europea –que en la reforma para la estabilidad de España 2012-2015 indicaba que el déficit tarifario se ha visto favorecido por una compensación excesiva de algunas infraestructuras como las centrales nucleares–«.

Según apuntó, en España hay «sobrecapacidad» de centrales térmicas y eléctricas paradas y, por tanto, consideró «totalmente innecesario por cuestión de seguridad de suministro reabrir las nucleares». Además, añadió que «no mejora la dependencia energética española porque el combustible, el uranio enriquecido, se tiene que importar».

«Es totalmente innecesario, arriesgado y no mejora nuestra competitividad ni disminuye el precio de la factura eléctrica en España. Vamos a pagar el mismo precio por el kilovatio producido en Garoña que por el producido por un molino eólico«, remarcó.

En este sentido, indicó que la decisión de revocar parcialmente la orden que establecía el cierre de Garoña es peligroso pues supone «no aprender las lecciones de Fukushima» y «sólo va a beneficiar a las compañías propietarias que se embolsarán unos 1.000 millones de euros en estos seis años de prorroga».

Por su parte, el portavoz de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, señaló que permitir la ampliación de la vida útil de la instalación, es «ponerse al servicio de la industria nuclear e ir contra los tiempos», más aún, después del accidente de Fukushima cuyo reactor número uno –«que sufrió el accidente estando en mejores condiciones»– es, según apuntó, «idéntico al de Garoña».

«El Gobierno, en lugar de tomar nota, da un paso atrás y decide anular la que ya era pacata orden de cierre en 2013, porque nos parece una temeridad mantener esa central en funcionamiento ni un minuto más«, subrayó.

Además, apuntó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tuvo «una postura demasiado tibia» con la central de Garoña al introducir el concepto de «autorización condicionada» que otorga permiso técnico para que la central siga funcionando si se realizan una serie de mejoras.

El partido Equo rechazó igualmente la decisión de prorrogar la operación de la central nuclear de Garoña y criticó al Gobierno porque defiende más los intereses privados que los de la ciudadanía.

Así, Equo estimó que la decisión es «un paso más en la clara apuesta de este gobierno por las energías más contaminantes y peligrosas frente a las renovables».

Además, consideró «inaceptable» que se haya decidido prorrogar la vida de una central que fue diseñada para 40 años y que ya tiene 42, lo que la convierte en la más vieja de España. «Cada año que pasa es menos segura. El gobierno lo sabe, pero ignora los hechos y cede a las presiones de las eléctricas», apostilló.

Finalmente, Comisiones Obreras no prevé interponer un recurso contra la revocación de la orden de cierre de la central de Garoña ni se sumará a los que interpongan otras organizaciones como los anunciados por Greenpeace y Ecologistas en Acción, según señaló el secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, Llorenç Serrano.

En todo caso, subrayó que para CCOO la central de Garoña, por sus características y su antigüedad, debería cerrarse al cumplir su vida útil. Además, añadió que el hecho de que su actividad se prolongue por encima de 40 años, más allá de las cuestiones de seguridad, que esperan garantizadas, supone «persistir en un momento de gran indefinición sobre el modelo energético futuro para España, en una planta sobradamente amortizada y que no es imprescindible para el suministro energético en España».

Asimismo, lamentó que la decisión del Gobierno convive con «la incertidumbre sobre el desarrollo de las renovables para reducir el déficit de tarifa». Serrano dudó de si el Ejecutivo se atreverá a revisar el sistema de precios y estimó que este hecho «demuestra que este Gobierno sigue aplazando las cosas importantes».