La Fundación Endesa pide un pacto de energía y la apertura de la central de Garoña

Rafael Miranda, que ha participado en la reunión del XXIII Consejo Industrial organizado por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, ha considerado que la decisión del gobierno de cerrar Garoña en 2013 es «una equivocación» por lo que ha expresado su apoyo a los recursos presentados por Nuclenor, la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios afectados por Centrales Nucleares.

El presidente de la Fundación Endesa ha considerado que Garoña puede seguir funcionando «con todas las bendiciones del Consejo de Seguridad Nuclear» y ha señalado que, además, es un «símbolo» para el resto de centrales nucleares españolas.

En su opinión, «España no puede perder el camino nuclear» por lo que ha considerado que la primera decisión que debe tomar el Gobierno es prologar la vida útil de Garoña porque si no emite una «señal equivocada» al resto de centrales sobre las inversiones a realizar para garantizar el futuro de estas instalaciones.

El presidente de la Fundación Endesa ha considerado que el Gobierno debe tener «coraje» para poner en marcha las «reformas necesarias» para reactivar la economía y, entre ellas, ha señalado la necesidad de consensuar un nuevo modelo energético basado en un «mix equilibrado» de energías tradicionales y renovables.

Miranda ha explicado que España tiene ya en estos momentos una posición «muy importante» en energías renovables y ha recomendado «prudencia» en su desarrollo porque si no «se cumplirán muy bien los requisitos medioambientales pero no los de competitividad y seguridad del suministro».

Castilla y León entiende la petición de indemnizaciones

Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que la Junta entiende la petición de indemnizaciones por parte de ayuntamientos y de las empresas propietarias de la central de Santa María de Garoña (Burgos) por el cierre «caprichoso, fruto de devaneos progresistas» del Gobierno de España establecido para el año 2013.

Asimismo, indicó que a la iniciativa privada se le exigen inversiones para alargar la vida útil de la planta, mientras se decide poner fina a la actividad de la planta.

En ese sentido, De Santiago-Juárez criticó que el Gobierno central desoyera al CSN, que dictaminó que la central de Garoña podía seguir funcionando diez años más, sin que ello supusiera una amenaza para la seguridad ciudadana.

Finalmente, el portavoz del Ejecutivo autonómico planteó que debe conciliarse las energías verdes y la nuclear, explicó que ésta es la política energética de los países del entorno de España y aseveró que ningún estado ha decidido dejar de producir energía nuclear.

Además, también apoyó la presentación de recursos contra la orden ministerial que regula el fin de la actividad de la planta atómica burgalesa.