Tras las elecciones, llega la hora de la renovación en la CNE

Por tanto, dicho proceso, actualmente en suspenso, razonablemente se verá impelido a retomarse desde otra postura y a marchas forzadas. Tanto el aplazamiento del mismo como su recuperación, tienen también algo que ver con este último proceso electoral municipal y autonómico.

Han pasado las elecciones autonómicas y municipales, la resaca de la noche y los resultados electorales han sido nítidos y no dejan lugar a muchas dudas. Los plazos de la Ley de Economía Sostenible vencen en pocos días y toca retomar el proceso de renovación del organismo regulador energético, desarrollando una lógica de normalidad institucional, a la vista de lo que es previsible en el horizonte político. El aplazamiento del partido deja paso a que nuevamente se tengan que iniciar las conversaciones que den lugar al levantamiento de la interrupción.

Seguramente, los cálculos mentales sobre la posición negociadora de cada una de las partes eran diferentes respecto a las expectativas electorales y sus efectos. Por una parte, el Partido Socialista Obrero Español, todavía en el gobierno, que afirma querer agotar la legislatura y «completar» las reformas que ha iniciado. Otro partido político, el Partido Popular, llamado a gobernar y que tras los resultados de ayer debe ofrecer una alternativa solvente y gestora en el ámbito económico.

En el terreno que nos ocupa, el Partido Popular plantó una dura batalla durante la renovación de la ley en el Parlamento de cara a endurecer el nombramiento de presidente y consejeros con mayorías cualificadas más altas. Y, además, está el amago de Cristóbal Montoro de asegurar que se retrocederían todos los nombramientos que se iniciaron en esta «nueva era» tras la llegada al gobierno del Partido Popular, algo que puede complicar y mucho la búsqueda de candidatos de «calidad» para el Consejo de Administración de este organismo. Por su parte, si el estado de la negociación se pone muy cerril, se podría producir una resolución por las bravas, con el nombramiento de un consejo monocolor desde el partido del gobierno, lo cual tampoco sería, en ningún caso, edificante, además de introducir a la CNE en la más absoluta provisionalidad. Lo contrario de lo que precisan las instituciones económicas.

En todo caso, los resultados electorales de ayer, con ser nítidos, no garantizan que tras unas hipotéticas elecciones generales las mayorías que se puedan construir puedan permitir un ejercicio de tierra quemada a posteriori con los umbrales que proponía el Partido Popular y el propio Montoro, porque incluso, aunque tal eventualidad se pudiera producir en términos matemáticos, seguramente no sería conveniente, ni en términos de lógica política, ni parlamentaria, ni económica. Es más, pueden depender sustancialmente del calendario político y de la agenda pública del momento. No parece, en todo caso, que esta cuestión pueda ser una prioridad a abordar una vez reconstituidas las Cámaras. A los dos partidos, por tanto, se les debe de pedir prudencia, sentido de Estado, altura de miras, responsabilidad económica e institucional.

Así, previsiblemente, los dos partidos políticos deberían proponer una composición de este órgano regulador independiente que garantizase estabilidad, prestigio, rigor, profesionalidad, experiencia, complementariedad técnica, jurídica, económica y de conocimiento en sus enfoques, elementos necesarios para hacer un Consejo de Administración que definitivamente renueve el organismo, a la vista de los nuevos cometidos que establece la trasposición de la normativa europea, de su estado actual y con la evidencia de todo lo que nunca tuvo que dejar de ser para el sector energético.

Como ya hemos afirmado alguna vez, sería fantástico que del futuro «pool» de nombres que finalmente sea elegido, lo menos importante fuera el origen, su filiación, su respaldo político o su carné. Que en la nueva etapa se evitaran las infografías del nombre de los componentes del Consejo de Administración, con unas siglas entre paréntesis al lado. ¿Se lo imaginan?