Los accionistas de las eléctricas y las negociaciones del déficit tarifario

Hace unos días, el propio Miguel Ángel Aguilar, azote provindencial actual del mercado eléctrico y de la liberalización operada en España señalaba en su artículo en el diario El País las diferencias entre dos tipos de dirigentes, entre aquellos al pensar que se quedan comprometidos con lo que dicen y por ello se mantienen a la escucha y de otro, los que se sienten vinculados por todo lo que se dice en su presencia y, por ello, procuran evitar que sus interlocutores intervengan haciendo un uso secante de la conversación. Aguilar consignaba entre los primeros al presidente Adolfo Suárez, que “bordaba la escena del sofá y hacía sentirse importantes a quienes recibía en La Moncloa, de forma que salían convencidos de que lo más relevante que había ocurrido en la vida del presidente es que le habían dado la oportunidad de oírles. Por ahí, se deslizaban con facilidad hacia el equívoco de considerar que contaban con el asentimiento del presidente hacia las posiciones que hubieran manifestado.” En el caso contrario, estaba Felipe González que, haciendo uso de la palabra, privaba a sus interlocutores de la misma.

Algo parecido posiblemente puede estar pasando en el ámbito de las negociaciones para resolver el complejo problema del déficit tarifario, cuando se conoce que existe un clima positivo tras las primeras conversaciones mantenidas entre Industria y las empresas y que, previsiblemente, el acuerdo está cercano. El hecho es que, contra las formas del anterior equipo energético cuyo Secretario General de Energía era famoso por sus reacciones, las relaciones con este equipo han sido muy tersas entre empresas y Ministerio de Industria, llenas de un cierto ambiente de “fair play” y en cierto modo, de forma traslúcida a través de los medios de comunicación, especialmente a través de uno.

Si fruto del desarrollo de los acontecimientos cercanos a esta negociación son las primeras tarifas para el 2009 que emite Industria, está claro que ejecuta la “quita” del déficit tarifario en un ejercicio de navaja barbera. Según las estimaciones que se están realizando por distintas empresas y analistas, el déficit “ex ante” no reconocido de estas tarifas podría estar entre los 4.500 y 5.000 millones de euros, dependiendo de las estimaciones o supuestos acerca del número de consumidores que pasen a las comercializadoras y la estimación de caída de la demanda y precios en el mercado mayorista.

Pero a esto hay que añadir tres “quitas” adicionales, la primera la relativa a la tarifa o bono social que atenderán las eléctricas fruto de los “acuerdos con el Ministerio de Industria”. La segunda, la relativa a la aceptación de “descuentos” a los grandes clientes de la G4. Y, finalmente, la pérdida de los ingresos de las subastas fallidas de déficit de la CNE. Más de los 5.600 millones de euros que ya ha mencionado el actual Ministro de Industria, Miguel Sebastián en sus viajes por la India.

La conjunción de la crisis económica y crediticia ha configurado que se alineen los acontecimientos para el gobierno y el trasfondo político de la ‘operación Déficit Tarifario’, para que le resulte favorable. El gobierno, políticamente, ha recibido un escenario de caída de precios de la electricidad en el mercado mayorista y ha sabido colocar la presión a las propias empresas, fruto de los fracasos de la Comisión Nacional de Energía a la hora de la titulación del déficit tarifario, como un elemento en los que ha hecho buena esa expresión de convertir la necesidad en virtud. También la propia debilidad de la patronal ha servido de cuña en todo este proceso. En todo caso, hoy formaría parte casi de lo hipotético y de lo esotérico volver a un instrumento como la titulación del déficit y las subastas. De hecho, existe una autoaceptación de la “quita” en las empresas.

En paralelo, se atiza de vez en cuando y convenientemente el fantasma de la involución en el mercado eléctrico. Los propios artículos de Miguel Ángel Aguilar, varios “informes” de académicos, la posición que han hecho explícita varios consejeros de la Comisión Nacional de Energía a través de sus propuestas han servido para mantener la “llama sagrada” de articular actuaciones intervencionistas, no tan lejanas en el sector energético. Sólo hay que recordar el balance del tándem Clos-Nieto.

Falta una pieza en todo este engranaje. La principal en cualquier empresa. Los accionistas y los mercados financieros. Esta semana se hacía referencia en la prensa económica a la pérdida de las eléctricas como valor refugio y cómo la bolsa ha castigado por encima de la caída del Ibex a las eléctricas. Cuestión que previsiblemente empezará a recogerse también en los ‘ratings’ y en los análisis, cada vez más asépticos, tras la crisis de credibilidad de estas compañías. La incertidumbre regulatoria y la deuda se empieza a cebar con las eléctricas. Algo que puede agitar especialmente la vida en determinados Consejos de Administración, que pueden empezar a pedir explicaciones a los equipos directivos, sobre el proceso de negociación seguido con el Ministerio de Industria. Y algo que también se puede trasladar a la inversión, como ya ha avanzado Iberdrola, que reducirá sus planes en España.

Y es que cualquier atajo que suponga romper la ortodoxia de los mercados financieros tiene futuras consecuencias graves en términos de liquidez, de inversión, de rentabilidad y de valor de las empresas, en un sector cada vez más movido.