La «evasión» de Hacienda en el déficit tarifario

Evidentemente, en la actualidad, es un hecho informativo que se carece de una narración y de un modelo de hoja de ruta, del origen del problema (causas políticas y decisiones en materia de energía) y de un enfoque económico y gestor de su solución acorde con las condiciones de demanda y oferta en el mercado eléctrico. Más o menos, tal y como se ha conformado el panorama mediático español, se difunden propuestas para quemarlas, gracias al justicialismo peronista imperante sobre todo cuando se habla de los precios de la electricidad (que irá acrecentándose conforme siga el deterioro del Ejecutivo y disminuya la capacidad de aplicar medidas dolorosas), de forma que, para cada solución hay varios problemas.

El hecho es que lo conocido pasa, además de por otras decisiones de recorte de inversiones, retribuciones reguladas, etc…, por idear una tasa a la generación más o menos selectiva por tecnologías, cuyas teorías presentan muchas variantes. La primera consiste en aplicar los supuestos retroprogresivos de laminación del mercado de la electricidad, asumiendo argumentos falsos relativos a la amortización total de determinadas tecnologías (nuclear e hidráulica). Contra lo que pudiera parecer, esta alternativa ha sido largamente labrada por estos colectivos y, de hecho, algunos miembros del Ejecutivo y el responsable de la Oficina Económica del Presidente son cercanos a la misma. Además, una cierta connivencia con un acuerdo político de amplio espectro podría facilitarla.

Otro segundo enfoque es el que consiste en aplicar una tasa generalizada y homogénea por unidad de generación (MWh). Y, un tercer enfoque, cuestionado por las presiones diplomáticas, de las entidades y países que han financiado el desarrollo renovable español, sería incorporar una tasa a la generación renovable, cuya desviación entre la retribución prevista y su rentabilidad real por primas y por cantidades se ha visto desmandada por la dejación de la actuación de las Administraciones Públicas. En todo caso, dichas tasas o impuestos tienen un efecto de traslación final a precios de la energía o de pérdida de valor de las empresas, según como se articule el tributo correspondiente (sea un impuesto indirecto a las instalaciones, un gravamen a la generación por unidad de producción o un incremento “discriminatorio” o “no neutral” en el impuesto de sociedades).

Pero desde el punto de vista hacendístico hay más cuestiones en el alero y no parece que el departamento que dirige Cristóbal Montoro se sienta impelido en el problema. Primero, el traslado de determinadas partidas presupuestarias dirigidas a asumir los costes del suministro extrapeninsular con sus peculiaridades, exigencias, necesidades y requerimientos derivados de su complejidad. Dicho coste se trasladó de los Presupuestos Generales del Estado al coste del suministro, es decir, a la tarifa, en el primer real decreto ley del año y allí se ha quedado en los Presupuestos de 2012. Por tanto, la política presupuestaria de ingresos y gastos también afecta e impacta al déficit tarifario por un tipo de decisiones políticas de nuevo cuño, que acentúan el carácter político del déficit (de controlar los precios vía política para no generar desasosiego social a endosar déficit público, transformándolo en déficit tarifario y trasladarlo a las empresas como financiadores). Y, esto es así, quizá por el hecho de que el propio Montoro es partidario de una solución indolora socialmente, a costa de las empresas y del sector energético español.

Otra cuestión, muy relevante desde el punto de vista de lo presupuestario, y que puede participar en la solución del déficit tarifario, es el modelo de compensación de los derechos de emisión y su aplicación al coste del suministro eléctrico. Y, finalmente, otra de las soluciones barajadas, también de índole fiscal y que se ha puesto encima de la mesa, es el denominado “céntimo verde” a los hidrocarburos para compensar los esfuerzos por la reducción de emisiones operado en la generación de energía con cargo a la tarifa eléctrica y coste del suministro. En todo caso, al respecto no parece que exista una claridad en el debate y en las propuestas, ni en la política a aplicar, dado que requeriría mayor grado de coordinación entre áreas del Gobierno que la que evidencia el Ejecutivo.

En definitiva, se trata también de contar con un modelo de fiscalidad y de participación de los Presupuestos Generales del Estado que no se evada de un problema que ha sido generado por actuaciones de política económica, de política energética y de política fiscal que han incidido, vía intervención, en el engrosamiento del déficit tarifario. La pregunta en este estado de cosas es a qué se debe la inhibición del Ministerio de Hacienda en este problema, incluso el sabotaje ejercido sobre el Ministerio de Industria, con determinadas actuaciones como la traslación de los costes extrapeninsulares a la tarifa eléctrica (algo que debería hacer que el propio ministro, el canario, José Manuel Soria, estuviera que bufara).

En tiempos de dudosa amnistía fiscal, tenemos un modelo nuevo de evasión en el Ministerio de Hacienda. Y consiste en ponerse de perfil en problemas en los que ha participado.