El Congreso aprueba la Ley de Responsabilidad Civil Nuclear, que eleva la cobertura a 1.200 millones

De este modo, a su entrada en vigor se elevará de 700 hasta 1.200 millones de euros la cobertura que deberán cubrir los titulares de las centrales nucleares en concepto de responsabilidad civil; mientras que la directiva europea en este sentido establece hasta un máximo de 1.500 millones de euros.

Sin embargo, se consideró que las entidades aseguradoras no proporcionarán una cobertura superior a los 1.200 millones, por lo que el Gobierno español tendrá que cubrir los 300 millones de euros restantes en caso de ser necesario.

El portavoz de Energía en el Congreso del PSOE, Jesús Alique, fue el encargado de defender la normativa, en la que, según detalló, se refuerzan las garantías de los ciudadanos y el medio ambiente.

Se establece una cobertura aseguradora, de forma que los titulares de las centrales tienen una responsabilidad de hasta 1.200 millones de euros, 500 euros más. «El nivel de cobertura es de los más exigentes de los países de la OCDE con centrales nucleares», apostilló Alique.

Es más, la responsabilidad por materiales radioactivos, procedentes de hospitales, industrias y laboratorios, pertenece al titular de la instalación nuclear y se reconoce por primera vez el daño al medio ambiente por materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares.

A partir de ahora, la titularidad de las centrales debe ser única y se exige que sea una persona jurídica. «Se gana en transparencia y se dejan claramente definidas las responsabilidades legales de los titulares. La principal preocupación de todos es la seguridad y por ello se establece la prevención de accidentes y la revisión continua de las instalaciones», agregó.

De hecho, a instancias del Grupo Socialista, se aprobó recientemente en la Cámara una iniciativa para que se hagan las pruebas de estrés en las centrales nucleares, de acuerdo con las mínimas condiciones que se establezcan internacionalmente.

Igualmente, Alique puso en valor el trabajo realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo que realiza un trabajo reconocido internacionalmente, al tiempo que se refirió a que se amplía el periodo de reclamación de las víctimas por daños a las personas, que pasa de 10 a 30 años.

Jordi Jané, de CiU, subrayó que con la aprobación de esta ley la normativa española se adapta a la europea, si bien no quiso apoyar la totalidad de las enmiendas, en concreto las relativas a la forma jurídica de las centrales, que en su opinión, no debe afectar al control de estas instalaciones, y por otro lado a aquella relativa a que, tras su aprobación, la norma entre en vigor. «Tras Fukushima la prioridad debe ser que se cumplan todos los criterios de seguridad de las centrales», apuntó.

Desde el PP, Javier Gómez Darmendrail señaló que tras Fukushima fueron «evidentes» los daños de la fuerza de la naturaleza y no de la tecnología nuclear, al tiempo que se demostró que las nucleares «son capaces de resistir a algunas fuerzas de la naturaleza» y las futuras instalaciones deben construirse de acuerdo con estos sucesos excepcionales.

La diputada de ICV Nuria Buenaventura calificó finalmente que la catástrofe nuclear de Fukushima, como ya lo hizo la de Chernóbil, dio la razón a aquellos que apuestan por superar la energía nuclear porque es «ingobernable», «altamente peligrosa y condiciona generaciones futuras», además de que «no es barata».