El Gobierno mantiene la estructura de REE como gestor y transportista

Industria señaló que el sistema eléctrico español ya cumplía con los requisitos de separación patrimonial de los activos de transporte establecidos por las directivas europeas.

Si bien no se incorporan las separaciones adicionales en REE, la norma recoge las limitaciones accionariales de la sociedad matriz a la que pertenece el operador del sistema, gestor de la red de transporte y transportista.

En un primer planteamiento, el Gobierno había apuntado la posibilidad de crear dos sociedades en Red Eléctrica para cada actividad, algo que había creado cierto malestar en la compañía presidida por Luis Atienza, donde se defiende la eficiencia y el buen funcionamiento del modelo actual.

El anteproyecto también incluyó que Red Eléctrica pueda realizar proyectos experimentales en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares y eliminó la prohibición a los operadores dominantes para importar energía eléctrica procedente de países fuera del ámbito del MIBEL (Mercado Ibérico de Electricidad).

Fortalecimiento de la independencia de la CNE

Por otro lado, el Gobierno señaló que la nueva normativa refuerza las competencias de la Comisión Nacional de Energía (CNE). En este sentido, se dictó que los actos y resoluciones del organismo pondrán fin a la vía administrativa.

Se amplió además a 6 meses el plazo para los inspecciones del organismo y se precisó que sus competencias en expedientes sancionadores son «sin perjuicio de las competencias exclusivas de otros órganos de las Administraciones Publicas», como la Comisión Nacional de Competencia.

En cuanto a la denominada Función 14, conforme a la que se analizan operaciones significativas en el sector, se reforzó la necesidad de justificar la denegación de la autorización de adquisiciones sobre la base de la existencia de riesgos significativos y se redujo a un mes el plazo de resolución para evitar distorsionar los procesos de compraventa del mercado«.

También estableció que la tramitación de reclamaciones se conducirá en coordinación entre las comunidades autónomas y la propia CNE vía protocolos de actuación.

Como ya se hizo en el anteproyecto de ley del Sector de Hidrocarburos, se dictó que los actos y resoluciones adoptadas por la CNE en el ejercicio de sus funciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El anteproyecto, que ahora se remite con carácter de urgencia al Parlamento para el inicio de su debate, busca adecuar la ley 54/1997 del sector eléctrico a las directrices de la Unión Europea.

Industria señaló que los propósitos fundamentales del anteproyecto de ley son «profundizar en la liberalización de los mercados y prestar una atención especial a la defensa de los consumidores».