Varapalos europeos al decreto de Industria para aumentar la protección al carbón autóctono

Como veníamos anticipando, la propuesta de Real Decreto para impulsar a todo trapo la quema de carbón nacional (y bautizado con el ingenioso nombre de gestión de restricciones por garantía de suministro, en tiempos de abundancia) podía toparse con la posición contraria de las autoridades europeas, en el caso de enterarse de la jugada. Y así ha sido.

En España, fruto de estos años en que las ayudas comunitarias han llegado regular y religiosamente, se ha cultivado una idea particularmente peligrosa: existe una burocracia comunitaria enorme. Pero, a pesar de esa imagen, Europa es mucho más eficiente de lo que parece y tiene mecanismos y antenas mucho más orientadas de lo que se podría suponer a primera vista.

En el caso del carbón nacional, el Gobierno e Industria ya lo han comprobado en sus propias carnes y al parecer el primer encuentro con la propuesta de Real Decreto encima de la mesa ha tenido una oposición frontal en las autoridades comunitarias de competencia y energía. Según fuentes solventes, este encuentro se produjo en días pasados y el jefe de la delegación española fue Antonio Hernández, Director General de Energía y Minas.

El resultado de esta aproximación ha sembrado la preocupación, además de sentar como un jarro de agua fría, en el Ministerio de Industria, que recibió el encargo desde instancias políticas más elevadas. Sobre todo porque el propio Miguel Sebastián ha dejado grados de autonomía muy importantes al área energética en este campo, a sabiendas de que su encaje en la legislación comunitaria es, literalmente, imposible (aunque pronuncie esas declaraciones sobre el carbón en que parece exonerarlo como tecnología de sus consecuencias medioambientales, ¡qué formula tan saducea!). En suma, y en la práctica, se trata de un marrón de difícil digestión para el área energética.

Partamos del hecho de que Europa no es partidaria de subvencionar por subvencionar (al modo latino tan en boga). En concreto, en este sector carbonífero español, la posición europea es que las subvenciones sirvan para compensar la diferencia de competitividad con el carbón importado. Ahora, de ninguna de las maneras, estos mecanismos económicos deben estar dirigidos a conseguir una doble financiación garantizada para el reducto minero español, toda vez que estas subvenciones se perciben tanto en tiempos de precios altos del carbón importado como en tiempos donde este precio cae y además la competencia con otras tecnologías agudiza la percepción de su ineficiencia. Un intento de estas características ya se realizó mientras que Ignasi Nieto fue Secretario General de Energía, y de forma discreta y cuca, fue retirado de los ojos de la Unión Europea. Por tanto, se impone una auditoría de las cantidades percibidas y su correlación con la evolución de los precios del carbón en el mercado internacional.

Hay que recordar el camino recorrido. A la vista de los problemas de competitividad de las minas, de la acumulación de stocks de carbón autóctono (la propuesta de real decreto es un procedimiento para intentar gestionar estos stocks, más que otra cosa), en Rodiezmo, sindicatos y empresas mineras reclamaron al Presidente Zapatero más ayudas para el sector. Asesorados por no se sabe quién, la feliz idea es que sea con cargo al sector eléctrico. Para hacer eso, se decide intervenir el mercado eléctrico, seccionarlo, atentar al modelo de liberalización, crear un eufemismo regulatorio sin parangón (las restricciones por garantía de suministro) y la reparación controlada de los efectos sobre las tecnologías (indemnizaciones tasadas) para intentar aminorar el efecto. Todo ello con el retruécano de convertir el carbón autóctono como combustible estratégico, por lo cual no hay que guardarlo sino quemarlo a todo trapo, en otra contradicción in terminis. A la que le unimos el efecto sobre las emisiones de carbono y el efecto invernadero, otra contradicción en tiempos de Copenhague y de un aparatoso discurso sin convicción alguna.

La suma se ha convertido en un desmán de proporciones económicas incalculables, que del sector minero español, cruza al eléctrico, pasa por el medioambiente y acaba en la tarifa que pagan los ciudadanos. Es decir, en la factura que llega a cada uno. Todo ello, por una incompetencia e incapacidad continuada para concluir la reconversión del sector, abordar en serio el desarrollo regional, acabar con un «modus vivendi» anómalo y atajar el clientelismo que siempre surge en rededor de las subvenciones.

Por otra parte, en nuestro país la bola no para de crecer, los pronunciamientos de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y la batalla campal que se prepara en el terreno de la generación eléctrica dejan sin descanso a Industria. Más de 1.200 millones de euros estima la CNC de costes, cuyo puente hacia la tarifa y el consumidor energético es casi directo (por cierto, las asociaciones de consumidores, salvo los grandes consumidores, no han dicho esta boca es mía, seguramente tranquilizados por una acción intervencionista en precios eléctricos).

El efecto bola de nieve se precipita sobre este proyecto, que tiene todos los visos de tener que ser retirado y reelaborado, por lo que es posible que hasta la primavera no se tengan noticias del mismo.

En todo caso, y más allá de la prosodia que necesita refrenarse, cuánto hay que agradecer el hecho de pertenecer a la Unión Europea en la medida que se ponen frenos y racionalidad a la actuación política, que sin política, o estrategia energética, sucumbe al ejercicio de las presiones.