Todas la claves en la decisión de la Comisión Nacional de Energía

El consejo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene que dictaminar hoy sobre la propuesta de Real Decreto para priorizar la generación de electricidad mediante la quema de carbón nacional por motivos de «garantía de suministro», remitida desde el Ministerio de Industria y cuyo ponente ha sido el leonés Jaime González, cuestión que ha causado un gran revuelo y más de una suspicacia en el sector. Veremos cuál es el grado de crítica con la propuesta de Real Decreto a la vista de la ruptura que supone con el modelo de mercado y que afecta a uno de los papeles que debe jugar este organismo. En este artículo repasamos cuáles son las claves sobre las que tiene que decidir el Consejo de Administración de este órgano regulador.

Desde el punto de vista de la globalidad, el eje de la decisión estriba en la intervención del mercado eléctrico que supone la propuesta de Real Decreto y si realmente la mejor manera de utilizar una fuente de energía que se considera estratégica es la de quemarla a todo trapo, afectando al mercado eléctrico e incrementando las emisiones de gases efecto invernadero. Sería el caso de la primera regulación «ficcional», consistente en que se «ficciona» la casación del mercado eléctrico, pero se obliga a vender energía generada por carbón nacional por este procedimiento y la energía desplazada por este mecanismo ineficiente se «indemniza».

Además, por encima planea la sombra de la Unión Europea en la consideración de ayuda de estado a este sofisticado mecanismo y cuyo «naming» ha sido pensado concienzudamente para despistar y que cuele a la luz de las normativas europeas (denominado eufemísticamente como «restricciones por garantía de suministro», cuando es el momento de nuestra historia reciente en que tenemos menos problemas de garantía de suministro y disfrutamos de precios más bajos de la electricidad). ¿Será porque se piensa que la policía es de madera?

El problema planteado, en términos globales, se plantea en cómo una decisión de corte político-presidencial, relacionada más con la administración de las presiones por una hipérbole regulatoria y una consideración torcida de lo que son las empresas, se propaga con un despliegue de consecuencias sin precedentes al sector eléctrico, a los mercados de la energía y a los consumidores. En resumen, con el fin de apoyar adicionalmente una tecnología poco competitiva, se introduce mediante un mecanismo «demoníaco» una termita devoradora que provoca unos «rotos» importantes sobre la tarifa, sobre los consumidores, sobre las empresas eléctricas, sobre las inversiones y sobre el déficit tarifario.

Es en este punto donde más escuece el papel que puede tener un perfil como el de Jaime González, dada su vinculación con León y con el propio Presidente del Gobierno, para la dirección del Informe que elaboran los servicios técnicos del organismo y que debe servir de base para la decisión del regulador independiente.

Por tanto, hay que decidir sobre si gastar 4.750 millones de euros en tres años que no estaban previstos. Sobre si reducir el margen que establece el Real Decreto Ley 6/2009 para el déficit tarifario y sobre que estos 4.750 millones supongan la elevación de las tarifas eléctricas y que lo paguen los consumidores, en parte. Porque el resto lo pagan las empresas, o lo absorben en los contratos cuyo tope son el tope de las tarifas, salvo los mecanismos de compensación por lucro cesante.

De hecho, se estima que las tarifas de acceso deberían crecer en el entorno del 18 % por causa de la sinrazón de este Real Decreto. Sobre todo, porque luego vendrán decisiones sucesivas como las próximas tarifas y, políticamente, es complicado trasladar una subida de precios a los consumidores y explicar que se hace para pagar el aumento de las ayudas y protección al carbón nacional. En esto, la política tiene mucho de «si te he visto, no me acuerdo». Y si me acuerdo, miro para otro sitio y argumento por la demagogia que siempre es más fácil que por la economía.

Y, finalmente, aceptada la mayor, parece que hay otros problemas en lo menudo, lo que son los «pequeños detalles» que también son muy grandes y pueden provocar bastantes fracturas. Con pequeños detalles nos referimos a cómo se calcula el precio de la energía que tiene que ser compensada, fundamentalmente la expulsión de la generación mediante gas y mediante carbón importado (de mayor calidad, productividad y más competitivo). Aquí empiezan los problemas serios. En primer lugar, porque las empresas tienen modalidades de contratación específicas, las denominadas take or pay (que quiere decir que te lo quedas o lo pagas igualmente) que afectan tanto a las compras de carbón importado como a las de gas natural. Es decir, están obligadas a pagar el gas y el carbón que no consuman y que han contratado, más el coste de su logística. En suma, una propuesta de Real Decreto, que lo que hace, por una parte, es crear un mecanismo muy dañino, tratar de endosarlo en parte a los consumidores y en parte a las empresas y, por otra parte, ver cómo intenta arreglar algo, sin gastarse mucho, todos los desaguisados que ha provocado, sin conseguirlo por la vía de sus indemnizaciones. Modelo bombero incendiario.

Finalmente, queda la geometría variable de las votaciones en el seno del Consejo de Administración, que puede hacer que esta sea una de las votaciones más imprevisibles del organismo. Por un lado, el sector catalán del Consejo, Maite Costa y Sebastiá Ruscalleda que conocen la posición muy crítica de Gas Natural con respecto al proyecto, tal y como se ha conocido a través de los medios por la difusión de sus alegaciones. Otro segmento identificable es el que forman el propio ponente del proyecto, el leonés Jaime González, y Jorge Fabra, que han venido defendiendo posiciones contra el actual mercado eléctrico y a favor de mecanismos de fijación de precios diferentes al mismo, desde la publicación del Informe de Costes y Precios y subsiguientes. Y, finalmente, el otro bloque identificable tiene que ver con el Partido Popular, que ya ha anunciado su posición contraria a este Real Decreto, por lo que sería esperable un pronunciamiento en este sentido de los consejeros designados por este partido, aunque estén en espera de destino. Y, de por medio, la controversia abierta entre Industria y la CNE. Apasionante.