La CNC en su hiperactividad

La gravedad de las actuaciones difundidas sobre la visita de los investigadores de la CNC a la sede de la patronal eléctrica Unesa merece un comentario, como poco. O mejor dicho, dos: uno de contexto y, probablemente, otro para este caso concreto. No hay sector de la economía española que no haya recibido la visita de la Comisión Nacional de Competencia en los últimos tiempos y siempre acompañada de su retransmisión en directo y una política de campanario. Mientras, asistimos a un momento de nuestra historia reciente en el que desde las instancias políticas se está más en contra de la liberalización de los mercados y de la puesta en funcionamiento de reformas estructurales. Son comportamientos paradójicos que pueden tener más cosas en común de lo que parece.

Así, podemos percibir que se ha desatado una suerte de furor y de utilización de la función coercitiva de este organismo sin que parezca que nadie le pueda poner freno, aunque ya, desde el punto de vista judicial, ha recibido un severo varapalo por la tendencia a penetrar en un sector y buscar todos los correos electrónicos a ver si sus operadores pactan entre si para seguir una misma senda. Con esa concreción tan abierta se escribe la sospecha en el estilo ese en el que la policía de tráfico paraba hasta encontrar alguna infracción. Por tanto, habrá que plantearse el porqué de esta hiperactividad, de esta ansiedad, de este protagonismo perseguido y perseguidor.

Además, en esta ejecutoria de difusión de las investigaciones, resulta más importante el hecho de narrar minuto a minuto lo que se está sospechando y los pasos a dar, proporcionando la sombra de la duda sobre el investigado y no sobre el investigador, por muy indiscriminada que sea su actuación y haya motivos para dudar de su proceder, que destaca más que los resultados de las propias investigaciones, así como su rigor, su solidez y solvencia, su equilibrio desde el punto de vista procedimental o su capacidad de resistir el embate de la justicia. Y, claro, narrarlo paso a paso proporciona dosis de publicidad propia y penas de telediario como ha ocurrido con los imputados de la trama Pretoria.

En este marco, parece que esta hiperactividad de la CNC es más un hostigamiento hacia lo empresarial, en la medida que empieza a cundir en determinados ámbitos de la política y la Administración una especie de cacería coincidente con la ruptura del diálogo social en junio. Lo empresarial, fruto de un cierto chavismo político español de nuevo cuño, alimentado por los viejos intervencionistas latentes, ha entrado en nuestro país, merced a la forma de hacer política que estamos viviendo, al buenismo social, a las tapaderas de la crisis por la vía del gasto público y a los escándalos económico-políticos, en el terreno de lo políticamente proscrito.

De esta fijación de la CNC, el sector energético se está llevando una de las peores partes, porque el regulador parece instalado en “sacar las patas” por alto, siendo el martillo neumático del sector. Da igual que se trate del sector petrolero o del eléctrico. Da igual la conformación de los mercados españoles y la calidad de las empresas españolas, pese a la regulación que, precisamente en muchas ocasiones, no está orientada hacia la competencia. Da igual la homologación que hacen en el exterior, el grado de avance en nuestra liberalización o lo que opinen organismos internacionales como la AIE, sobre lo mismo que critica la CNC. Por eso, conocemos ahora la segunda fase de una investigación a las eléctricas cuyas justificaciones esgrimidas son, cuanto menos, tenues y confusas con otros procedimientos.

Por ejemplo, si hablamos del sector eléctrico, la estructura empresarial de este sector ha variado sustancialmente y, como reconocen todos los organismos internacionales, nos encontramos ante un sector plenamente competitivo. Tenemos unos precios eléctricos que están entre los más bajos de toda Europa (y habrá que preguntarse por qué ha pasado esto y por qué el interés de no contarlo por parte de las autoridades políticas, ni las autoridades de competencia). En los últimos años, tras la liberalización, la dinámica de mercado eléctrico ha generado inversión, incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas, las renovables y toda esta nueva capacidad ha dado seguridad de suministro, cuando hace años se estuvo en el precipicio de la insuficiencia energética. Se han incorporado nuevos operadores entrantes españoles y extranjeros y se ha producido un cambio de propiedad en las empresas españolas. Todo ello, hasta que la inseguridad jurídica y la regulación discrecional empezó a asomar la patita y empezaron las sombras del intervencionismo.

En efecto, el hecho más grave que ha ocurrido en la ordenación del sector energético español desde el punto de vista competitivo, con toda claridad, es que las tarifas eléctricas sean insuficientes con respecto a los costes totales, es decir, que sean aditivas y permitan la creación de ofertas competitivas entre los operadores de comercialización. Así, por ejemplo, las Tarifas de Último Recurso estaban orientadas a no crecer en exceso y dosificar el déficit tarifario a tres años (aunque ahora venga el Plan Protección Plus del Carbón Nacional a estropear estos planes con la propuesta de Real Decreto para aumentar la cantidad de energía que se genera mediante la quema de carbón autóctono). De hecho, desde más de una instancia política se ha reclamado que las Tarifas de Último Recurso tengan ese “doble valor social y de generación de mercado”, evidenciando en la petición una forma de entender las empresas y los mercados latino-intervencionista.

Sobre todo porque evidencia una cierta esquizofrenia del regulador respecto a lo que finalmente traslada de las Directivas europeas al Boletín Oficial del Estado, en especial en el caso del tema tarifario, que sigue siendo el último resquicio de intervención de precios de un suministro en nuestro país. Y porque no hay voluntad ni capacidad política de hacer efectivo este principio. Por eso, lo paradójico es que sobre todo esto (sumado a las actuaciones que suponen generar restricciones técnicas por insuficiencia de infraestructuras de transporte), la CNC viene a decir poco o nada. Como también actuó en contra de la competencia en los mercados energéticos (creando un monopolio en el aprovisionamiento del gas) en el caso de la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, cosa que merece un recuerdo permanente a este equipo.

Por tanto, el diagnóstico del sector en términos de competencia parece que no está siendo lo suficiente «fino» en lo energético y la actuación es más bien de grano gordo. Y otro de los problemas relativos a la competencia en los que está inmerso el sector energético es que la mayor parte de los responsables de dirigir (por decir algo) la política de competencia son de marcado carácter intervencionista. Algo así como poner a la zorra a cuidar a las gallinas.

No sabemos todavía si este proceso masivo, indiscriminado y de amplio espectro tiene que ver más con la intensa actividad antiempresarial de la CNC, que con su vocación promercado y proliberalización. Tampoco sabemos si todo esto tendrá que ver con la necesidad que expresa Luis Berenguer de domeñar a los reguladores sectoriales como son la CNE y la CMT y ponerlos bajo su pupilaje. El hecho es que con esta actuación tan atrabiliaria, seguramente, en el corto/medio plazo actúen en contra del organismo que representa y de la cuestión que se trata de defender y promover: la competencia.

Porque, con la refundación de la CNC se había comenzado un proceso relativamente esperanzador para mejorar el abordaje institucional de la competencia en los mercados, no las lecturas interesadas o las capturas del rábano por las hojas. Hoy, este proceso está totalmente malogrado y caído en el descrédito, por la participación en una campaña generalizada de satanización y demonización de todo lo empresarial, cuyas consecuencias devastadoras pagaremos en el futuro, dado que hemos retrocedido años en la consideración de la actividad empresarial como motor necesario de la sociedad.

De hecho, ya nadie reconoce que esta es la forma de proteger, promover y defender la competencia y que la actuación de esta CNC no es equiparable con la de otros órganos con las mismas competencias a nivel internacional. Es también genuina en su ejecutoria. Con esta hiperactividad y esta forma de interpretar la acción punitiva contra las empresas y los mercados, y de actuar selectivamente a los guiños, entramos por otro camino a la deslegitimación institucional y en la evidencia de la pobreza de las instituciones que dirigen nuestros sectores económicos.

Así no se defiende la competencia, ni los mercados. Así se les extermina.