Los fotovoltaicos perderán 10 millones de euros en avales por retrasos en el plazo

Los titulares de las instalaciones pueden solicitar una prórroga de 4 meses si justifican el retraso, aunque la concesión de ésta dependerá del criterio que aplique cada comunidad autónoma.

El 18 de febrero del año pasado, el Ministerio de Industria adjudicó 88,7 megavatios (MW) de potencia fotovoltaica y dio a sus titulares un plazo de doce meses para su instalación y puesta en marcha.

La patronal fotovoltaica ASIF calcula que alrededor del 20 por ciento de las instalaciones no se van a terminar a tiempo, por lo que sus titulares corren el riesgo de que le sean ejecutados los vales que depositaron tras la adjudicación, lo que conllevaría la pérdida de entre 9 y 10 millones de euros.

La normativa vigente (RD 1578/08) exige la presentación de avales por valor de 50 euros el kilovatio, en el caso de instalaciones pequeñas en tejado, y de 500 euros el kilovatio en el de plantas grandes en tejado e instalaciones en suelo, categoría a la que pertenecen del 95 por ciento de la potencia adjudicada.

En virtud de estas estimaciones, en febrero se ejecutarán avales por valor de unos 9 millones de euros si los titulares no logran la prórroga de 4 meses.

La patronal fotovoltaica ASIF ha pedido al Ministerio de Industria y a las comunidades autónomas que sean «inflexibles» a la hora de ejecutar los avales porque de ello depende que el sector alcance el ritmo de crecimiento previsto en la normativa.

Si una instalación no está terminada dentro del plazo de doce meses y no justifica el retraso convenientemente, la comunidad autónoma en la que se ubica debe ejecutar el aval, mientras que Industria debe eliminarla del registro que da derecho a cobro de primas para que esa potencia puedan volver a formar parte del cupo anual concedido al sector fotovoltaico.

Por su parte, Industria recordó recientemente que el incumplimiento del plazo de doce meses supondrá la cancelación de la inscripción y la pérdida de la retribución que le hubiera sido asignada en dicha convocatoria.

Asimismo, supondrá la ejecución del aval depositado para participar en el procedimiento, dijo el Ministerio, que apuntó que la prórroga de cuatro meses se reservará a casos «muy excepcionales y justificados».

La potencia asociada a las instalaciones que sean canceladas del registro de preasignación se incorporará como potencia adicional a la convocatoria siguiente a su cancelación, en el mismo tipo o subtipo, según corresponda.

Dado el elevado número de solicitudes presentadas en cada convocatoria respecto de los cupos previstos, resulta especialmente importante recuperar aquella potencia que no haya sido ejecutada, añadió Industria.

Según datos avanzados del cierre de 2009, la patronal estima que de los 502 MW adjudicados con cargo a ese ejercicio, se habrán instalado menos de 100 MW, aunque muchos de los proyectos aún disponen de meses para ser completados.

Los retrasos en la tramitación de licencias o el hecho de que algunos titulares esperan que aún bajen más los precios de los paneles solares, son algunos de los motivos de la tardanza en la puesta en funcionamiento de algunas instalaciones.