La nueva CNE emplea la motosierra

Era la primera prueba de fuego para el organismo que preside Alberto Lafuente y, así, el nuevo Consejo de Administración se ha puesto en marcha con lo que se puede decir que es una declaración de intenciones: podar indiscriminadamente los componentes de la tarifa, cueste lo que cueste. En suma, se trata de cortar con la motosierra, en lugar de promover una buena regulación integrada en un contexto global de funcionamiento de mercado.

Los representantes de los colectivos retroprogresivos señalan que este mecanismo es la respuesta de Industria a los intereses de las empresas eléctricas, dado que todo se explica en términos de intereses, presiones y dialéctica. La Comisión Nacional de Energía sugiere que con la sobrecapacidad existente en el sistema no es necesario ni urgente regular los pagos por capacidad.

La necesidad de regular un sistema de pagos por capacidad, que garantice el respaldo del sistema eléctrico ante un mix energético con dependencia cada vez mayor de las tecnologías renovables e interrumpibles, es una necesidad evidente, y el sistema de pagos por disponibilidad no lleva incompleto durante sólo estos tres meses, sino desde la aprobación del decreto del carbón nacional.

Sobre todo porque, si bien el regulador reconoce la caída de la demanda y la sobrecapacidad existente en la generación eléctrica, también es cierto que es necesario mantener estas instalaciones disponibles de cara a la cobertura de picos que no pueden ser atendidos por el resto de instalaciones de generación. Y, todo ello, en un contexto en el que se establece un volumen concreto de producción obligatoria de electricidad con carbón nacional, que conlleva una serie de efectos sobre los que el regulador se inhibe en un ejercicio de adanismo.

Por otra parte, es reprobable que la Comisión Nacional de Energía haya tardado un trimestre en analizar este sistema de pagos por disponibilidad. Y el desenlace, tras este largo lapso de tiempo ha acabado en que la CNE informe, no informando. Para mayor abundamiento, este regulador se ofrece ahora para elaborar un mecanismo alternativo en el plazo de seis meses.

Esta cuestión ha sufrido dos ponencias y el deterioro en barrena del organismo. Por tanto, ¿qué es lo que se ha estado haciendo hasta el momento en el seno del organismo con respecto a este reglamento? Y segundo, no es nada tranquilizador que sea este organismo quien efectúe este estudio, a la luz de las intenciones que se le atisban y de su prestigio, especialmente cuestionado en el ámbito de la regulación eléctrica reciente.

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