La Comisión Europea recuerda que no puede actuar legalmente contra Argentina por el caso YPF, a pesar de la denuncia puesta ante la OMC

El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, insistió en que la denuncia planteada por Bruselas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) se centra únicamente en las restricciones a las importaciones, como la exigencia de licencias, y es un asunto independiente al de YPF.

La nacionalización de YPF no fue denunciada directamente en Ginebra porque según la Unión Europea se trata de un caso de «expropiación de una inversión» que no está cubierto por las reglas de la OMC.

Para De Gucht, la de la petrolera «fue quizá la medida proteccionista más visible tomada por Argentina y llegó a los titulares, pero si se mira más en profundidad, la política comercial de Argentina ha echado raíces en prácticas comerciales injustas«.

Fuentes comunitarias confirmaron que, pese a no tener relación directa, la decisión de Buenos Aires de expropiar la petrolera a la española Repsol aceleró el expediente sobre las importaciones, puesto que todas esas cuestiones «constituyen la expresión de una dirección política en Argentina que es muy preocupante para las compañías europeas».

En el caso de Repsol e YPF, la Comisión -que recibió competencias en materia de inversión extranjera con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa- consideró que no puede ser parte al no tener aún ningún tratado en este campo con Argentina, a diferencia de lo que ocurre en el plano comercial.

El asunto, por tanto, se dirime en el marco de un «acuerdo de inversiones bilateral» entre España y Argentina, por lo que Bruselas no está «involucrada directamente», subrayó De Gucht.

El comisario, en todo caso, aseguró que la institución está «trabajando estrechamente con España y siguiendo muy de cerca lo que ocurre». En este sentido, manifestó que Bruselas «todavía está considerando todas las opciones disponibles» para responder al caso Repsol.

La Comisión Europea, desde un principio, apoyó claramente a España en su choque con el Gobierno de Cristina Fernández y llegó a cancelar varias reuniones previstas con las autoridades argentinas en señal de protesta.

Madrid planteó a la Unión Europea la posibilidad de estudiar represalias como una exclusión de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP), del que se benefician las exportaciones de ese país para entrar en el mercado comunitario, o continuar las negociaciones comerciales que hay con Mercosur sin contar con Buenos Aires. Preguntado al respecto, De Gucht aseguró que por ahora no se están discutiendo esas acciones.

Mientras tanto, la Unión Europea lanzó este caso contra Argentina en solitario, pero no descartó que se sumen otros países. El pasado 30 de marzo, un total de 19 socios de la OMC -entre ellos Estados Unidos, Japón o Australia- firmaron una declaración conjunta reclamando a Buenos Aires que levantara las restricciones.

Como primer paso en el procedimiento, que podría durar años, la Unión Europea solicitó consultas con Argentina en un intento de que levante las restricciones. Si no se encuentra ninguna solución en el plazo de sesenta días, Bruselas pedirá que se establezca un tribunal en la OMC para pronunciarse sobre la legalidad de las medidas. Si la Unión Europea gana el caso, obtendrá el derecho de imponer recargos en los aranceles de los productos procedentes de Buenos Aires.

Las restricciones implantadas por Argentina en 2011 afectaron a cerca de 500 millones de euros de exportaciones comunitarias en ese mismo año. En 2012, las medidas se ampliaron a todos los productos, con lo que la magnitud del comercio potencialmente afectado podría ascender a 8.300 millones de euros anuales. En el último año, las exportaciones de la Unión Europea a Argentina cayeron un 4%.

Entre las restricciones que la Unión Europea ve ilegales destacó que Argentina subordina la importación de todas las mercancías a un régimen de autorización previa y de preinscripción, la Declaración Jurada Anticipada de Importación. Desde febrero de 2012, este requisito de autorización previa se aplica a todas las importaciones.

Centenares de mercancías también necesitan una licencia de importación. Estos procedimientos retrasan sistemáticamente las importaciones, o hacen que se las rechace por razones poco transparentes. A principios de 2011, ese régimen de licencias afectaba a más de seiscientos tipos de productos, como la maquinaria eléctrica, las piezas de los vehículos y los productos químicos.

Finalmente, Argentina exigió que los importadores equilibren las importaciones con exportaciones, o que incrementen el contenido local de los productos que fabrican en Argentina, o que no transfieran sus ingresos al extranjero.

Esta práctica, según Bruselas, es «sistemática, no escrita y falta de transparencia» y se convierte en una condición a los importadores para para obtener la licencia que les permita importar sus mercancías. Ello retrasa o bloquea las mercancías en la frontera y ocasiona pérdidas importantes para la industria de la Unión Europea y de todo el mundo.