El sector del carbón pide al Gobierno que dé por finalizada su reestructuración

Victorino Alonso, presidente de Carbunión, abogó por que España aproveche la presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 para liderar el debate sobre la futura normativa que deberá regular el sector del carbón a partir de 2011, una vez expire a finales del próximo año el vigente Reglamento del Consejo Europeo (1407/2002).

En opinión de Carbunión, «lo más sensato» sería prorrogar las condiciones del actual Reglamento y garantizar la permanencia del sector con su actual dimensión.

La patronal subraya que el sector en España ha sufrido una importante reestructuración en los últimos años, que ha supuesto grandes recortes en las cifras de producción, ayudas y empleo.

Así, entre 1998 y 2010, la producción nacional habrá pasado de 18 a 10 millones de toneladas, las ayudas a la producción se habrán reducido de 514 a 310 millones de euros, y el empleo habrá mermado de 22.500 a 10.000 empleos directos.

El sector tiene un gran peso específico en Castilla y León y Asturias, donde se produce el 35,4 y el 24,7 por ciento del carbón nacional, en concreto, hulla y antracita, mientras que de las minas de Teruel sale el 26,8 por ciento de la producción, aunque se trata principalmente de lignito negro, con menor poder calorífico. También es significativa la producción en las zonas de Ciudad Real y Córdoba, con el 6,3 y el 5,3 por ciento del total.

Alonso subrayó que el sector tiene que mantener su actual dimensión y que el Gobierno debe apostar por su «estabilidad» si se quiere preservar el carbón nacional como combustible de valor estratégico para la garantía del suministro energético.

A este respecto, el presidente de Carbounión destacó que España cuenta con unas reservas de carbón equivalentes a la producción de 500 años.

El presidente de la patronal insistió en que el sector del carbón debe ser «estratégico en la política energética del país», sobre todo cuando España sufre un alto grado de dependencia energética exterior, cerca del 82 por ciento de la energía primaria consumida.

Además, Alonso subrayó que las ayudas al funcionamiento del sector -dirigidas a cubrir la diferencia entre los costes de producción del carbón nacional y el de importación- se limitan a 310 millones de euros para 10 millones de toneladas, lo que equivale a 18,2 euros por megavatio (MW) de electricidad.

Esta cifra, apuntó, se sitúa por debajo de la subvención de 42,9 euros por MW de la energía eólica; los 43,8 euros de la hidráulica, los 51,2 euros de la cogeneración; los 70,7 euros de la biomasa; los 90,3 euros del tratamiento de residuos, o los 428,6 euros de la solar.

Según la patronal, las ayudas al funcionamiento que recibe el sector son devueltas «con creces» a las arcas del Estado por las cargas fiscales y coberturas sociales que soporta la actividad minera.

Respecto a las emisiones de CO2 que produce la quema de carbón, los responsables de Carbunión señalaron que ya están en marcha varios proyectos de investigación para la captura de este gas.

El objetivo es que en 2015 estén dispuestos los mecanismos tecnológicos de captura del CO2 en las centrales térmicas y que en 2020 se cumpla el reto de la «combustión limia del carbón».