Las eléctricas deberán presentar facturas desglosadas y disponer de un servicio gratuito por teléfono

El anteproyecto estipula además un sistema de multas por incumplimiento de las nuevas normas por parte de las comercializadoras e introduce el concepto de consumidor vulnerable de luz, que quedará asimilado al bono social ya en práctica.

El bono social, con tres millones de clientes acogidos, fue creado en 2009 por el Gobierno para proteger a los consumidores más vulnerables, a los que no se les aplicarán las subidas de la luz hasta finales de 2013.

Junto a esto, exigirá a los comercializadores que cumplan con los plazos de cambio de suministrador y estipula que los incumplimientos de las nuevas normas pueden suponer para los comercializadores multas que no podrán sobrepasar el 10% del volumen neto de la cifra de negocios.

Asimismo, las compañías tendrán tres meses para contar con esos servicios de atención al cliente así como su correcto mantenimiento, incluido uno de reclamaciones con dirección postal.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el anteproyecto incorpora las directivas europeas e incluye normas para favorecer la competencia.

En concreto, el anteproyecto tiene como finalidad adecuar la ley 54/1997 del Sector Eléctrico a las directrices de la Unión Europea, para lo que transpone la directiva sobre normas comunes del mercado interior de la electricidad y busca, entre otros aspectos, profundizar en la liberalización de los mercados, una mayor armonización de las competencias de los reguladores nacionales de energía, así como el fortalecimiento de su independencia y prestar una atención especial a la defensa de los consumidores.

Además, establece que la aplicación de mecanismos de cooperación comunitarios por parte de otros Estados miembros para el cumplimiento de sus objetivos de energía renovable no podrá afectar a la producción renovable nacional.

La nueva norma, indicó el Ministerio de Industria, será remitida con carácter de urgencia al Parlamento para el inicio de su debate a partir del mes de septiembre y su posterior convalidación con rango de ley.