La mina, el pozo sin fondo y la sima

En estos momentos, el conflicto, con enorme y artificial virulencia verbal y de orden público, está reabierto por la previsión de los Presupuestos Generales del Estado de reducción de un 63% en el volumen de las ayudas del Plan del Carbón respecto a 2011.

En términos políticos, la interrupción en la cultura del subsidio y la subvención ha producido un fuerte seísmo en el partido del gobierno, expuesto a la contradicción de la presión del votante de dichas comarcas y a la necesidad de efectuar recortes en las ayudas a sectores improductivos, lo que ha llevado a una escalada de agresiones verbales e insultos poco edificantes (ataques a alcaldes, insultos al ministro, intentos de derribos de helicópteros, agresiones). Un día habrá que estudiar los efectos de las políticas complacientes de subvenciones y de las ayudas en nuestro país y de sus catastróficos resultados, por la indolencia de quienes participan en ello.

Al mismo tiempo, como se puede ver en los medios de comunicación, se están produciendo graves problemas de orden público, rayanos en el terrorismo, que deben ser investigados y perseguidos con la mayor ejemplaridad de la ley, tanto en ejecutores, como auspiciadores e instigadores, máxime cuando se están poniendo en peligro vidas humanas por actuaciones inconscientes, irresponsables y vicarias de intereses escondidos de oligarquías locales.

En términos de análisis del mismo, que el conflicto no tenga lógica económica, política o social, no quiere decir que no tenga una lógica intrínseca, endiablada en el trasfondo de los comportamientos que subyacen tras un conflicto artificialmente virulento, incendiado por el comportamiento, casi automático de quienes lo operan, lo alientan y ejecutan. Eso y la conjunción de «la épica del duro trabajo de la mina», proporcionan una coartada, una adhesión y comprensión social, que serían difíciles de sostener si se explicase blanco sobre negro y con números el escarnio del Erario Público y la utilización que se hace de los propios mineros por parte de intereses que despliegan sus tentáculos hasta llegar a la política desde hace muchos años.

Desde el punto de vista económico, alguien debería ocuparse de «juntar las piezas». Quiere decirse, de hacer el cálculo de integrar, sumar, adicionar todos los recursos económicos que van a parar a esa actividad, a esas empresas, a esas comarcas, con la coartada de la ayuda al carbón nacional. Estas son: los costes del Plan del Carbón con sus subvenciones directas a las empresas en estos últimos años, la obligatoriedad de la quema de carbón nacional para la generación de electricidad (garantizando un nivel de producción de las explotaciones mineras y, por tanto, la venta de este combustible fósil y los ingresos de estas empresas), y, por otro lado, las ayudas a los municipios y comarcas a efectos de reindustrialización y desarrollo de las mismas. Añadamos a eso, lo que el propio sistema de Seguridad Social aporta en términos de jubilaciones anticipadas. Todo es poco para mantener un esquema protector de intereses y de poder, que es vox populi en las propias comarcas.

Desde el punto de vista social y de desarrollo regional, habría que plantearse en qué o en quién se han materializado esos fondos, dónde están, qué tipo de redes clientelares se han ido tejiendo gracias a la discrecionalidad, gestión y administración de dichos fondos, y qué papel tienen los cabecillas e instigadores de estas revueltas de las cuencas mineras en su gestión. Pero es más: tanto es así, que los protagonistas actuales de todos estos incidentes y de esta agitación ya tienen una muy tenue relación con los propios mineros que trabajan actualmente en el sector.

Desde el punto de vista social, además, se da una curiosa y particular unidad vertical entre patronales y sindicatos que en cualquier otro sector sería impropia incluso de la «lucha obrera». Incluso cuando aparecen los mecanismos de suspensión del pago de las nóminas por parte de las empresas, se desata una reacción instantánea con reacción inmediata. Todo tiene un cierto aire de representación orquestada. Cada vez que hay amenaza en el volumen de subvenciones que se esparcen, se cierra la nómina. Y, eso que, si se suman todos los recursos anteriores y se dividen por el número de trabajadores del sector, saldría el bochorno de comprobar los resultados exorbitantes del coste del mantenimiento de cada puesto de trabajo, incluidas las canonjías por su mantenimiento.

Los gobiernos sucesivos no han querido o sabido hincarle el diente al problema, en la medida en que la capacidad política, gestora y económica de los diferentes responsables ha dejado mucho que desear, sobre todo cuando la economía española se permitía el lujo de que sus representantes pudieran dedicarse a dar abrazos. Bajo la pátina de la conmiseración social y el relato de la épica, se está asistiendo a que un volumen importante de fondos se vaya por un sumidero. La alarmante falta de capacidad gestora, económica y de negociación seria, evidencia la ausencia de pericia en los asuntos públicos desde hace muchos años, de forma que sigue instalada en los atavismos. Los tiempos han cambiado, todo empieza a ser más duro y parece que el Gobierno resiste.

Y las preguntas son, ¿cómo es posible que nadie esté interesado en que se levanten esas alfombras y aflore el destino de estos fondos y sus sobrecostes? ¿Por qué se abusa de los pobres y esforzados mineros? ¿Por qué se ha abandonado el discurso, incluso el de las nuevas actividades? ¿Cuál es la razón de que estas comarcas permanezcan en la miseria, pese a la inyección de fondos realizada desde distintas instancias y mecanismos? ¿Cómo es posible que el nuevo sur sean muchas comarcas mineras por la indiferencia al latrocinio que tienen las autoridades con las estructuras caciquiles que mantienen esquemas medievales de poder?

Por otra parte, necesitamos una clase política y de gobierno que profundice en serio en este problema. Que tenga capacidad para airear cuál ha sido el destino que han tenido estos fondos multimillonarios y valorar dónde se han rebañado los mismos e imponer la racionalidad económica y social de un proceso ordenado de cierre de la actividad, con un esquema social y protector directo, eficaz, con buena administración, evaluación de su destino y resultado, eficiente en sus costes, sin intermediarios, transparente y fiscalizado que cumpla la finalidad de estos recursos y de cambiar la estructura productiva de estas comarcas.

Si no, la minería acabará siendo un pozo sin fondo y seguirá en la sima de los sectores económicos que llevan al pasado.