La voluntad del Gobierno es cerrar las centrales nucleares cuando dejen de ser últiles y no «de golpe»

Durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Senado, Hernández dijo que «antes o después habrá que cerrar las centrales» y que, por lo tanto, el peso de la energía nuclear en el ‘mix’ energético se reducirá «paulatinamente» porque la «apuesta» del Gobierno es «principalmente» las energías renovables. «Las centrales cerrarán cuando corresponda», apostilló.

Además, defendió que el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, a los 43 años de edad, es «coherente» con la apuesta del Gobierno por las energías renovables y recordó que, en su momento, Garoña fue diseñada para una vida de 40 años y con una potencia de 1381 megawatios.

En este sentido, aseguró que el cese de actividad de la planta burgalesa, que se llevará a efecto el 6 de julio de 2013, «no tiene ninguna repercusión sobre la garantía del suministro eléctrico, ni tampoco sobre el precio», puesto que aporta el 1,4 por ciento del total de la energía eléctrica en España, y su capacidad será sustituida por renovables y capacidad térmica.

Hernández dijo que en estos momentos hay un exceso de oferta, a pesar de que previamente había reconocido que el país «sigue siento altamente dependiente del exterior» en matera energética.

Por otro lado, preguntado sobre el estado de situación de la decisión en torno a la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado, el secretario de Estado respondió que el Gobierno está «buscando no todo el consenso, pero sí el máximo consenso posible» y apuntó a que la decisión aún tardará en llegar.

En este contexto, indicó que el accidente en la central nuclear de Fukushima (Japón) del pasado 11 de marzo –a raíz del tsunami que siguió a un terremoto de 9 grados de magnitud en la escala Richter– ha supuesto un «antes y un después en el uso de la energía nuclear».

Asimismo, el secretario de Estado señaló que el suceso no se preveía y que esto ha puesto de manifiesto la necesidad de que se reevalúen las condiciones de seguridad. En todo caso, advirtió de que estas revisiones «no se pueden hacer hasta que Japón no tenga controlado el accidente y todavía no lo ha hecho».

Hernández explicó que el Gobierno es «consciente de la inquietud» que el accidente de Japón ha suscitado y agregó que las nucleares seguirán «siempre que se cumpla la premisa de la seguridad». Por este motivo, indicó que el ministro Miguel Sebastián solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 16 de marzo estudios sísmicos complementarios.

Sobre la seguridad del parque atómico europeo, detalló que en la Unión Europea se determinó que es «preciso» tomar medidas complementarias de seguridad, las cuales estarán basadas en «las circunstancias que puedan provocar un accidente como el de Fukushima». A este respecto, anunció a los senadores que el Gobierno está «empezando a tramitar» un Real Decreto sobre la protección física en las centrales nucleares.

En este sentido, explicó que el CSN tiene previsto exigir a las centrales nucleares que las pruebas de estrés evalúen también las condiciones específicas de explotación de cada planta y que aquellas que no superen las pruebas «tendrán que cerrar», si tras analizar el por qué no aprueban los ‘test’ de estrés y no pueden subsanar esos defectos en «tiempo y coste razonables».

En todo caso, agregó que, aunque tanto Garoña como Cofrentes (Valencia) tienen un diseño similar a los reactores accidentados en Japón, las centrales españolas están construidas en zonas que nada tienen que ver con la situación de los reactores de Japón, aunque advirtió de que las condiciones impuestas por el CSN «se volverán a revisar en caso de que se estime oportuno».

«Las centrales nucleares pensamos que son seguras, pero de todos los accidentes nucleares se puede aprender y mejorar la seguridad, si se considera», acotó, al tiempo que recordó que la prerrogativa y competencia de las autorizaciones de operación corresponde al Ministerio de Industria y no al organismo regulador.

El PP considera «irresponsable» el cierre de Garoña

Por su parte, el senador del PP, César Rico Ruiz, calificó de «irresponsable, seguramente irreflexiva y posiblemente personal del presidente del Gobierno» la decisión del Ejecutivo de cerrar la central nuclear burgalesa y dijo que su grupo parlamentario no entiende la medida en el contexto de la crisis económica actual. «No está justificada (la medida) desde el sentido común», aseveró.

En este sentido, defendió que, aunque Garoña «es pequeñita y aporta el 1,4 por ciento de la potencia eléctrica al conjunto de España hay razones de seguridad, de empleo, de competitividad, al tiempo que pronosticó que el cierre aumentará el déficit tarifario, que dejará a unas 1.000 personas sin empleo directo o indirecto, que al Estado podría costarle cerca de 950 millones de euros en indemnizaciones.

De este modo, apostó por practicar a Garoña «todos los exámenes que el CSN valore» porque la planta «es segura» y «puede continuar más allá de 2013; porque los técnicos españoles dictaminaron que podía continuar hasta 2019 y porque informes del Organismo Internacional de Energía Atómica dice que es «segura y fiable», por lo que el senador popular estimó que la decisión del Gobierno es «totalmente arbitraria», mientras que la planta es competitiva.

Asimismo, insistió en que del cierre de la planta burgalesa están pendientes 1.000 puestos de trabajo, por lo que, a su juicio, no se entiende en estos momentos de generación de desempleo una acción directa del Gobierno provoque más paro y se deje de dinamizar tres zonas de la provincia de Burgos. «La decisión va a genera más paro y el plan Garoña está muerto, no existe», aseveró el senador popular que criticó que de la promesa de 25 millones de euros anuales a la zona, en 2011 se darán 20 millones.

En su opinión, «no hay alternativa» por lo que propuso al secretario de Estado que el gobierno vuelva a reconsiderar la primera premisa y mantenga abierta Garoña».

G-20, G-8 y la OCDE organizarán conferencia sobre seguridad nuclear en junio

Por su parte, el G20 y el G8, presididos este año por Francia, organizarán, junto con la OCDE, los próximos 7 y 8 de junio en París una conferencia sobre seguridad nuclear de preparación de la reunión ministerial del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que se celebrarán del 20 al 24 del mismo mes.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, anunció esta nueva conferencia que abordará los retos planteados por la catástrofe de la central nuclear de Fukushima (Japón).

Gurría, junto al director general del OIEA, Yukiya Amano, y al director de la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE (AEN), Luis Echávarri, insistió en que no es la primera vez que la seguridad se pone como prioridad en la gestión de la energía nuclear. Pero añadió que ahora hay que aprender de la experiencia de Fukushima y sacar conclusiones.

Echávarri insistió en que «el nivel de seguridad de las plantas (atómicas) en el mundo es alto» y en que la de Fukushima no fue un accidente industrial, sino resultado de una catástrofe natural -el terremoto y el tsunami que le siguió-.

Esa catástrofe natural causó más de 25.000 muertos, mientras que con el siniestro nuclear, pese a todos los daños derivados, «la radiación no ha matado a nadie por el momento» y la situación actual «está lejos de tener un efecto letal».

Preguntado sobre la posibilidad de que ante lo sucedido Japón abandone la energía nuclear, Amano recordó que hay un apoyo muy fuerte en el país a esta fuente de producción de electricidad, por lo que no cree que al menos en un plazo de una decena de años se plantee esa cuestión.

El director general del OIEA señaló que en el encuentro ministerial de Viena se tratarán, además de las circunstancias que desencadenaron el accidente de Fukushima y la forma de evitar que se reproduzca en el futuro, otras cuestiones como los riesgos de las fugas radiactivas para la alimentación.

En cualquier caso, recordó que «la seguridad es responsabilidad de cada Estado» y una organización como la suya está para ayudarles ofreciendo información de referencia y otros servicios cuando lo solicitan.