Greenpeace recurrirá el proceso para ubicar el ATC

Carlos Bravo calificó el procedimiento seguido por el Gobierno central como «antidemocrático y opaco», y aseguró que «viola la legislación vigente en España».

En concreto se refirió al «Convenio de Aarhus», ratificado por España, y que regula el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

«Para decidir el emplazamiento de un centro como el ATC, que conllevará la instalación de un centro asociado de experimentación con residuos radioactivos, la normativa vigente obliga a poner en marcha un proceso que sea participativo desde el primer momento, en el que se involucren todos los agentes sociales interesados, y la Administración en este caso ha hecho gala de una falta de transparencia alarmante», dijo.

Por ello, señaló que «vamos a presentar una resolución porque todo el proceso debe ser impugnado; así las candidaturas actuales dejarían de tener valor, y entre todos podríamos consensuar la opción menos mala en gestión de residuos», apuntó.

En su opinión, esa opción pasaría por el anuncio por parte del Gobierno central de un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares operativas en España, y la búsqueda del consenso entre tanto.

La propuesta que él y otros grupos ecologistas proponen descarta la opción del almacén centralizado y apuesta por almacenes individualizados en cada una de las centrales nucleares existentes.

El ATC no dará empleo a los pueblos

Asimismo, aseguran que la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en un área económicamente deprimida no dará empleo de forma continua a la zona, ya que demandará perfiles profesionales altamente cualificados.

Así lo afirma Meritxell Bennasar, de la campaña por el Cierre de las Centrales Nucleares de la organización, en una comunicación que Greenpeace ha remitido a sus socios.

Según datos de esta ONG, la construcción del cementerio nuclear generaría en un primer momento unos 300 puestos de trabajo, aunque «sólo durarán cinco años», hasta que el emplazamiento esté terminado.

Cuando la instalación comience a funcionar «se reducirán a unos 100 puestos y, la mayoría, muy especializados», con lo que «no serán ocupados por la gente de la zona».

Bennasar también alerta de que estas instalaciones «destruyen» empleo por la disminución del turismo, del número de casas rurales, el abandono de la agricultura o la pérdida de denominaciones de origen que puede generar.