Los fotovoltaicos piden a Fabrizio Hernández el levantamiento de las suspensiones cautelares de primas

En la carta, cuya entrada en el Ministerio de Industria se produjo el pasado 9 de junio, las asociaciones advierten de que algunas de las suspensiones cautelares afectan a productores sobre los que sólo pesa «la duda sobre la validez o adecuación de los documentos presentados», sin que haya quedado demostrada su culpabilidad.

Los casos de posible fraude deben ser estudiados con «suficiente detalle» para evitar «situaciones dramáticas y desproporcionadas» que puedan conducir «a la ruina» a algunos productores que podrían ser «inocentes», señalaron los presidentes de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anper), la Asociación de Productores de Energía Renovable (APPA) y la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF).

Por este motivo, pidieron la publicación de una disposición que deje sin efecto las suspensiones cautelares, lo que no sólo evitaría una situación «dramática», sino que permitiría al Ministerio de Industria «la correcta persecución del posible fraude». En la actualidad, sus técnicos corren el riesgo de quedar «desbordados» por el estudio de todos los expedientes.

A la «grave situación» de los productores fotovoltaicos, argumentaron las asociaciones, se suman los problemas de Industria para dar curso a todos los expedientes. Una vez remitidos los más de mil casos detectados hasta la fecha por parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el Gobierno apenas dispone de tres meses para analizarlos y decidir si la suspensión de primas debe ser definitiva.

Las asociaciones constataron además que la suspensión de primas «no aporta nada» a la tramitación de los expedientes, ya que las plantas finalmente penadas serán privadas de primas, mientras que a las que acrediten adecuadamente su funcionamiento habrá que devolverles la retribución retirada.

Junto a esto, recordaron la «difícil situación financiera» del país y advirtieron de que los productores afectados por las suspensiones cautelares se están encontrando con el rechazo de los bancos a refinanciar sus proyectos, aun pudiendo ser inocentes. Esta situación les genera un «indudable riesgo de colapso económico», advirtieron.

En total, la CNE retiró primas a un total de 1.082 instalaciones fotovoltaicas desde el inicio de su investigación acerca de las plantas que no acreditaron el funcionamiento de los equipos necesarios para producir energía antes del 30 de septiembre de 2008, que es cuando expiró el marco legal al que se encontraban acogidas.

Estas instalaciones suponen, en potencia instalada, el 22% de las sospechosas, y menos del 3% de toda la energía fotovoltaica liquidada en el mes de mayo.