Lo que sabemos de los vampiros y la teoría de las patatas calientes

El novelista recientemente desaparecido Nicolás Casavella publicó una novela excelente (además de muy divertida) titulada “Lo que sé de los vampiros”, que fue galardonada con el Premio Nadal en su penúltima edición. Un título muy sugerente y de alguna manera una novela picaresca que se proyecta hacia el presente y que desde aquí recomendamos su lectura y en la que se hace una reflexión sobre “personajes que construyen su identidad tras una máscara permanente hasta alcanzar claves muy peculiares sobre el engaño de la condición humana y el espejismo de la Historia”.

Aunque la novela no va de eso, probablemente, habría que hacer una mínima referencia a la costumbre de esos habitantes de las sombras –los vampiros- de no dejar tranquilo a nadie, de aparecer en la última escena de la película y de proferir el susto correspondiente, en el bien entendido que habrá nuevas posibilidades de que vuelva a aparecer en escena el monstruoso engendro y prosiga su sendero de pánico y terror.

Viene esto a cuento de la recopilación de cuestiones que “se ha encontrado” el actual equipo energético del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Situaciones bastante enjundiosas que son de difícil justificación y resolución dada la historia que tienen detrás acumulada y sus ramificaciones, más o menos arborescentes.

Haciendo una pequeña recopilación encontramos, en primer lugar, el problema de la regulación de la energía fotovoltaica, con una legislación de cupos y ley de punto final, que fue la primera prueba procedente de una legislación desorbitada y que medía mal los resultados futuros en términos de la respuesta de los agentes. La segunda cuestión que estaba abierta tres o cuatro meses antes del cambio de gobierno era la legislación de los biocombustibles. Y, por supuesto, uno de los engendros más enormes es el déficit tarifario, forjado por cada gobierno y cada Administración energética en “pequeñas o grandes diócesis”, con más o menos responsabilidad cada una hasta el diseño del déficit “ex ante”. Cuestión esta del déficit tarifario que, como todos Vds. saben, todavía promete, porque no estamos ni mucho menos a la mitad de la película.

En esta categoría, pero mezclando el personaje del vampiro con el asesino en serie, está la reforma de la ley del Sector Eléctrico, con la Ley 17/2008 y la conformación de Red Eléctrica de España como el único monopolio en el transporte de electricidad, es decir como transportista único. Engendro configurado de forma vergonzante y oculta en el trámite parlamentario, toda vez que era absolutamente innecesaria esta reforma para «incorporar» a nuestra ley las Directivas Europeas pendientes de transponer, tal y como señalaba la Exposición de Motivos. Fue allí el lugar donde se alimentó al monstruo desde las instancias del anterior Secretario General de Energía y, también fue allí el lugar donde también se le incorporó algún elemento para domesticarlo: determinadas excepciones que actuaban como el crucifijo puesto a los ojos del vampiro. Las excepciones se aplicarían a aquellos activos de distribución afectados por esta nueva legislación e incorporados en las fauces del transporte, que se identificasen por parte de la CNE y por las comunidades autónomas.

Hay que recordar que la retribución del transporte se realiza en función del número de elementos (de “activos” como se dice en el argot) que configuran la red necesaria para ejecutar esa actividad. Se supone que el número de activos, su valor y su retribución deben estar bien determinados por su necesidad, por sus costes y porque la retribución sea justa. Si no, el monopolista, operador de transporte y de red, juez y parte, podría tener una tendencia a aumentar sus activos para obtener su retribución. Por tanto, hay dos fuerzas que actúan como motrices para que REE amplíe sus horizontes y su actividad: la propia tendencia que tienen los monopolios a ocuparlo todo y la retribución adicional que percibirá de los nuevos activos que surjan de una definición mucho más extensa de su acción en el transporte irrumpiendo en la distribución (recordemos que REE es una empresa privada, con accionistas, con algunos fondos de inversión como accionistas y que goza de percepción pública de que es empresa pública).

Recientemente, hemos conocido cómo la Comisión Nacional de Energía elaboró, tras un trabajoso período de análisis interno y un proceloso proceso de consultas a la propia Red Eléctrica, unos parámetros que justificasen sus criterios para determinar los activos si son de transporte o de distribución y en ese sentido hacer sus Informes. El hecho es que, como se puede leer en los primeros informes emitidos por la CNE en esta cuestión, en los que se traslucían los criterios que iban a seguir, es que el objetivo del Consejo de Administración del organismo es preservar a toda costa el monopolio de transporte de REE (no “vaciar de contenido” el concepto de transportista único, en sus propias palabras). Con lo cual, los activos de transporte que pudieran tener consideración de distribución son sólo aquellos subterráneos, ubicados en ciudades de más de 1.000.000 de habitantes (Madrid, Barcelona) y de menos de 220 kV. En las islas, este límite si sitúa en 32 kV, lo que conlleva que la irrupción, con el BOE en la mano de Red Eléctrica de España en los archipiélagos, altere un modelo que funcionaba con una calidad de servicio muy alta, duplicando la relación entre los titulares de estas instalaciones y las empresas de distribución, sin aportar valor alguno (todo lo contrario, esta cuestión que incluso puede complicar notablemente la gestión de los mismos: ahí vemos los problemas por todos conocidos y existentes en las estaciones compartidas de las grandes ciudades). De hecho, técnicamente, la relación en una instalación de distribución se establece con REE y la relación de facturación se establece con la distribuidora.

Tal y como señala el consejero de la CNE, Luis Albentosa en varios votos particulares referidos a los Informes que ha emitido el organismo, “hay que tener claro que la diferencia entre la actividad de distribución y la actividad de transporte estriba en quien tiene la obligación de responsabilizarse de la atención y el suministro al cliente y consumidor. En esto, el transporte no tiene nada que ver con el suministro al llamado mercado final y, por ello, aquellos elementos que tengan consumidores conectados deben ser titularidad del distribuidor. En definitiva, el transporte tiene como función principal posibilitar la evacuación de la generación y llevar la energía eléctrica a los puntos que se establezcan como frontera con la red de distribución y esta debe atender la demanda de los consumidores finales, allí donde éstos se ubiquen.”

Por tanto, podemos decir que se trata de una norma disparatada y aplicada del mismo modo (no para que las cosas funcionen mejor, sino para preservar y configurar un monopolio), que ha abocado a la existencia de varios problemas implícitos. El primero, un año y medio para empezar a sentar las bases entre el Ministerio de Industria y la CNE. Mientras, todos quietos, “paraos”, impactando negativamente sobre las inversiones que realizan los agentes privados y sobre el servicio que reciben los ciudadanos. Segundo, la interpretación pro monopolio e intervencionista de la CNE lleva a que se dupliquen las relaciones de las empresas (propietarias de estos elementos de la red) con el transportista y la distribuidora de cada demarcación y que se pierdan las economías de coordinación de las empresas distribuidoras con el mercado local de sus consumidores (el transportista, por su lejanía a los consumidores, no tiene ni idea de eso). Tercero, que haya aparecido, cual vampiro, sin arte ni parte, la función del transporte que no tiene clientes, ni relación con el mercado final, supone una perversión de la función que debe realizar en el sistema eléctrico.

Según nuestras noticias, hoy un número de expedientes importante sigue sin resolver. Y esa patata caliente, hoy sigue en manos del Ministerio de Industria procedente de la CNE, con serias dificultades para distinguir entre lo que está bien y lo que conviene a un modelo monopolista y burocrático. Por ello, la ley 17/2008 seguirá ofreciendo sustos y sus autores materiales e intelectuales (el anterior equipo energético, con Clos y Nieto a la cabeza), como origen del mal, detrás de esta película de terror colectivo. Lo que sabemos de los vampiros, vamos. Pavoroso.