El anteproyecto que no pudo haber sido y no fue

Las reacciones a la Ley de Economía Sostenible cuyo anteproyecto fue presentado por el Ejecutivo el viernes pasado, tras una generación de expectativas desmesuradas y no suficientemente dimensionadas, no se han hecho esperar y, de forma general, son muy negativas. En todo caso, lo que es evidente es que hay un ejercicio de descompensación claro entre el discurso político oficial centrado en las expectativas de la ley: el cambio del modelo productivo (que no llega a lifting semanal), y lo que ha sido su elaboración, en el fondo un rastrillo regulatorio bastante lastimoso, sobre todo desde que se filtraron las demandas de la Moncloa en forma de correo electrónico despistado (mitad limosna, mitad órdenes) para dar consistencia y contenido a algo que ha acabado siendo un engendro de carácter prometeico.

Como reflexión, resulta peligroso el abuso del marco de Lakoff, del ejecutivo con prosodia electoralista: economía sostenible. El problema es que ya ha pasado hace tiempo el momento de la política tangible y explicable. Es decir que la comunicación política debe estar al servicio de la transformación y la reforma, y no convertirse en el objeto de la política, suplantando el ser con el parecer. Evidentemente, no está mal que el ejecutivo, el Gobierno, o el Partido Socialista innoven en comunicación política y marketing, dado que por lo menos ameniza. Lo que está mal es que lo hagan en una situación de crisis de este tipo, con una ansiedad que le llevará a aguantar mal los malos datos de crecimiento y empleo, que quedan hasta que haya alguno decoroso. Y, por lo demás, que estos conejos de la chistera se hagan con las cosas de comer. Y, más todavía, en la medida que la comunicación tiene más destinatarios que los sufridos votantes, muchos más. Tiene que ver con todos los afectos de que haya confianza institucional, económica y empresarial.

El hecho es que este Anteproyecto de Ley emite señales a los sectores económicos, por un lado, a analistas financieros, inversores y a nivel internacional que confirman la frase de Groucho Marx: «más vale estar callado y parecer tonto, que abrir la boca y confirmarlo». Muy peligroso, por tanto, este ejercicio, y no sólo el corto plazo, que ya ha ofrecido su cara más descarnada con esta ley, sino que también en el medio plazo le puede causar efectos muy perniciosos al Ejecutivo. Pocos ejecutivos occidentales han dado una sensación tan alarmante de frivolidad, de superficialidad y de falta de capacidad para abordar problemas esenciales y quedarse en lo decorativo, como éste.

En el ámbito energético, se cumple la crítica general a este Anteproyecto de Ley: se han aglutinado medidas parciales, puntuales, que ya estaban anunciadas, con actuaciones más o menos sincopadas, como la búsqueda de una regulación (estricta) del período de vida útil de las nucleares, reducción del tamaño del Consejo de Administración de la CNE, reducción del consumo energético por decreto y creación de la Conferencia Sectorial de Energía a nivel autonómico. Algunas de ellas son simpáticas o «cool», pero hoy no se justifica que la Ley de Energías Renovables y Eficiencia Energética sucumbiera ante este refrito regulatorio insustancial (y eso que su contenido estaba bastante a la deriva). Hagamos un resumen.

Reducción balsámica de la CNE. Quizá la medida en el papel más razonable, largamente anunciada y que su efectividad real se tiene que traducir en su despolitización y tecnificación. Algo que va más allá de la ley, pero mucho más. Por tanto, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía será reducido a 5 miembros, incluido el presidente o presidenta, con un período de vigencia de 6 años no renovables, es decir máximo. El presidente tendrá que acudir anualmente al Parlamento a dar cuenta de la actividad del organismo. Además, se elimina la posibilidad de recurso de alzada ante el Ministerio de Industria contra las decisiones de la CNE. Lo que es cierto es que a partir de este momento comienza otro proceso de elucubración sobre el presente y futuro de la composición actual del organismo, sustituciones, vacantes y renovación del mismo. Apasionante en todo caso.

Fijación del límite de vida útil de las centrales nucleares de forma más estricta. Eso, irónicamente, puede ser de lo más «sostenible» de la Ley con el objetivo de seguir entorpeciendo la prolongación de las centrales nucleares, pese a que cumplan todos los requisitos de seguridad, como en el caso de Garoña. Es decir, generar el ánimo de casi decretar el cierre de instalaciones en perfecto funcionamiento, certificadas en atención al posicionamiento antinuclear. Y todo, en un momento en que se replantea el papel de la energía nuclear en la reducción de emisiones y rebaja de la factura energética en paralelo.

Creación de la Conferencia Sectorial de Energía. Se apunta como objetivo el hecho de coordinación de las políticas en materia de energías renovables. En todo caso, en el ámbito de las energías renovables, se pasa del furor del converso al frío gélido, pasando por la quemadura de tercer grado, con gran facilidad, algo que esta Ley, ni la anteriormente prometida Ley de Energías Renovables, pretendía.

Eficiencia energética por decreto y atención al transporte y la movilidad. De lo que más se ha hablado ha sido del control de las temperaturas de los edificios, de forma que no puedan ser más altas que 21 grados en invierno o 26 grados en verano. Como sugerencia añadida cabría hacerse la fijación del número de bombillas de bajo consumo por metro cuadrado o la regulación del uso de la corbata, bermudas y escotes, para garantizar los objetivos de igualdad de género, conciliados con la eficiencia energética. Poca referencia a los precios de la energía como regulador efectivo del consumo.

Finalmente, el Gobierno asume el compromiso de elaborar una Planificación Energética con equilibrio económico, medioambiental y de suministro. Compromiso que si no existía anteriormente, quiere decir que no teníamos política y todo era rodar por tierra.

En definitiva, lo que teníamos es lo que tenemos: poca cosa, buenas intenciones y termostatos bajo control. Más de lo mismo, con el agravante de que sigue en el cajón la propuesta de Real Decreto para impulsar la generación de electricidad mediante la quema de carbón nacional. Propuesta nada sostenible, ni económica, ni medioambientalmente, ni desde el punto de vista ecológico y de emisiones. O cómo se han calzado las primas a las renovables con la termosolar desbordada, en una inclusión desvinculada de su efecto sobre la generación de electriciad, sin objetivos, ni criterios de costes meditado. O, incluso, cómo se afirma que, a la vista de todos estos desaguisados más el déficit tarifario acumulado, la tarifa no se va a equilibrar en lo que debería subir para hacer coherentes los precios de la electricidad con sus componentes y decisiones políticas.

Insostenible.