El BNG advierte que la supresión de las tarifas reguladas a las Pymes supondrá un aumento de costes

Fernando Blanco Parga explicó que en el proceso de liberalización del mercado eléctrico en España, entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de enero de 2011 debería estar en vigor la llamada tarifa última, para aquellos usuarios que tuviesen contratada una potencia inferior a 50 kilovatios, lo que afecta a todos los hogares y la gran mayoría de las pymes.

A partir de esa fecha, estos usuarios entrarían en el mercado liberalizado de tarifas.

Sin embargo, el diputado del BNG indicó que el Gobierno ha presentado un proyecto de Real Decreto según el cual modifica la previsión inicial y rebaja tanto el tiempo de transición, ya que ahora fija el 1 de julio de 2009, como la potencia contratada, hasta los 15 kilovatios la potencia.

Según este proyecto del Ejecutivo, la gran mayoría de las pymes de Galicia tendrían que entrar al mercado liberalizado de tarifas y sólo podrían contratar la energía eléctrica con cinco grandes comercializadoras: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocarburos y E.On.

Para Blanco Parga, que anunció que su grupo presentará diversas iniciativas en el Parlamento gallego y en el Congreso para modificar el Real Decreto, la intención del Gobierno es una «agresión muy seria a la actividad económica y a los sectores productivos» de Galicia.

Según explicó el diputado del BNG, la experiencia demuestra que a los usuarios de la tarifa de alta tensión, que ya compiten en el mercado liberalizado, las tarifas han aumentado más de un 50 por ciento.

Además, el representante del Bloque mostró su preocupación ante lo que pueda suceder con los usuarios de la tarifa G4, para grandes consumidores, ya que el proyecto de Real Decreto del Gobierno «no dice nada».

Blanco Parga aseguró que en Galicia la empresa Alcoa en la Mariña lucense es el único usuario de esta tarifa y afirmó que su consumo eléctrico representa el 25 por ciento de toda la comunidad, con lo que un aumento de la tarifa podría poner en peligro tanto la continuidad de la empresa como la economía de la zona.

El Gobierno deberá aprobar el Real Decreto antes de final de año para que entre en vigor el 1 de enero de 2009.