La caída del consumo por la crisis reabre la lucha entre las fuentes energéticas

En este contexto, el Gobierno planea para España un futuro renovable y con menor peso nuclear, al tiempo que busca alcanzar con el PP un pacto de Estado en el ámbito de la energía para dar estabilidad al sector y a las millonarias inversiones que realiza.

El año ha estado marcado también por la liberalización de la comercialización de electricidad y por la publicación del decreto que pone fin en 2013 a la generación del déficit de tarifa, una deuda con las compañías eléctricas que se genera porque los ingresos recabados vía recibo de la luz no cubren todos los gastos que soporta el sistema y que ya roza los 20.000 millones de euros.

Debido a la crisis financiera, las eléctricas tenían dificultades para titulizar esta deuda, por lo que el Ejecutivo ha decidido dar el aval del Estado a estas emisiones por valor de hasta 10.000 millones de euros, que serán gestionados en un fondo que se pondrá en marcha a inicios de 2010.

En lo que respecta a la demanda, 2009 cerrará con un descenso del consumo eléctrico superior al 4 por ciento, mientras que el uso del gas natural bajará más de un 10 por ciento y el de productos petrolíferos retrocederá cerca del 6 por ciento, con recortes de más del 5 por ciento en el consumo de gasolinas y gasóleos.

Y todo debido a la caída de la actividad económica consecuencia de la crisis que ha llevado a un menor uso del transporte por carretera, así como a un menor consumo eléctrico que, a su vez, ha lastrado el uso de gas natural para la generación eléctrica.

Ante este panorama, los presidentes y consejeros delegados de las compañías basadas en fuentes tradicionales, como la nuclear, la hidráulica, el gas natural o el petróleo, han cargado con fuerza contra las subvenciones públicas que reciben las energías renovables, que en 2020 deberán aportar el 20 por ciento del consumo de energía primaria por mandato de la Unión Europea.

El Ejecutivo apuesta por alcanzar este objetivo y para ello no duda en mantener su apoyo a las renovables, que este año se llevarán en primas unos 3.500 millones de euros y que sitúan a España en la vanguardia tecnológica en energía eólica o solar.

Frente a este futuro «verde», contrasta el decreto que prepara el Gobierno para apoyar el uso del carbón nacional por parte de las eléctricas, que debido a la crisis han dejado de quemarlo por ser más caro y de menor calidad que el importado. Esta normativa también ha puesto en pie de guerra al sector, que opina que distorsionará el mercado y la formación de precios.

Mientras, las petroleras y centrales térmicas reclaman más incentivos a la investigación para desarrollar tecnologías, como la captura y el almacenamiento de CO2, que les permitan contribuir a la lucha del cambio climático.

En cuanto a la nuclear, el Ejecutivo, que decidió el cierre en 2013 de la central de Garoña, ha dejado entrever su intención de ir prescindiendo de las plantas atómicas una vez culminada su «vida útil», que ha limitado a 40 años.

Por lo que respecta a los consumidores, 2009 ha estado marcado por la entrada en vigor en julio de la tarifa de último recurso (TUR), la única que ahora fija el Gobierno y que está reservada a los usuarios con una potencia contratada inferior o igual a los 10 kilovatios, que pueden elegir entre acogerse a ella o negociar su suministro en el mercado. La eliminación de las tarifas integrales ha supuesto la liberalización de la comercialización de electricidad.

Para compensar la subida de la TUR que conllevará la resolución del problema del déficit de tarifa, el Gobierno ha diseñado el «bono social», al que tienen acceso los usuarios más vulnerables -parados, pensionistas mínimos y familias numerosas- y que supondrá la congelación hasta 2012 del recibo de la luz a precios de enero de 2009.

En términos de precios, la electricidad subió el 3,4 por ciento en enero y el 2 por ciento en julio para los usuarios domésticos, en tanto que la bombona de butano ha bajado este año el 23 por ciento.

Las tarifas del gas bajaron de media el 3,6 por ciento en enero, el 10,8 por ciento en abril, el 4,2 por ciento en julio y el 1,24 por ciento en septiembre.

En las estaciones de servicio, la gasolina de 95 octanos se ha encarecido casi un 30 por ciento, mientras que el litro de gasóleo auto ha subido el 15 por ciento, después de que el Ejecutivo aplicara una subida del impuesto de hidrocarburos del 10,4% para el diesel y del 7,2% para la gasolina.