ACS presenta alegaciones contra la solicitud de medidas cautelares de Iberdrola por la «ley antiblindajes»

Esta semana acaba el plazo que tenían tanto la constructora como el Estado, las partes implicadas en el proceso, para presentar en el máximo órgano judicial sus alegaciones respecto a la solicitud de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán.

El 2 de julio de 2010 entró en vigor la Ley de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, excepto el artículo 515 referido a la reforma de los derechos de voto que, en cumplimiento de lo previsto en la propia ley, entró en vigor el 1 de julio de 2011 para todas las empresas cotizadas, sin excepción.

Además de Iberdrola, las limitaciones de los derechos de voto deberán ser eliminadas de los estatutos de otras empresas como Telefónica o Repsol, al igual que ya hizo la hotelera NH, días antes de la entrada en vigor de la norma.

Iberdrola ya solicitó el pasado año al alto tribunal la adopción de medidas cautelares contra la ley. En aquel momento, el Supremo rechazó la petición de Iberdrola al entender que la pretensión de la eléctrica suponía una grave perturbación de los intereses públicos y al no quedar suficientemente acreditada «la irreparabilidad o irreversibilidad de los perjuicios» que Iberdrola aducía.

Iberdrola presentó un recurso de casación en el Supremo contra esta decisión del tribunal que aún continúa tramitándose y a la espera de resolverse.

Admitida a trámite la demanda de ACS contra la junta de Iberdrola

Por otro lado, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao admitió a trámite la demanda de impugnación presentada por ACS, a través de la sociedad Residencial Monte Carmelo, de los algunos de los acuerdos adoptados en la última Junta General de accionistas de Iberdrola, en la que se le volvió a negar la presencia en el consejo de la eléctrica.

El auto judicial recoge que ACS, como principal accionista de Iberdrola, ya que controla casi el 20% del capital, «reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales» para comparecer en el juicio sobre la representación en el consejo de la compañía eléctrica.

La constructora pidió que se declararan «nulos de pleno derecho» varios acuerdos adoptados en la junta de accionistas de la compañía eléctrica vasca celebrada el 27 de mayo, relativos a sus estatutos sociales y que dejaban a ACS fuera del consejo de Iberdrola.

El juzgado se declaró competente en el procedimiento iniciado por ACS y estableció que a partir de la comunicación del auto, la eléctrica tiene veinte días para pronunciarse sobre la demanda, que se sustanciará por los cauces de juicio ordinario.

El pasado año ACS impugnó la decisión de la Junta de Iberdrola que no le permitió la entrada de un representante de la constructora en el consejo de la eléctrica. El pasado enero, el juzgado de Bilbao que vio esa demanda de impugnación la desestimó íntegramente por entender que ambas compañías son competidoras, un fallo que la constructora recurrió ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, que todavía no se ha pronunciado.

En la última Junta de Accionistas de Iberdrola el secretario del consejo de ACS, José Luis Del Valle, ya anunció que estudiarían la impugnación de algunos acuerdos y acusó a la eléctrica de «restringir los derechos de voto» de los accionistas.

Del Valle mostró su rechazo a la modificación de varios artículos de los estatutos de la eléctrica, como el 30.1 por el que se fija que no podrán ejercitar su derecho de voto en la Junta General en relación con los asuntos o propuestas «los accionistas que se hallen en conflicto de interés».