¿Hay negociación?
El principio de año empieza con unas nuevas tarifas eléctricas cuyas características principales son: una subida del 3,5 % y la existencia de un déficit ex ante “opaco” de entre 4.500-5.000 millones de euros (y que se puede considerar como la sustanciación de la primera parte de la quita que Industria realiza respecto del déficit tarifario pasado).
Por tanto, Industria ha cogido una calle de “en medio” para poner en marcha las tarifas. No ha resuelto, ni ha reconocido, el déficit tarifario ex ante oculto de la tarifa (que se centra sobre todo en los denominados “peajes”) y, por otra parte, ha subido las tarifas integrales. Por tanto, el Ministerio, que amagó con no subir la tarifa, en el fondo, ha realizado un movimiento táctico envenenado, una subida insuficiente que vuelve nuevamente al fantasma del déficit. La pregunta es, ¿se puede considerar que esta situación es un “incumplimiento” a la amenaza que Miguel Sebastián hizo a las eléctricas de “no subir” la tarifa si no había un acuerdo general con las empresas? Es, de todas formas, un incumplimiento a medias, puesto que en sus alegaciones a la CNE (y en el Consejo Consultivo correspondiente) las eléctricas señalaron este déficit y el Ministerio ha hecho caso omiso a las mismas. Hay que reconocer que Industria no podría desaprovechar un momento como el principio de año para subir la luz, y, al mismo tiempo, dar algún paso para la reducción paulatina del déficit.
En todo caso, la clave está en la palabra acuerdo. El acuerdo, verdadera piedra de toque de la resolución del problema del déficit tarifario, está siendo invocado en cada una de las notas que emite el departamento de Miguel Sebastián a la hora de justificar sus movimientos. Que se promulga la nueva tarifa: se menciona el acuerdo global para final de mes de enero como anticipo casi asegurado. Que se regula la G4: se hace alusión al tan ansiado pacto con las eléctricas, incluyendo el buen trato que recoge un navideño deseo de reducir la factura a las empresas grandes consumidoras de energía.
El problema es que, probablemente, la posibilidad de acuerdo cercano se ve reducida por varios motivos. Primero, porque la quita prevista por Industria era ya muy importante. Segundo, el que se haya metido de por medio Moncloa parece que la hace desorbitada, máxime cuando en el fondo la merma del déficit es en toda regla la construcción de una “alegalidad”: la renuncia a unos ingresos legítimos. Tercero, porque los accionistas de las eléctricas empiezan a conocer los primeros intríngulis de las negociaciones que empezaron con una dulce y total renunciación, lo que promete complicar la dinámica en los Consejos menos homogéneos o donde la propiedad es muy diversificada. Cuarto, porque el castigo en bolsa recibido en 2008 de un sector tradicionalmente refugio de inversionistas, parece que no puede tener mucha continuidad y de buen grado por los propietarios de las empresas (teniendo en cuenta, además, las actitudes acechantes ante los precios que hoy presenta el mercado bursátil, que ya son vox populi: caso de Florentino Pérez e Iberdrola). Quinto, porque empieza a estar en juego el comportamiento inversor futuro de las empresas. Sexto, porque la perentoriedad regulatoria trimestral coloca un mínimo de oxígeno, aceptando el escenario posible como el existente, con la deuda tarifaria en los balances y el endeudamiento de cada uno.
En este contexto, la pregunta, más allá de si hay acuerdo (que por mucho que se dé por sentado, parece que todavía esta lejos), es si hay negociación en los términos clásicos en los que se entiende un proceso “transaccional”. Hasta el momento, parecía que no se había seguido el guión en toda la escenificación y prosodia necesaria de estos procesos. Pero el año nuevo sitúa el problema en el principal punto de mira, nudo gordiano que desate el resto de nudos.


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