Comienza el baile de nombres para la renovación del consejo de la Comisión Nacional de Energía

Los primeros nombres que encabezan la lista de aspirantes son los de Pedro Marín y Carlos Ocaña. En el caso de Pedro Marín, ex Secretario General de Energía, tras el fracaso de su candidatura a Director General del IRENA, la propuesta sería más que evidente. Varias cuestiones pesan en contra de esta candidatura. Por ejemplo, la perspectiva global que reproduce el nombramiento de Bernardo Lorenzo como presidente de la CMT, tras ser Secretario de Estado de Telecomunicaciones, con lo que se ejemplificaría un canal de ida y vuelta de la Administración y la política a los órganos reguladores que cuestionaría incluso el espíritu de la reforma de la Ley de Economía Sostenible. La misma situación se repetiría con el principal candidato a presidente apoyado desde el Ministerio de Economía y Hacienda, Carlos Ocaña, actual Secretario de Estado de Hacienda. En todo caso, el hecho de haberse transparentado las disputas y rivalidades entre Industria y Economía al respecto no ayuda a la resolución «pacífica» de esta entente, precisamente.

Otro de los nombres es el de Miguel Ángel Lasheras, que vuelve a las apuestas tras su salida de Intermoney. Uno de los frenos a esta candidatura es la falta de apoyos políticos consolidados, pese a la buena relación que mantiene con la actual presidenta del organismo y que la única posición posible y aceptable por su propia trayectoria sería la de Presidente, un puesto que, por lo que se ve, va a requerir un acuerdo político de primer orden. De hecho, fuentes solventes han confirmado a Energía Diario, que Miguel Ángel Lasheras fue tentado para ocupar la Secretaría de Estado de Energía tras la renuncia de Pedro Marín.

Otro nombre que cobra fuerza en las quinielas es el de Jorge Sanz Oliva, anterior Director General de Energía, con una larga trayectoria a sus espaldas, desde el seno de Presidencia del Gobierno con Felipe González, en el gabinete de Josep Piqué y con la supervivencia de tres Secretarios Generales y de Estado de Energía, Antonio Fernández Segura, Ignasi Nieto y Pedro Marín.

Del sector retroprogresivo se formulan dos nombres, en la medida que este colectivo reclama su «cuota de pantalla», tras la salida del actual Consejo de representantes de esta corriente. Por una parte, José María Paz, segundo de a bordo en REE durante la presidencia de Jorge Fabra y por otra parte, alguien que siempre figura en las quinielas, Alberto Carbajo, actual Director General de Operador de Sistema en Red Eléctrica de España.

Un nombre más que se baraja sería el de Juan Temboury, muy relacionado también con Jorge Fabra. También vuelve a las apuestas Marcel Coderch, quien además de ser próximo al entorno catalán, habría cultivado una relación especial con Jesús Caldera y la Fundación Ideas, «think tank» que apuntaló las posiciones del Presidente Zapatero en el caso del cierre de la central de Santa María de Garoña. Sus posiciones públicas son muy cercanas al entorno retroprogresivo.

Uno de los ejes que parecen clave en esta renovación será la posición final del Partido Popular y si en el nuevo Consejo de Administración de la CNE estarán sentados dos nombres propuestos por esta formación política, porque sigue pendiendo la amenaza proferida por Cristóbal Montoro contra el Gobierno y su proceso de reconfiguración de los organismos reguladores. En ese caso, se da por segura la entrada de Marina Serrano, actual secretaria del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía.

Del mismo modo, habría que contemplar cómo se resuelve la ecuación de los candidatos a consejeros por parte de Catalunya en el seno de Convergencia i Unió y el corrimiento de poderes que se está larvando entre los representantes del PSC en Madrid. Según ha podido conocer este medio, entre esos nombres ha entrado el de Julio Barceló, ex del Consejo de Seguridad Nuclear, como posible consejero de la CNE.

Y todo ello, con el debate abierto sobre si el nuevo consejo seguirá siendo una prolongación de los equilibrios parlamentarios y políticos o, por el contrario, podrá adquirir libertad y autonomía, capacidad profesional, técnica, jurídica y económica a efectos de la necesaria recuperación de prestigio y reputación del organismo regulador.