Industria modifica el decreto del carbón por la presión de Bruselas y lo reenvía a la CNE

Diversas fuentes atribuyeron la modificación del decreto a las trabas que ha puesto Bruselas en relación con las compensaciones previstas para las centrales que dejarían de producir electricidad al funcionar más tiempo las térmicas de carbón.

La Comisión Europea está a favor de que el Gobierno de España impulse la producción de la demanda energética de generación autóctona (hasta el 15%). Sin embargo, no está de acuerdo con las compensaciones económicas para los ciclos combinados de gas (desplazados por un mayor consumo del producto autóctono) y con el reconocimiento del lucro cesante que el Ejecutivo quería implantar, puesto que consisten en incentivos que no se justifican por motivos estratégicos de autoabastecimiento nacional.

Al parecer, no ha sido necesario que el organismo europeo remita un informe oficial sobre el decreto español al carbón, pues el Ministerio de Industria ha verificado, en las consultas extraoficiales previas, que el texto sería rechazado por ir en contra de la normativa comunitaria.

Por este motivo, Industria ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el borrador de un nuevo real decreto en el que se modifica el anexo 3, en el que se recogían las compensaciones a las centrales de ciclo combinado de gas, a fin de evitar que su contenido se considere como una ayuda de Estado incompatible con la legislación comunitaria.

A pesar de estas modificaciones, Industria ha expresado su satisfacción porque la Comisión Europea ha dado por válido el cuerpo central de esta norma.

Un real decreto envuelto en la polémica

Desde que a finales del año pasado se conociera la intención del Gobierno de incentivar el carbón nacional mediante la obligación a una decena de centrales térmicas a quemar dicho material autóctono, la polémica estuvo servida.

Tanto la Comisión Nacional de Energía (CNE), como la Comisión Nacional de Competencia (CNC) emitieron sendos informes en los que cifraban los costes de esta medida en 750 y 1.200 millones de euros anuales, respectivamente.

Las eléctricas tampoco se mostraron muy contentos con la medida, aunque ahora Industria asegura que la norma no perjudicará «excesivamente» a ninguna compañía porque se apoya al carbón nacional frente al carbón de importación y no se perjudica a las centrales de ciclos combinados de gas.

Asimismo, también generó el resquemor de los ecologistas que afirmaron que esta norma podría perjudicar al medio ambiente, al tiempo que suponía una contradicción con las medidas tomadas por el Ejecutivo de Zapatero a favor del cambio climático. Además, se sabía que esta ley iba en contra de la legislación de la Unión Europea.

A pesar de las numerosas críticas que recibió el Gobierno (algunas haciendo alusión al favoristismo que mostró el presidente Zapatero por los mineros de la zona de donde procede), el Consejo de Ministros aprobó la normativa hace un mes y su contenido ya fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin embargo, la entrada en vigor del decreto estaba condicionada a que Red Eléctrica de España (REE) resolviese aspectos técnicos relacionados con la gestión del nuevo entorno de generación y a la aprobación por parte del Ejecutivo de Bruselas. Una aprobación que, oficiosamente, no ha conseguido.

En este nuevo escenario, es muy probable que tano la CNE como la CNC se manifestarán, nuevamente, en contra de dicho proyecto de real decreto.

Por su parte, Greenpeace ha valorado positivamente y como «un éxito» la noticia sobre la retirada del decreto 134/2010, sobre la que había presentado alegaciones y pensaba recurrir judicialmente.

«Los hechos demuestran que las renovables ya han derrotado al carbón y no deja de ser paradójico que el Gobierno se empeñe en resucitar un sector destinado a desaparecer mientras bloquea, cada vez más, el desarrollo de uno de los sectores punteros en España: el de las energías renovables», ha declarado José Luís García Ortega, responsable de la Campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace.