¡Aquí no paga nadie!

La publicación de este artículo coincide con el Sorteo de la Lotería de Navidad. Puede que tenga algún tipo de conexión, aunque sólo sea por el deseo que tenemos todos de ganarnos la vida a base de un milagro.

Para introducir el título de este texto, habría que referirse al dramaturgo italiano Dario Fo que publicó una obra panfletaria y bufa (como casi toda la obra de este autor), y que lleva por título «Aquí no paga nadie». Se trata de una crítica, en forma de sátira y de farsa, muy latina, a la sociedad de consumo en el momento en que Italia empezó a desabrocharse de una normalidad institucional.

El hecho es que la semana pasada el Parlamento aprobó una moción para reclamar que los Ayuntamientos tengan la energía más barata (lo mismo podía haber hecho con las tarifas de los móviles de Alcaldes y munícipes, pero no sucedió así). Y esto ocurre en un momento en que, fruto de un sistema perverso de financiación municipal y de muchas alegrías en los tiempos de la recalificación de suelos, los consistorios se encuentran con serias dificultades de Tesorería. ¿La solución?. La transferencia cruzada entre sectores, entre consumidores, entre ciudadanos, en lugar de resolver el problema de fondo que exigiría más análisis y más voluntad política (y que implicaría a más Administraciones, además).

La cuestión es que la energía ha sido un sector que tradicionalmente ha sufrido (y, por lo visto, seguirá sufriendo) las embestidas pertinaces de la intervención y regulación mal entendida. Y lo hace en varios sentidos y con distintas trayectorias, como las «cornás»: aguas arriba, con los intentos de fomentar la generación de energía, como es el caso reciente del carbón que esperemos que la Unión Europea ponga en su sitio. O, en el caso de las energías renovables (cuyo desarrollo es necesario en el marco de la sostenibilidad y eficiencia energética), con un modelo como el que ha dado lugar a excesos y burbujas alrededor de los proyectos en determinados sectores o sobrecostes que no son seguramente un error, sino un ajuste de cuentas con las presiones recibidas.

Todo ello ha dado lugar a que se pase de empresas que desarrollan actividad de generación, distribución, suministro y comercialización (con los procesos de inversión asociados, convertidos en boomerang), a que cobren un papel relevante otro tipo de agentes que exprimen la plusvalía intermedia de los proyectos (y frente al cual, paradójicamente como desde posiciones tan antiempresariales como la actual se perciben bastantes simpatías). Nuevos entrantes, cuyo mapa se puede dibujar alrededor de la producción de energía mediante tecnología solar, y que provienen de otros sectores que han diversificado su actividad, como es la construcción. De hecho, hoy podemos señalar que menos del 50% de la energía producida está representada a través de Unesa, lo que entre otros factores apunta a su necesaria y urgente refundación o reformulación.

En las aguas intermedias también hay intervención y a la evidencia de la distribución de energía también nos podemos remitir, en la medida que, por ejemplo, se deciden inversiones que luego no se quieren contemplar por el sistema retributivo asociado como hemos venido poniendo de manifiesto la semana pasada, generando un limbo regulatorio impropio. Aquí no paga nadie. Y también esto se produce, aguas abajo, en el control y ajuste de las tarifas, de forma que el déficit tarifario, su financiación, su dosificación, la existencia de tarifas diferenciadas por consumidores, etc…, ha sido una herramienta tradicional y habitual en el sector energético (y que muchos apuestan por prolongar). Y esto no quiere decir que no se dé en otros países de Europa, que se da, obviamente; solamente que los debates sobre el mix de generación asociados al coste futuro de la energía en estos países no contemplan tantos ingredientes esquizofrénicos (no a la energía nuclear, protección al carbón, apoyo a las energías renovables, pero eso sí a las más caras, para satisfacer intereses de industrias y Comunidades Autónomas). Difícil combinación que ha llevado a que la planificación energética (la famosa Prospectiva) haya sido un documento largamente demorado (es la sentencia del Estatut del sector energético) y que la Ley de Economía Sostenible haya hecho comprometer la existencia de este documento.

Volviendo al principio del artículo, este fin de año, anuncia un futuro muy incierto para el sector energético y la reclamación generalizada es que la energía sea barata para que se pueda dedicar la renta disponible a otros usos más lúdicos de nuestra ciudadanía consumista, que exige fútbol, pan y toros, menos en Catalunya. Y por decreto. Hay quienes abiertamente y con coherencia lo hacen en pos de una política industrial de costes bajos de la energía para la estructura productiva . Si no, no se entenderían los desencuentros entre la CEOE y la propia Unesa, como asociación integrada en la patronal empresarial.

El hecho es que la voz del sector eléctrico tradicionalmente ha sido presentada a la sociedad con componentes peyorativos pese a la asunción de determinadas figuras (como el bono social) que deberían haber ido a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la articulación de dispositivos para gestionar su concesión desde las propias empresas. También, cuestiones como la modificación de la tarifa nocturna o los sistemas de lectura de contadores que fueron realizados de «aquella manera» y cuyo coste moral recayó también en el sector eléctrico. Los esfuerzos vía patrocinios y vía responsabilidad social corporativa no han ayudado especialmente a mejorar la percepción y reputación del sector: sobre todo porque en el origen está explicar bien a la sociedad el papel de las empresas, de la energía y sus costes. Y detrás, mientras, ese runrún: aquí no paga nadie.

Por eso, con una sobreinversión en generación que necesita ser absorbida (especialmente en el caso del gas y ciclos combinados) y con varias actuaciones regulatorias perturbadoras en ciernes, la batalla está completamente abierta. Todo ello con numerosos riesgos como son la escasa cultura económica, la instalación perenne en precios de la energía ajenos a la realidad, la falta de convicción en los mercados, la liberalización y las reglas claras, la presencia de francotiradores retroprogresivos de muy diversa índole en las inmediaciones de los ámbitos de decisión regulatorios, la gestión de presiones asociadas, la demagogia que lleva a que, incluso desde los representantes políticos, se formulen propuestas voluntaristas en esta línea, con el soniquete del «Aquí no paga nadie» de fácil unción. Para más «inri», hay que añadir el nuevo poder frente a la Administración de entrantes que no pertenecen al sector energético y con intereses intercurrentes de muy difícil conciliación en todo este tablero (y de muy difícil frenada). Y, todo ello, sin política escrita.

En definitiva, se adivina que la voz o voces sectoriales que han venido sorteando con muchas dificultades, un sinnúmero de vicisitudes regulatorias así como los retrasos en el proceso de financiación del déficit tendrán que abordar una situación envenenada, dependiente y, ciertamente, estremecedora para el año que comienza y, lo que es peor, para el futuro de un sector intensivo en inversión que ve alteradas sus reglas y ortodoxias. Algunos, en este marco, son partidarios del cuánto peor, mejor y, por ello, empiezan a aflorar quienes piden un cambio de reglas, incluso una involución que nadie sabe hacia dónde nos puede llevar. El acuerdo por unanimidad del arco parlamentario de electricidad más barata para los Ayuntamientos, además de ser un panfleto, es una metáfora sectorial y de futuro que debería apuntar a la reflexión. Es una posición colectiva en forma de corifeo como finaliza la obra de Dario Fo, «Aquí no paga nadie».

En todo caso, esto ya no es una comedia bufa. Esta voz se apaga.